La seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado no han avanzado lo suficiente.
Concluyó el primer tercio presidencial
Alfredo Ríos Camarena
Los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han caracterizado por el enorme esfuerzo reformista a la Constitución y a leyes secundarias, con la operación del llamado Pacto por México se realizaron importantes y diversas reformas en temas como trabajo, telecomunicaciones, educación, hacienda, transparencia, energía, política, entre otros aspectos torales. Esta etapa, en la que podemos coincidir o no, logró plantear un proyecto sólido hacia el futuro.
Sin embargo, las asignaturas pendientes de seguridad y economía no han podido cambiar las difíciles condiciones de un campo minado y desesperanzador; la igualdad y la justicia social siguen siendo objetivos hasta ahora inalcanzables; y la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado no han avanzado lo suficiente, por lo que la sociedad las percibe como las necesidades sociales más urgentes.
El asunto espinoso y grave de Ayotzinapa sigue siendo una negra sombra, pues más allá de la auténtica solidaridad colectiva, diversos intereses han aprovechado este ominoso tema para regar con gasolina el fuego de la pradera. Aunado a lo anterior, los escándalos de corrupción desde Oceanografía, Mexicana de Aviación, y ahora la duda que siembra la cancelación del contrato del ferrocarril México–Querétaro, la denuncia sobre los bienes de la Primera Dama y la declaración patrimonial del presidente Peña Nieto convierten el escenario nacional en un tema que produce desconfianza.
Urge que el gobierno retome su ruta reformista para atender el tema del combate a la corrupción, con un rediseño institucional de aplicación de la justicia, modificando el Consejo de la Judicatura Federal, una depuración de funcionarios en el Poder Judicial y el control de las diversas policías del país.
Para la creación del mando único policiaco se requiere suprimir las fracciones: II, segundo párrafo; III, inciso h), y VII del artículo 115 constitucional, que se refieren a las facultades de los municipios y estados a tener diversos agrupamientos de policía bajo su mando.
Por otro lado, la aplicación de la reforma educativa para que, a partir de enero, la SEP controle centralmente la nómina magisterial, que no debe detenerse por ningún motivo, con ello se recuperará la confianza; así mismo, con las propuestas de solución al IPN se le dará a esa institución un nuevo rostro con mejor contenido académico.
Los contratos eléctricos y petroleros cuyas inversiones deberán acelerar la marcha económica del país deben estar supervisados con transparencia y visión de futuro, conservando en todo momento el dominio del Estado sobre los energéticos.
El campo y la soberanía alimentaria deben ser atendidos por la acción de Estado, no con políticas de caridad, sino implementando procesos productivos para trasformar la pobreza en la que viven millones de indígenas y campesinos.
Concluyó el primer tercio entre difíciles y dramáticas circunstancias, pero con la posibilidad real de poder avanzar a hacia un mundo mejor.