Paraguas jurídico
Raúl Jiménez Vázquez
En un encuentro realizado en Los Pinos, el rector de la UNAM dio cauce al torrente emocional e intelectual que permea en la comunidad universitaria y en un discurso pleno de dignidad y autoridad moral aseveró: “Los hechos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, hace casi siete semanas, duelen y avergüenzan a la nación entera. Que se muevan nuestros sentimientos en favor de la justicia y que se comprometa nuestra inteligencia en búsqueda de la verdad”. Estas palabras evidencian el tamaño de la tragedia en la que están inmersos los normalistas de Ayotzinapa, sus familiares y el país entero.
Dicha catástrofe humanitaria no puede ser desvinculada de la ejecución sumaria de 22 jóvenes perpetrada en Tlatlaya por miembros de las Fuerzas Armadas. Ambas son caras de una misma moneda, la del desprecio a la vida humana y la adhesión a la pautas de la necrofilia o cultura de la muerte.
Al respecto, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo ante un grupo de diputados federales que “la ejecución de Tlatlaya es sólo un caso de un conjunto más grande de crímenes cometidos por soldados y policías que no ha provocado la reacción del Estado”.
El personero de la ONU está en lo correcto. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen una ignominiosa estela cuyo eslabón cero es el fusilamiento de opositores al régimen perpetrado por integrantes del Ejército en las instalaciones de San Miguel de los Jagüeyes, atrocidad denunciada por un soldado de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y a la que nos referimos en la entrega anterior.
Las complicidades institucionales son la causa primigenia de esta tremenda patología jurídica y política. A ello se suman dos graves irregularidades. La primera es la asignación a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública totalmente incompatibles con la literalidad del artículo 129 constitucional, donde se establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.
La segunda tiene que ver con la emisión en 2008, por parte de la Sedena, de la Directiva para el combate integral al narcotráfico, en la que claramente y sin lugar a dudas se autorizó a los milicianos a actuar con “amplia iniciativa” a efecto de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el alto mando. Tal mandato sirvió de “paraguas jurídico” a la actuación del llamado “pelotón de la muerte” que tuvo a su cargo la detención, tortura y ejecución de varias personas en Ojinaga, Chihuahua.
La ruptura de los anillos de impunidad, el regreso de los militares a sus cuarteles y la derogación de la Directiva en cita son tres acciones que el gobierno federal debe instrumentar a fin de efectuar el viraje estratégico hacia la verdad y la justicia que está exigiendo la inmensa mayoría de los mexicanos.