“La participación vecinal se ha diluido en función de las necesidades impuestas por los promotores inmobiliarios”
Especulación urbana
El gentrificador es el encargado de cambiar
la composición social del barrio.
Ibán Díaz Parra
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Dice Zygmunt Bauman que la modernidad líquida es el parentesco selectivo entre la historia sin dirección y la biografía sin proyecto, definiendo así los tiempos que nos han tocado vivir en estas primeras décadas del siglo XXI.
El análisis del sociólogo polaco se sustenta en las acuciosas observaciones de Pierre Bourdieau, filósofo francés que detectó el cambio en las maneras de suscitar la disciplina y de fomentar la integración social, procesos que han propiciado la trasmutación de la regulación normativa a la seducción, la planificación política a las relaciones públicas y la obligación a la publicidad, lo que sin género de duda facilita la inserción de la gentrificación como una estrategia de reinvención urbana sin apego vecinal.
El riesgo capital de la gentrificación —definida en la Inglaterra de los años 60 del siglo pasado— es la especulación urbana arropada por engañosos términos como modernización, remodelación o potencialidad urbana tras los cuales se promocionan nuevos estilos de vida que, soterradamente, provocan la expulsión vecinal en aras de rentables negocios inmobiliarios, para cuyos promotores la monumentalidad o importancia histórica de ese espacio urbano son un atractivo adicional de venta y no un proceso cultural generador de arraigo social.
Sabedores de los altos riesgos derivados de los procesos gentrificadores, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano de la I Legislatura capitalina, aprobaron en 1996 el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, cuyo principio rector reside en garantizar la participación ciudadana en los procesos de revitalización urbana y, para reforzar este principio, generó mecanismos de planeación —como las Zonas Especiales de Desarrollo Económico o los Programas Parciales de Desarrollo— a fin de consolidar la integración vecinal en los procesos urbanos.
Con la sólida y dinámica excepción de la Torre Mayor del Paseo de la Reforma, la participación vecinal en procesos de transformación urbana se ha diluido en función de las necesidades gentrificadoras impuestas por los promotores inmobiliarios.
Paradigma de lo anterior es el proyecto de Parque Delta y su ampliación al solar ocupado por la Octava Delegación de Policía en el pueblo de La Piedad, cuya injustificada venta no se subsana con el compromiso de crear un museo de sitio albergado en una torre condominal de 12 niveles que sustituirá el emblemático inmueble vanamente defendido por la comunidad de la Narvarte.
En este atropello, resulta inmoral la complicidad de los niveles de gobierno involucrados en un proceso definido por el especialista español Ibán Díaz, en el que se sacrifica el derecho fundamental de una comunidad a ser consultada sobre una transformación barrial que tergiversará la composición social de su entorno cotidiano.