Violación de derechos humanos tras manifestación
Angélica De La Peña Gómez
20 de noviembre de 2014, pasadas las ocho de la noche, al terminar el mitin convocado por familiares, amigos y compañeros de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la plancha del Zócalo de la ciudad de México luce como un campo de batalla, el cielo es atravesado por piedras, botellas, petardos y otros objetos contundentes, un reducido grupo de jóvenes, unos encapuchados y otros no, arremeten contra los policías federales que custodian Palacio Nacional, éstos protegidos con escudos y cascos.
Es el segundo enfrentamiento de la jornada. Alrededor del mediodía, policías capitalinos se enfrentaron con un grupo de manifestantes encapuchados de los denominados “anarquistas” que intentaron bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pretendieron incendiar una pipa transportadora de gas. La policía fue atacada con piedras, palos y proyectiles incandescentes.
El ataque nocturno contra el Palacio Nacional desata la fuerza pública. Policías federales apoyados por granaderos capitalinos rompen su formación para replegar y detener a los agresores. Cabe señalar que en los alrededores permanecen personas que previamente habían participado en la marcha y en el mitin que recién concluía. En total, los enfrentamientos duraron casi dos horas.
Ese 20 de noviembre, en la ciudad de México fuimos testigos de la manifestación multitudinaria y pacífica de la ciudadanía, a la que incluso asistieron familias enteras y connotados defensores de los derechos humanos para mostrar no solamente su indignación, sino también su solidaridad.
Las marchas se realizaron de manera pacífica, excepto por ese pequeño grupo de personas con el rostro cubierto, que actuó desde el anonimato para cometer delitos, para provocar la reacción de las autoridades, para violentar el Estado de derecho.
Debe reconocerse que durante las escaramuzas y las detenciones, se dieron diversas irregularidades y violaciones graves a los derechos humanos por parte de los elementos de los cuerpos policiacos: uso excesivo de la fuerza en contra de personas ajenas al conflicto, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas, así como detenciones arbitrarias.
La reacción de las autoridades federales fue propia de una actitud improvisada, y pareciera derivada de su molestia por las continuas exigencias que la ciudadanía ha expresado marchando por las calles de todo el país e incluso en ciudades de diversos países.
No hay excusa para que impere la violencia, ni anarquistas ni policías pueden coartar los derechos de ciudadanas y ciudadanos a manifestarse y a expresarse.
Los delitos y la violencia cometida por grupos aislados, focalizados, deben ser sancionados conforme a la ley, sin embargo, la violencia ilegal, el abuso en el uso de la fuerza y las detenciones arbitrarias de la policía contra manifestantes pacíficos son violaciones graves a los derechos humanos y particularmente un límite al derecho de libre manifestación.
No podemos permitir que la manifestación auténtica, legítima y pacífica sea reprimida por la violencia, ni de las autoridades ni de un pequeño grupo de personas cuyos intereses están alejados de la justicia y la verdad, de la paz que tanto urge a nuestro país.
El Congreso de la Unión debe legislar el uso legítimo de la fuerza pública, el cual debe tener entre sus principios fundamentales: el respeto y el cumplimiento de la ley; el respeto de la dignidad de la persona humana; el uso progresivo de la fuerza; la capacitación de los cuerpos policiacos en técnicas, tácticas y métodos, anteponiendo en todo momento el respeto y la protección de los derechos humanos.
Porque “le guste a quien le guste” hoy más que nunca la ley debe aplicarse y sancionar a quien la violente, sean “anarquistas” o policías, la prevalencia del Estado de derecho depende de ello, porque sin libertad de expresión y manifestación estaremos ante un clima propenso al autoritarismo.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.