Con talento y decisión

Marco Antonio Aguilar Cortés

Es un problema jurídico, pero también es una cuestión cultural; es un problema de seguridad pública y procuración y administración de justicia, pero a su vez es asunto educativo; es un problema económico, pero nadie puede negar que es un conflicto ético.

Jamás se le podrá minimizar como un simple problema criminal, aunque tiene un procedimiento y una faceta penal indiscutibles; pero, al igual, forma parte constitutiva de un fenómeno político.

El problema de que se trata brotó hace más de un mes. Detenidos por la policía de Iguala 43 alumnos, de la Normal Rural de Ayotzinapa, quedaron en desaparición forzada. Y ahora aunque los encuentren, todo se pondrá en duda.

Ese acto delictivo de nivel provinciano destapó un fenómeno nacional que, al exhibirse, alcanzó una repercusión planetaria. ¡Mala suerte para el país!; peor para la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

A más de un mes de haber ocurrido ese hecho, tan señalado como ilícito, no se han encontrado plenamente a los sujetos pasivos del supuesto delito, ni tampoco el poder público ha aprehendido a los sujetos activos del mismo, hasta el momento.

Y por la naturaleza de los conjeturados actos incriminatorios todavía no se puede saber de qué delitos se trata; por todo ello, estamos ante un caso extraño.

Hay una reprobación total para la supuesta conducta ilícita, pero aún no sabemos con precisión de qué acto u omisión estamos hablando, ni los alcances del efecto dañoso producido.

Sólo se ha prefigurado a los sujetos, tanto pasivos como activos. Por ser de relevante urgencia, personalmente por el procurador general de la república Jesús Murillo Karam, buen abogado, corre riesgo por esa prefiguración, topándose con una realidad enmarañada de contradicciones agudizadas.

Otro aspecto del problema: el educativo, se observa peligroso. Es apremiante reflexionar sobre el pasado, el presente, pero sobre todo el futuro de nuestra educación.

Está latente un paro nacional de instituciones educativas en todo México. En inicio, por los normalistas desaparecidos, pero encaminado a reprobar la actual reforma educativa nacional, tan presuntuosa y oficialmente ponderada.

Si el poder público no sabe enfrentar con responsabilidad e inteligencia esa avalancha, corremos el riesgo de encharcarnos en infecundos y superficiales choques que a nada bueno conducirán.

Ante la oposición a esas reformas constitucionales, es indispensable que la administración del presidente Peña Nieto sepa utilizar la fuerza del movimiento opositor, para efectuar una verdadera y profunda transformación educativa que, siendo académica, transfigure la escuela y la vida.

Culturalmente, la educación de la vida es superior a la de la escuela. Esto nos impone cuidar y desarrollar ambas.

Con talento y decisión, no hay callejones sin salida.