Abogado defensor de los derechos humanos

Moisés Castillo

Dicen que menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Y es que en nuestro sistema de justicia todo puede pasar cuando padecemos un 98 por ciento de impunidad. Se cree en automático que con la captura del exedil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya está casi resuelto. Estamos frente a una historia sin final a la vista. ¿La Procuraduría General de la República (PGR) tiene bien integrado el expediente del caso Iguala? Por lo pronto, surgen dudas sobre la detención de la llamada “pareja imperial” y la búsqueda de los estudiantes.

Los Abarca eran buscados por las autoridades federales y el gobierno de Guerrero por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y por desaparición forzada, delitos relacionados con la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala.

Hay que señalar que la captura de los Abarca y sus respectivas declaraciones ministeriales no necesariamente permitirá conocer el paradero de los jóvenes normalistas. En este sentido, la PGR aún no da signos contundentes para resolver la tragedia de Iguala, y por lo pronto, las detenciones de policías municipales y delincuentes vinculados a la organización criminal Guerreros Unidos poco han servido para avanzar en las investigaciones.

¿Es aventurado pensar que si la captura de los Abarca —como ha trascendido— fue días antes del 4 de noviembre, se violó el “debido proceso”? El fantasma del caso Florence Cassez nos persigue.

El presidente Enrique Peña Nieto confió en que la detención del exalcalde de Iguala y su esposa contribuya de manera decisiva a esclarecer los hechos.

“Un público reconocimiento a las instituciones de procuración de justicia y seguridad del Estado mexicano ante la detención, que es del dominio público, de quien fuera presidente municipal de Iguala y de su esposa, quienes con apego a la ley son señalados como responsables de los hechos muy lamentables ocurridos en Iguala”.

Por otro lado, el informe preliminar de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala de la Cámara de Diputados revela la inacción de la policía estatal frente al ataque de agentes de Iguala contra normalistas. Además, la fiscalía de Guerrero no inició de inmediato una investigación por el presunto delito de desaparición forzada, pese a tener elementos para ello. Los diputados resaltan que en el encuentro sostenido con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se advirtió una clara omisión del Estado mexicano.

“Existió una cara omisión en la aplicación de protocolos de actuación tratándose de desaparición forzada, sin que se diseñara ni ejecutara una búsqueda en las primera 72 horas, por lo que es necesario que la brevedad las investigaciones cumplan con los requisitos y protocolos necesarios”.

Garantizar un procedimiento legal y justo

Para el abogado Netzaí Sandoval, redactor de la petición a la Corte Penal Internacional (la Corte Penal) para analizar en México crímenes contra la humanidad en 2011, el proceso penal contra los Abarca debe ser transparente y justo, ya que en México existe un desprecio al respeto de los derechos humanos.

En entrevista exclusiva para Siempre!, aseguró que ya presentó el caso de los normalistas ante la Corte Penal.

“Este caso debería ser atraído por tribunales internacionales. Ya presentamos este caso ante la fiscalía de la Corte Penal como un elemento adicional para solicitar que ejerza su competencia por los delitos que se comenten en el país. Nosotros hemos señalado desde 2011 que en México se vive una crisis humanitaria, donde se comenten reiteradamente crímenes de lesa humanidad y pedimos que se haga una investigación sobre estos delitos”.

Desde el plano legal, ¿cómo podemos abordar el caso de los Abarca?

Lo primero que hay que decir es que están acusados, concretamente el expresidente municipal de Iguala, del delito de desaparición forzada de personas, entre otros delitos como homicidio. Pero concretamente por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, que es un delito internacional. Es decir, la desaparición forzada de personas es uno de los delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Esto está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal. Las acusaciones por otros delitos las realizó la fiscalía de Guerrero, pero la PGR está acusando a Abarca de desaparición forzada de los estudiantes. Lo que legalmente es relevante en este caso es —por si alguna razón Abarca fuera declarado inocente, o hubiera una decisión para encubrir el delito, o existe una intención de sustraerlo de la acción de la justicia— que este delito puede ser juzgado por la Corte Penal. Desde hace años he señalado que en México se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte Penal esto ha sido compartido por distintas organizaciones, recientemente por la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también le solicitó a la Corte Penal que abra un caso sobre México, igual que nosotros. Además, el abogado de las familias de los normalistas planteó que este caso debería ser conocido por la Corte Penal.

Este caso es un asunto mundial, ¿qué tipo de proceso penal se debe llevar a los Abarca? ¿Cómo tratarlos judicialmente en un problema espinoso que seguramente tendrá consecuencias legales y políticas?

El procedimiento no es el más adecuado si no está apegado a la ley. Lo anterior es un gran problema que tenemos en nuestro país. Los políticos y algunos abogados creen que cumplir con lo que dicen las leyes implica respetar el Estado de derecho, y esto no es así. Para verdaderamente garantizar un procedimiento legal y justo, hacen falta muchos elementos más que el simple apego a una visión letrista de la ley. A todas las personas se les debe respetar al presunción de inocencia, y lamentablemente en este caso se han filtrado fotografías de estas personas detenidas en la SEIDO.

Hay varios casos de tribunales internacionales en los que se ha señalado que presentar a una persona ante los medios de comunicación como culpable de un delito puede afectar la garantía de presunción de inocencia, y esto puede dar paso a que se revoque la sentencia.

En México hay un débil compromiso con los derechos humanos y un desconocimiento general de cómo llevar un procedimiento imparcial para comprobar la culpabilidad de una persona. Si este tipo de fallos sistémicos se repiten en el caso de Abarca, y esta persona es declarada inocente por deficiencias en el proceso, podemos argumentar que este caso debe ser finalmente atraído por la Corte penal para llevar un procedimiento penal justo.

¿La PGR ha llevado adecuadamente el proceso contra los Abarca? ¿Cree usted que estén bien integrados los expedientes para fincar responsabilidades penales?

En México una de las grandes deficiencias —tal vez la más grave— del sistema de justicia es la etapa de procuración de justicia. Es decir, la etapa de investigación a cargo de las procuradurías. Tienen muchísimas deficiencias en el momento de constituir las pruebas para presentar un caso ante los jueces. En esta situación en particular había órdenes de aprehensión locales y federales en contra de estas personas.

En ese tema el procedimiento está bien llevado, pero el problema es las pruebas que se ofrezcan para vincular a estas personas con los ilícitos tienen que ser muy contundentes. A lo mejor por una deficiencia del gobierno federal no hay suficiente información sobre la investigación, pero el problema es que no sabemos si la detención de estas personas se debió a una labor de investigación, de inteligencia, con la que se pueda respaldar una acusación o simplemente se llegó a esta detención a través de la denuncia de los vecinos.

Porque la primera conferencia de prensa tras la captura de los Abarca generó muchas expectativas y se ofreció poca o nula información…

Hay que destacar que la Ley Federal de Transparencia dice que las investigaciones de los delitos por regla general deben ser información reservada —para evitar que se obstaculicen las investigaciones—, pero hay una excepción clave que es cuando se están investigando delitos que implican violaciones graves a los derechos humanos. Justo lo que ocurre en este caso es que la desaparición forzada de personas es una forma de cometer crímenes de lesa humanidad. En este caso la investigación de la PGR debería ser pública y abierta, tendría que estar explicando a los medios de comunicación las líneas de investigación y los medios que se tienen para señalar la responsabilidad de alguien. Sería muy grave que se haga una acusación y se pretenda que los jueces, con la simple presión mediática, condenen a estas personas sin las pruebas adecuadas para demostrar su responsabilidad.

 

Violación de garantías de los Abarca

Casos como el de Florence Cassez, que exhibió al sistema judicial mexicano, se violó el debido proceso y obtuvo su libertad, ¿existe el riesgo que se repita en este proceso penal?

Las instituciones mexicanas están acostumbradas a funcionar a través de la corrupción y lentitud. Me parece que se están dando pruebas de lo que está prevaleciendo en este caso: violentar las garantías de estas personas. Si al final de este caso, por las fallas procesales son absueltas estas personas, nosotros lo que vamos a demandar es que este caso sea revisado y atraído por la Corte Penal. Ellos cometieron un delito internacional. No fue el caso de la francesa, que fue un delito de secuestro y no es un delito internacional.

Los juicios orales ya se aplican en varios estados, ¿funcionaría esta alternativa para este tipo de asuntos importantes a fin de que se solucionen con eficacia y rapidez?

Sería un elemento muy útil, pero alguna de estas acusaciones son delitos federales y a nivel federal aún no se cuenta con jueces que lleven los procesos penales orales, todavía no entra en vigor este procedimiento. El proceso contra estas personas se llevará con el proceso anterior, el escrito, que no garantiza los derechos de los acusados.

Por otro lado, en esta acusación se involucra a estas personas —concretamente a la esposa de tener vínculos con el crimen organizado— y los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada tienen un tratamiento especial en nuestra Constitución, un tratamiento que se aprobó en el sexenio de Felipe Calderón que es un sistema de excepción en el que se suspende muchas garantías de los acusados y se lleva un juicio casi secreto, con testigos protegidos, con una serie de figuras como el arraigo que no son las más pulcras, que no dan garantías al debido proceso. Los juicios orales serían un elemento importante para demostrar que el caso se está llevando con todas las garantías procesales.

¿Cuáles son sus escenarios legales?

Lo que va a ocurrir es que el procedimiento penal contra estas personas se va a cumplir con una condena de culpabilidad. La presión nacional e internacional es abrumadora. La actuación de los jueces debe ser muy pulcra. Si esto no fuera así, este caso prácticamente obligaría a la Corte Penal a abrir un expediente sobre México. Este caso es grave y amerita el mayor de los cuidados. Me parece que se va a dar, al menos en el Poder Judicial Federal, estoy convencido de que así va hacer, ya que son jueces capaces. Lo que nos puede hacer dudar es el asunto de la desaparición forzada. Es decir, si estas detenciones van a permitir y llevar a que aparezcan con vida los normalistas. Aunque fueran condenados los Abarca y fueran considerados culpables, si los 43 estudiantes no aparecen seguiríamos hablando de una desaparición forzada de personas.

El problema es que los estudiantes fueron detenidos por agentes del Estado mexicano, y son los agentes quienes los privan de su libertad y los tienen ocultos. El delito de desaparición forzada es un delito continuado, se sigue cometiendo hasta que las esas personas aparezcan con vida o se demuestren que están muertas. Es un elemento más de presión para que los tribunales internacionales conozcan este caso.