El Gobierno de Cataluña pidió este lunes al Tribunal Constitucional (TC) español que no suspenda la consulta informal independentista convocada para el domingo 9 de noviembre, en contra de lo reclamado el viernes pasado por el Ejecutivo central.
El TC admitió a trámite hace varias semanas un recurso del Gobierno español contra la pretensión de las autoridades nacionalistas catalanas de convocar para esa fecha una consulta para que los ciudadanos de esa región se pronunciaran en pro de la independencia del territorio; la admisión a trámite tuvo como efecto jurídico dejar de lado la iniciativa.
La respuesta del Gobierno catalán fue volver a convocar a una consulta, informal y sin censo previo, amparada en que es un proceso de participación ciudadana que mantendrá las mismas preguntas de tipo independentista de la primera iniciativa.
El Consejo de Ministros español impugnó el viernes esa nueva acción y este lunes las autoridades catalanas presentaron a su vez ante el TC una demanda para que permita que los ciudadanos que lo deseen puedan expresarse ante las urnas el próximo domingo.
Según el Gabinete catalán, que preside el nacionalista Artur Mas, el Gobierno de Mariano Rajoy considera de forma errónea que es la continuidad del referendo suspendido previamente; el portavoz catalán Francesc Homs, explicó que las acciones judiciales del Ejecutivo español incurre en “abuso de poder” y cuestiona las competencias de la región en materia de participación ciudadana.
El TC se reunirá a partir de este martes para estudiar la impugnación presentada por Madrid y la demanda catalana.
La admisión a trámite por el TC de la iniciativa del Gobierno español supondría la suspensión del 9N, aunque el portavoz Homs se mostró convencido de que los ciudadanos podrán expresarse, “Esto se puede hacer y se hará”.
Según explicó el viernes pasado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, luego de la reunión semanal del Gabinete, la impugnación de la consulta pretende asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia.
Santamaría afirmó que uno de los motivos es “evitar el fraude” a los ciudadanos, al tratarse de una consulta que percibe como contraria a la Constitucional, y “proteger” a los funcionarios encargados de su preparación, porque cometerían una ilegalidad y podrían ser perseguidos por la Justicia.