La exigencia está en la calle
Miguel Barbosa Huerta
La prioridad del Estado mexicano consiste en determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Ante este hecho la sociedad está de luto, indignada y movilizada en el país.
Los hechos de Iguala, Guerrero, y la imposibilidad de las autoridades estatales y federales de determinar el paradero de los 43 integrantes de la comunidad de la normal rural de Ayotzinapa y de presentar a la totalidad de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, hacen necesario esfuerzos adicionales y extraordinarios de las instituciones del Estado.
El peso moral de los familiares de las víctimas, las movilizaciones de la comunidad de la Normal, las acciones de los movimientos estudiantiles que se han formado para manifestar su solidaridad con los desaparecidos, las posturas de las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, y la condena de la comunidad internacional, por la situación que se viven en México en materia de desaparecidos y derechos humanos han conformado un poderoso conglomerado social que no estará conforme hasta que se dé con el paradero de los 43 desaparecidos y se castigue a los culpables.
En cada sociedad existe un punto de inflexión y en materia de impunidad, los hechos de Iguala, marcaron un límite. La reciente iniciativa de convocar a un pacto por la seguridad, desde el gobierno y los partidos, aparece como una acción superpuesta al momento que vive el país. La exigencia está en la calle, en las movilizaciones estudiantiles, en la opinión pública, a través de las expresiones de solidaridad de la sociedad y en la condena internacional.
El cambio de discurso, particularmente el énfasis en las víctimas y la prevención, no dio los frutos esperados. La estrategia: “más inteligencia y menos violencia” ha sido insuficiente.
La supuesta coordinación entre instituciones del Ejecutivo Federal y de éste con los gobiernos estatales, tampoco han generado los resultados esperados. Si bien los datos oficiales reportan que los índices de violencia han disminuido, los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, han sacado a flote una crisis estructural, que va mucho más allá de las cifras.
Los partidos políticos no van a recuperar su credibilidad declarando que se blindarán contra la infiltración de la delincuencia organizada. El tema consiste en tomar decisiones en sus respectivos institutos políticos y en los mecanismos de selección de sus dirigentes y candidatos.
Ante estas situación es preciso contribuir a construir una respuesta que permita superar la crisis. Por lo anterior, se realizan las siguientes: formación de una comisión de la verdad; construcción de un acuerdo con la sociedad, cualquier acuerdo o pacto o reunión, debe tener como parte fundamental el componente social; fortalecimiento en la defensa de los derechos humanos; creación de un sistema contra la impunidad y la corrupción; revisión y reforma de los mecanismos de financiamiento de partidos y candidatos; fortalecimiento de los municipios y de las entidades federativas; la creación de una policía nacional.
Cualquier acuerdo, pacto o reunión debe tener como parte fundamental el componente social. Las posibilidad de un acuerdo sin este componente entraña el riesgo de quedarse como una simple foto o, lo que sería peor, como un acto de demagogia.
El país requiere de un acuerdo ampliado para construir un frente del Estado mexicano; un acuerdo donde los protagonistas sean los ciudadanos. Que la sociedad civil sea la que oriente el debate y la búsqueda de soluciones. Un acuerdo que nazca con la legitimidad de la calle, a la cual la clase política se sume.
Debemos estar atentos a las exigencias, llamados y convocatorias de la ciudadanía y estar dispuestos a participar en el esquema que la sociedad proponga y se defina de manera conjunta.
El diálogo que proponemos debe generar respuestas específicas para mejorar la seguridad y terminar con la impunidad. La sociedad está agraviada por la violencia y ha tomado la calle, es una responsabilidad de todos contribuir a construir un espacio, para que las demandas sociales se traduzcan en cambios fundamentales.
Urgentemente se deben identificar cuáles son los huecos por los que se infiltra la corrupción en la vida pública, para determinar la forma como las autoridades y criminales llegan a coludirse.
Los hechos de Iguala han puesto en evidencia que los titulares de algunas de las instituciones del Estado (municipios, policías, procuradurías estatales, etcétera) están capturadas por el crimen organizado. Lo que sucede en Iguala no es nuevo, ni es exclusivo de Guerrero, lamentablemente situaciones similares se presentan en varias entidades federativas, en donde el crimen organizado amenaza la integridad de las instituciones.
Para construir este sistema es necesario el fortalecimiento del federalismo en el ámbito penal, la transformación de la procuración de justicia y la creación de nuevas figuras penales.
La sociedad exige un cambio de fondo en materia de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la corrupción y a la impunidad.
@MBarbosaMX
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República