El mensaje presidencial careció del anuncio
de un drástico operativo tipo manos limpias.
Debe recuperar legalidad y Estado de derecho
José Luis Camacho Acevedo
La expectación que despertó el anuncio de que el presidente Enrique Peña Nieto lanzaría un mensaje a la nación para dar a conocer lo que serán las nuevas políticas sobre aplicación de la legalidad y el cabal cumplimiento del Estado de derecho en México no tiene comparación con sus antecedentes de Ernesto Zedillo explicando el error de diciembre y las incompletas explicaciones de Carlos Salinas de Gortari sobre el caso Colosio.
Los acontecimientos de Ayotzinapa han sido calificados por el propio mandatario Peña Nieto como un punto de inflexión en la vida nacional.
La inseguridad que compromete y reduce la legalidad y deja el Estado de derecho en un catálogo de buenas intenciones, por el surgimiento de contrapesos totalmente mafiosos y fuera de todo contexto institucional. son ya uno de los principales problemas nacionales.
Si Ayotzinapa es un punto de inflexión para el desempeño de las instituciones, la suma del video proyectado por una cadena de TV francesa de 200 desaparecidos en Cocula complica el panorama y hace más exigente el cumplimiento cabal del compromiso externado por el primer mandatario en su mensaje del jueves pasado.
Lo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto va dirigido a lograr una refuncionalización de instrumentos jurídicos existentes y a promover acciones de supervisión en la adjudicación de contratos, así como una inmediata reactivación económica de la zona sur-sureste de México que reduzca la brutal brecha existente entre las regiones del país.
También propuso incrementar las acciones en materia de seguridad.
Desaparecen las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado en una gran mayoría de los casos.
Habló de la desaparición de poderes municipales cuando sean evidentes sus incapacidades, o su complacencia con la colusión de sus policías con el crimen organizado.
El presidente propuso diez acciones para lograr un México con paz, justicia, unidad y desarrollo.
Una gran duda invade a la sociedad.
¿Serán ahora sí capaces sus funcionarios competentes de hacer efectivos estos propósitos correctivos planteados por el presidente Peña Nieto?
¿La sociedad volverá a creer en que por decreto terminará la corrupción, el favoritismo en los contratos que licita u otorga el gobierno?
¿Los actuales encargados de combatir el crimen organizado podrán con las propuestas presidenciales ser más eficientes en esa tarea formidable?
Sin duda, en una nación con una problemática de corrupción, ineficiencia y connivencia menor que la que tiene México, tal vez las medidas propuestas pudieran funcionar con prontitud y certeza de su cumplimiento.
En México la corrupción y el crecimiento de las acciones y el poder del crimen organizado es tal, que los propósitos presidenciales pueden resultar insuficientes y superados.
Algo faltó en el mensaje presidencial.
No sólo la espectacularidad de cambios en el gabinete en las áreas más comprometidas con las insuficiencias señaladas por el mandatario.
Nadie es indispensable ni existen súper hombres que resuelvan problemas estructurales con su solo prestigio.
Tampoco cambiar consultas ciudadanas para que en 90 días le entreguen propuestas resolutivas.
El mensaje presidencial careció del anuncio de un drástico operativo tipo manos limpias.
La sociedad, aunque el presidente advirtió que los cambios no serán fáciles ni de resultados en el corto plazo, espera que la transparencia y la eficiencia deberán ser los ejes del cambio anunciado por Peña Nieto.
Recalcó que caminamos a ser un gobierno abierto.
Y se unió al reclamo nacional en contra de la criminalidad diciendo “Todos somos Ayotzinapa”.
Sin duda los propósitos son puntuales y responden a los grandes reclamos nacionales de la actualidad.
Un buen mensaje.
Pero la sociedad espera resultados y no permitirá más la aparición de los vicios que han puesto al actual gobierno en una condición de ser señalados por opacidad, corrupción e ineficiencia.
Ültima llamada.