Entrevista a Eduardo Torres Maldonado/Profesor-Investigador de la UAM-Azcapotzalco

Nora Rodríguez Aceves

La justicia en México protege a los criminales y “ése es un gravísimo problema en el país y nadie nos lo cuenta, lo hemos vivido desde la academia, desde el litigio, la práctica profesional, cuando uno se enfrenta a litigios en materia penal es ¡increíble! pero el aparato judicial se pone al servicio de la defensa de los derechos de los criminales de manera más activa, más eficiente y más rápida que en los casos de ciudadanos comunes que están injustamente acusados en procesos penales. Es gravísimo que un aparato judicial, ya sea local o federal, se ponga al servicio de la defensa de los criminales; ahora resulta que las reformas en materia de derechos humanos también se hicieron para proteger a los criminales, ¡pues no! Ésa es una aberración, es una aberración del Estado de derecho, sin embargo quien haya pisado un reclusorio, quien haya llevado un caso en materia penal sabe perfectamente cómo esta maquinaria se aceita a través del poder, a través de la corrupción, a través de la impunidad y del influyentismo”.

Hay casos gravísimos en todo México, “las cárceles están llenas de inocentes, además, en condición económica miserable. Las cárceles son las universidades de posgrado de los delincuentes, ahí se van a especializar en el delito, desde ahí controlan las extorsiones, los secuestros, las estafas; el crimen organizado tiene sus oficinas también en los reclusorios, en las cárceles, en las cárceles estatales, ahí estamos en presencia de una de las mayores crisis del poder judicial. No es posible, no es aceptable, que en estos momentos ya en el siglo XXI, en México se estén enfrentando estos problemas en los cuales el sistema judicial penal prácticamente está hecho en muchos casos, no en todos, para proteger muy eficientemente y muy rápidamente los derechos de los criminales que sí pueden pagar su representación profesional con abogados de muy altos honorarios mientras la gente con menores recursos no puede pagar abogados de altos honorarios y está llenando las cárceles”, afirma Eduardo José Torres Maldonado, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco.

En este mismo sentido, Torres Maldonado plantea que otro tema central es “quién controla las cárceles en México, no hay institución en este momento en el país que no esté bajo sospecha de que esté vinculada al crimen organizado. El crimen organizado además ya no es el crimen organizado alejado de los poderes públicos, lo vemos en el caso de Iguala, no es que los cárteles estuvieran presionando al presidente municipal y a su esposa, no, el crimen organizado estaba liderado, capitaneado por ellos, quien ostentaba el cargo público era el líder también del crimen organizado, caso Guerreros Unidos; entonces lo que pasa en México es que hay una crisis de credibilidad, de confianza en las instituciones y esto lleva a la quiebra del Estado de derecho”.

Un Estado inexistente

El experto en derecho penal y constitucional señala que no sólo “tenemos un problema de disfuncionalidad del Estado y el mercado sino también un problema, incluso de inexistencia; cuando el Estado no actúa es inexistente, y cuando actúa es porque han tenido que existir presiones internacionales de muy alto nivel para que el gobierno federal actuara en la caso Ayotzinapa, tuvo que intervenir la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) Amnistía Internacional (AI) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvieron que dar su opinión diferentes sectores representativos de la sociedad, diferentes actores de poder lo que hicieron fue presionar para que finalmente el gobierno federal diera una respuesta a esto, por lo tanto lo que tenemos es una crisis del Estado de derecho y del mercado institucionalizada”.

En cuanto a la respuesta que han tenido los medios de comunicación a esta crisis del mercado, el investigador del Departamento de Derecho de la UAM apunta que “dicen que la violencia no afectará el mercado, esto es una gran mentira, simplemente en Guerrero cayó la tasa de visitas turísticas, quién quiere invertir en lugares violentos en los que además el presiente municipal compite con el crimen organizado para cobrarles derecho de piso a los empresarios. En todo el país los presidente municipales son quizás el dolor de cabeza principal también, es decir, este tercer pivote de la federación que son las presidencias municipales —que deberían ser lo más cercano a la ciudadanía, al pueblo— es lo que está más alejado de ellos porque las presidencias municipales extorsionan a la población; en su territorio nos ha tocado defender a empresarios que les van y les clausuran los establecimientos porque no dan un derecho de piso, no estamos hablando de impuestos que deban pagar legalmente, no, les fijan una cuota como un derecho de piso, y les clausuran; por un lado se van los empleados municipales que clausuraron y después, ya que pagaron la cuota que les fijaron, llegan elementos del crimen organizado para fijarles otra cuota; ¿qué empresario sobrevive así?, por eso la crisis del mercado interno tiene que ver mucho con la crisis del sistema jurídico político en general”.

Empezar con el ejemplo

De ahí que para Eduardo Torres, el gran reto “es fortalecer las instituciones, hacer que funcionen de acuerdo con el Estado de derecho, pero se tiene que empezar con el ejemplo, desde la cúpula; no planteado simplemente como una propuesta política por parte de los grupos en el poder, porque la población está cansada; ¿quién cree que ahora sí van a sanear las instituciones? Hay que platicar con cualquier ciudadano en la calle y preguntarle qué piensa cuando los funcionarios, los políticos señalan que ahora sí habrá un combate contra la corrupción, que se combatirá el autoritarismo, que ahora sí se aplicara el Estado de derecho. La gente está totalmente desencantada y como está totalmente desencantada y frustrada vienen los movimientos genuinos de rebelión; México es un polvorín para una rebelión social, quizás un caldo de cultivo para una nueva revolución, y se lo digo seriamente, hay muchos grupos en el país que están totalmente inconformes con la realidad que se vive y que no toman esto como un simple acto de rebelión, porque se ha llegado a un punto del límite del límite del límite del hartazgo, los ciudadanos comunes ya no pueden salir regularmente a la calle con confianza, hay otros toques de queda, se llevan a cabo los secuestros y se amenaza para que no se denuncie, y cuando se denuncia resulta que la autoridad es totalmente ineficaz, y resulta, además, que quien fue a denunciar dio sus datos personales y vuelven sobre él los delincuentes porque están vinculados con las autoridades”.

Realmente, “estamos en una verdadera crisis general del Estado de derecho y esto lo tienen que tomar muy en serio todos los que tienen cargos públicos y están al cargo del gobierno de este país, con independencia del partido político, porque ha resultado tan compleja la administración política para el PAN, para el PRD, para el PRI, que aquí lo que necesitamos son políticos que puedan ganarse la confianza de la ciudadanía, pero ¿dónde están?”

Sin embargo, Eduardo Torres comenta a Siempre! que él puede ser bastante crítico pero también puede ser propositivo y en su opinión “sí podemos salir de esta crisis y sí hay elementos para considerar que tendremos la capacidad de hacerlo, pero hay que echar un vistazo a lo que hicieron en Colombia, que en un escenario de crisis de los poderes públicos, de las instituciones y de un gran poder real del crimen organizado, lograron reconstruir alianzas político sociales y restablecer el funcionamiento institucional. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es Italia, aunque ahorita otra vez está en un problema terrible; en Italia hubo una lucha contra el crimen organizado, contra las mafias, una forma también de reestructurar y hacer más estables las instituciones. Deben pasarse por filtros no sólo de orden jurídico sino también filtros de orden ético y de orden político y, sobre todo, garantizar ya no sólo los jueces, legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, que no estén vinculados al crimen organizado, el gran problema de 2015 es ver qué funcionario público que aspira a un cargo de elección popular o qué candidatos a un cargo público no estén vinculados al crimen organizado”.

Sistema de corrupción

Aunque afirma que “no es fácil ser juez ya en México, las presiones a las que está sujeto un juez, ya sea local o federal son muchas, el crimen organizado no se detiene y hay un sistema de corrupción y de nepotismo generalizado con el que un juez tiene que lidiar, entonces mi comentario no quisiera que se interpretara como que estoy demonizando a los jueces, no, simplemente son funcionarios públicos y están en un lugar específico, estratégico y pueden contribuir a la paz social; un litigio bien resulto, una sentencia bien expedida, bien escrita, resuelve un conflicto social”.

El coordinador del libro Juzgar a la Suprema Corte, editado por la UAM, en el año 2008, enfatiza que “en México sí podemos salir de la crisis, sí podemos rescatar las instituciones, sí podemos reconstruir el Estado de derecho, pero necesitamos trabajar en serio y eliminar los viejos vicios que nos sumergen siempre en la paradoja del subdesarrollo, grandes premios internacionales por un lado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en derechos humanos, para el presidente Enrique Peña Nieto en materia de reformas estructurales, y explosiones de violencia producto de la corrupción y de la impunidad y el nepotismos en el país. Sí se puede, pero habría que tomar el tema en serio de reformar, reestructurar y estabilizar el Estado de derecho, el tema del mercado”.