“Lo que sí existe es ausencia de autoridad moral que respalde

a las autoridades constitucionalmente constituidas”

 

 

Entrevista a Pedro Isnardo de la Cruz/Experto en seguridad nacional

 

 

Nora Rodríguez Aceves

No existe ninguna justificación para la violencia o para el terror o para incubar la zozobra social porque ningún régimen de terror, ningún régimen de violencia supone que seremos la mejor sociedad. No existe eso; lo que sí existe son procesos de polarización cada vez más acendrados; lo que sí existe es la agudización de las manifestaciones de desgobierno; lo que sí existe es la ausencia de autoridad moral que respalde a las autoridades constitucionalmente constituidas; lo que sí existe son procesos de impunidad que no se pueden ocultar a la vista de todos, por esa razón buena parte de la franja de universitarios, no universitarios, anarquistas, líderes sociales, protoguerrilleros, que estén incubados o no en estos procesos, manifestaciones y estos sistemas de violencia y de protesta critica extrema sienten que es justo el momento para evidenciar que no es posible que este régimen de poder, que este régimen de justicia, que este régimen presidencialista esté imponiendo o quiera imponer estrategias, respuestas, sistemas de interlocución que, con todo respeto, no son aceptables para las familias de las víctimas, para una sociedad que ha sido agraviada en otros planos, en otros momentos, y que no ve que el gobierno o los gobiernos constituidos en las últimas décadas estén respondiendo a la altura de los conflictos.

Esto es, “no es el culpable Enrique Peña Nieto, pero a él, a su liderazgo, a su Presidencia, se le puede endosar justo todo este caudal de déficit de respuestas, de omisiones, de agravios, de excesos, de ausencia de mecanismos institucionales y de la forma en que se procesa la justicia en México, pues busca responsables señalables; por lo tanto, es inevitable que haya un proceso, una o varias anticampañas contra varios de los actores que gobiernan porque, ¿quería usted gobernar?, entonces administre no la negación de la realidad, no la administración de la crisis, de las tragedias, como si fueran crisis administrativas, sino administre y sepa usted hacer las cosas desde su casa hasta sus sistemas institucionales de los cuales usted dispone”, señala Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, experto en materia de seguridad nacional.

Mezcla explosiva

De la Cruz explica a Siempre! que el caso “Iguala en particular representa una mixtura, una combinación más explosiva por tres razones fundamentales: uno, es “una especie de narcopartidización de la política local y regional, es decir, una combinación donde no se sabe bien a bien hasta dónde se financiaron campañas que derivaron en la gubernatura del estado, y demás presidencias municipales y diputaciones locales y federales; no sabemos, el sistema político no parece querer dar un paso en ese plano”.

Eso “es un hilo muy delicado y muy complicado para una sociedad que está reclamando no impunidad, entonces ¿cuál es la respuesta? Y no hay respuesta, el sistema político no está haciendo nada en ese punto, no es suficiente el supuesto o real encarcelamiento y procedimiento de la pareja de Iguala, expareja presidencial, no es suficiente, no son los personajes centrales de esta trama o son algunos de los personajes, pero no terminan de ser la obra maestra que se diseñó en esta realidad sociocriminal en Guerrero”.

El segundo eje es “¿hasta dónde la economía regional del narcotráfico llegó a permear estructuras de poder estatales y federales?; y tercero, el hecho de que los normalistas involucrados en esa tragedia de acuerdo con la versión oficial no parecen haber ofrecido ninguna resistencia; ¿por qué?, ¿por qué si ellos vieron que estaban en un escenario, en un supuesto escenario, de ejecución masiva, no ha habido ningún dato desde su llegada a Iguala hasta su supuesta ejecución de que ellos hubiesen…, porque uno no se deja nada más eliminar por eliminar, hay un instinto de sobrevivencia que nos acompaña más menos activo, más menos determinante en procesos límite, y no tenemos ningún testimonio en esa parte, no solamente de los que sobrevivieron a la primera incursión de los policías o narcopolicías ante esta persecución o este enfrentamiento o ni siquiera enfrentamiento, esta persecución que se hizo a los normalistas y tampoco tenemos un testimonio de los supuestos perpetradores de la ejecución, una narrativa de los videos de la Procuraduría General de la República respecto a ¿qué hicieron?, ¿qué resistencia pudieron ofrecer estos estudiantes de la normal rural?”

Desconfianza en el sistema de justicia

“Ahora y más delicado aún, que reine un principio de desconfianza a la posición del sistema de justicia, y se ha ganado a pulso esa desconfianza; es impresionante que tengamos este nivel de tragedia y que con la autoridad siga prevaleciendo este nivel de distanciamiento, de desconfianza, de incredulidad en la investigación, en el proceso de las pruebas, en la construcción forense pericial de la trama y en las versiones de avance sobre los resultados de la investigación judicial, es impresionante que no sea posible que desde las instituciones de justicia podamos generar esta tranquilidad en las víctimas de que las cosas se harán, se están haciendo, a la altura de la tragedia que sucedió en Iguala”.

Aunque para el coordinador de Investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, a quien conviene o saca provecho de esta escalada de violencia es la clase política, y así lo expresa, “el aprovechamiento político de una trama trágica como la que estamos viviendo es inevitable, porque no es nuevo, venía una sucesión de procesos de protesta contra las reformas estructurales, manifestaciones de disidencias fuertes en el interior del ala disidente magisterial sobre la reforma educativa, sobre la reforma en comunicaciones, sobre la reforma energética, la forma en que se ha procesado que si ha habido o no incluso procesos de corrupción de los propios legisladores federales en esta trama, que si ha habido o no un proceso elitista de consagración de estas reformas, que si ha habido o no un proceso de exclusión del magisterio sobre todo en las zonas regionales donde hay grandes niveles de precariedad, grandes niveles de marginalidad y pobreza y, a su vez, grandes niveles de liderazgo social, disidente, respecto a los procesos federales e institucionales”.

Ésos “no son nuevos, ésos ahí están; lo que hace Iguala es maximizar esos procesos de distanciamiento con los proyectos actuales del gobierno en sus distintas fases y en sus distintas intensidades. Lo que hace Iguala es actualizar con una causa legitima social y con una tragedia internacionalmente reconocida, lo que Iguala hace es justamente darle una dimensión mayor y una capacidad de mayor extremismo, de mayor reflexividad, pero a su vez de mayor intensidad a todo ese caudal de protesta, inconformidad, que viene desde la elección presidencial, que viene desde los movimientos guerrilleros que estaban de alguna manera buscando un escenario de reaparición y que a su vez vienen de procesos de disidencia y de liderazgos sociales combativos que se han visto más o menos reprimidos, más o menos hostigados, más o menos acorralados, más o menos excluidos de procesos sociales e institucionales de otra índole. Entonces es una cosecha, lo que Iguala nos ofrece es una cosecha sociopolítica a la altura de la sociedad plural que tenemos, a la altura de lo que no está resuelto a nivel institucional, a la altura del nivel de corruptibilidad e impunidad del sistema de justicia, a la altura de ese abismo que hay entre los actores políticos que ganaron en la elección presidencial y los que pretenden a su vez figurar en nuevos procesos”.

Se les fue de las manos

De paso se han dañado campañas, se han dañado ambiciones, se han dañado proyectos, Iguala evidencia que el PRD ha procesado mal sus candidaturas, que ha procesado mal incluso la forma en que el partido asume la tragedia y se logra que ésta pueda tener una respuesta como lo merece una situación tan delicada como es la que enfrentan fundamentalmente las 43 familias que están siendo, yo diría, cercenadas por esta angustia cotidiana de ¿qué pasó realmente?, ¿qué hacemos? Y es una angustia que hay que saber acompañar, y el sistema político, el sistema de justicia si no sabe lograrlo, si no ha sabido llegar a una respuesta, por lo menos tiene que saber acompañarla y en eso también se ha fallado mucho”.

Además, el especialista en política y seguridad nacional afirma que el fenómeno de la violencia en el país no simplemente se le ha salido de las manos al gobierno federal sino que “esto ya los desbordó, ya no hay regreso, el único regreso es que se reconfiguren los procesos locales, comunitarios, de representación, de liderazgo, de reconstitución de las instituciones, de la credibilidad, de los actores que están impartiendo el sistema de justicia, de los cuadros administrativos y profesionales que están detrás de los ministerios; es decir, es un proceso multicelular de cambios que deben ocurrir, y si no, harán que ocurran a fuerza. ¿Por qué? Porque el sistema político y el sistema de justicia está dando de sí en todos los planos, lo estamos viendo, en lo simbólico, en lo discursivo, en lo conductual, en lo mediático, en lo administrativo, en lo contextual, en lo institucional, en lo comunitario, en la interlocución con los actores, en la inteligencia y estrategia que no da sus luces, en todos y cada uno de los planos tenemos graves problemas como tenemos grandes avances, pero ahorita lo que está en el espejo de la sociedad es todo aquello que está evitando que las cosas se hagan como se deben hacer, que los actores hagan lo que tiene que hacer y que asuman su responsabilidad o que hagan que se asuma su responsabilidad sobre la base de lo que está evidenciado. Es una situación límite, es una crisis política que puede derivar en una crisis constitucional”.

Necesaria una depuración

No obstante, “estamos en un momento donde todavía las instituciones y los actores clave pueden tomar decisiones que renueven esta capacidad de acercamiento con los padres de las víctimas, de interlocución con algunos liderazgos a nivel local, de quitarle gas a algunos problemas que se están incubando o se están inventando o se están maximizando, desde las localidades, desde las comunidades, desde la trama de las economías, de evidenciar cuál es el estado actual de la dominación narcocriminal en las regiones del país, quiénes están plegados a este proceso. Es decir, un proceso real de depuración de la vida pública y la vida institucional a fondo pero eso se tiene que hacer con una visión estratégica, no con un protagonismo presidencial, se tiene que hacer con una visión republicana, de respeto a lo que está funcionando bien, de cuidar los poderes y a las autoridades que estén haciendo su trabajo, de acompañarse de organizaciones civiles y liderazgos que han sido incluso agraviados por secuestros personales o por otro tipo de agravios por parte del crimen organizado, del narcotráfico; de darle su lugar a las cosas, ¿qué pasará con las víctimas que se encontraron en las fosas? ¿Seguirán estando en el olvido anónimo de la sociedad y del sistema de justicia del país?”

Es esa parte “que no nos termina de edificar como ciudadanos, como actores sociales, como instituciones y como gobierno. No es que estos gobiernos estén podridos necesariamente, los ciudadanos, los actores, que derivan en gobierno son el reflejo de una sociedad y somos una sociedad que se está dejando, que está siendo permeada por una economía informal, que está siendo permeada por una economía de narcotráfico, que está siendo permeada por una economía corrupta, que está siendo permeada por procesos individuales y familiares que apuestan a un futuro promisorio, un futuro edificante, o sea que está siendo permeada por varios procesos virtuosos y a la vez perniciosos; hay que buscar que prevalezcan los procesos virtuosos, hay que buscar que prevalezca la vida republicana, hay que buscar que los contrapesos que sí funcionen evidencien lo que está pasando y que no haya procesos de simulación, que es un poco el telón de fondo de la desconfianza social en las instituciones y las autoridades”.