¡Apliquemos el derecho a quienes tengan responsabilidad!
Individualización de la responsabilidad
Marco Antonio Aguilar Cortés
La desaparición forzada de una sola persona nos ofende a todos los humanos; nos agravia más, obviamente, la consunción ilegal de 43 jóvenes mexicanos.
Empero, por más grande que sea nuestro malestar, nada justifica, por ahora, que a nombre de los padres de las víctimas directas uno de esos ascendientes u otra persona ajena a ellos lance la provocativa amenaza: “Si no aparecen… habrá movimiento armado”.
Un movimiento armado iría en contra de todo México, cuando el lamentabilísimo hecho criminal lo que debe provocar, como consecuencia, es la aplicación exacta de la legislación penal en contra de todos los sujetos activos de los delitos cometidos.
No es penal la responsabilidad de los padres de los sujetos pasivos menores de edad, al no estar al pendiente de sus hijos para el cumplimiento de sus deberes escolares; la responsabilidad de los directivos del plantel para cuidar el desempeño de esas obligaciones de los educandos; la responsabilidad de las secretarías de Educación, federal y estatal, respecto a la plena ocupación académica y disciplina que deben observar los internos en una escuela formadora de maestros; la responsabilidad del Poder Ejecutivo, federal y estatal, en relación con brindar seguridad pública para toda la población en sus ámbitos competenciales, cumpliendo prevenciones en contra de cualquier delito.
Es común que los menores, en esos internados, sean utilizados como carne de cañón por agitadores sin escrúpulos para la satisfacción de sucios intereses, abusando de los habituales sueños juveniles de ser figuras revolucionarias, para transformar la pésima realidad que se vive.
Pero, aun así, mientras esos cobardes provocadores ponían en riesgo la vida de esos muchachos, ¿dónde y qué hacían los padres de los estudiantes, los directivos de la escuela, los secretarios de Educación, federal y estatal y sus colaboradores con compromiso en esa normal?
¿Y los responsables de la Seguridad Pública? Han dicho, oficialmente, que la Seguridad Pública municipal de Iguala era parte del crimen organizado; sin embargo, la Seguridad Pública estatal y federal y sus autoridades en todos sus niveles, ¿no sabían de esa situación ilícita y peligrosísima en Iguala?
Y el gobernador del estado de Guerrero, en ese entonces el perredista Ángel Aguirre, ¿no sabía que el presidente municipal José Luis Abarca, también perredista, formaba en el crimen organizado?
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ¿no sabía tampoco de ese océano de pus?
Esas incógnitas deben despejarse, para precisar la individualización de la responsabilidad, y la individualización de sus sanciones.
¡Apliquemos el derecho a quienes tengan responsabilidad! No nos dejemos cegar por los relámpagos de las multitudes que no iluminan, sólo deslumbran y perturban.