Carlos A. Flores
Hace una década México ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Además, desde 1997, México forma parte de la Convención Interamericana sobre esa materia. Por ello a nuestro país le es exigible el que incorpore mecanismos de prevención de actos ilícitos por parte de sus servidores públicos.
El catálogo de medidas preventivas contiene la denominada “declaración de intereses”. Se trata de un acto a través del cual un funcionario estatal enuncia aquellos factores de riesgo que pueden situarlo —durante el ejercicio de su encargo—, ante conflictos de interés: actividades o relaciones externas, empleos, inversiones, activos y regalos.
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, España, Francia o Reino Unido sí regulan exhaustivamente el conflicto de intereses así como la figura de la “declaración de intereses”.
En tales naciones el funcionario público debe presentar la mencionada declaración; ha de excusarse en la toma de decisiones relacionadas con sus atribuciones en el caso de conflicto de intereses; y tiene la obligación de no utilizar información privilegiada a la que haya tenido acceso con posterioridad a la terminación de su encargo.
La práctica administrativa de esos países ofrece formularios preestablecidos de los que pueden disponer los funcionarios públicos obligados para la presentación de la “declaración de intereses”.
La ética pública internacional obliga a responder sencillas preguntas: “¿existen circunstancias que afecten su objetividad o independencia en el desempeño de sus funciones?, ¿tiene usted (o alguien de su familia) algún interés financiero o de algún otro tipo que pueda constituir un conflicto real, potencial o aparente en el ejercicio de su encargo?”
Dicha declaración es una medida preventiva en el combate a la corrupción y su propósito es preservar una actuación íntegra por parte de los funcionarios estatales.
Nuestro país es integrante del grupo de los veinte países industrializados y emergentes y le demerita ocupar el lugar 106 en el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción.
Es por ello imperioso que México regule el conflicto de intereses, incorpore a su derecho interno la “declaración de intereses” y ajuste su actuación al canon internacional aplicable. Es un clamor nacional erradicar la corrupción.
@CarlosAFlores