“La simulación y la manipulación mediática sólo sirven para ahondar
la fosa en que yace la credibilidad del Estado”
Llegó el tiempo de cambiar
Raúl Jiménez Vázquez
La salida en medios del titular de la PGR prefigurando la virtual masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, Guerrero, resultó infructuosa y contraproducente, pues lejos de amainar la efervescencia social, conllevó el incremento de las manifestaciones y demás actos de protesta ciudadana tanto en el país como en el extranjero. Lo anterior se explica a partir del hecho de que entre un planteamiento mediático y una verdad jurídico penal existe una distancia radical. A la superficialidad intrínseca del primero se opone el rigor epistemológico, científico y probatorio que necesariamente debe acompañar a la segunda.
La incredulidad con que fue recibida la narrativa del procurador se aprecia claramente en el manifiesto difundido por un grupo de profesores y alumnos de El Colegio de México, quienes aseguran que se trata de un montaje discursivo a todas luces contradictorio ya que “la lógica oficial alienta, sin comprobar, la idea de que los normalistas fueron salvajemente asesinados, pero su conclusión es que continuarán en calidad de desaparecidos”.
Las autoridades están rebasadas y prueba de ello es la suscripción del convenio de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, merced al cual por vez primera se evaluará la actuación del Estado mexicano en una indagatoria en proceso de integración. Un grupo de expertos verificará la pertinencia de los planes de búsqueda de los desaparecidos, examinará las líneas de investigación tendentes a la determinación de responsabilidades penales, analizará el plan de atención a las víctimas y emitirá las recomendaciones a que haya lugar.
Ésta es la oportunidad de marcar un antes y un después en el campo de los derechos humanos. Además de desahogar la investigación en cita con transparencia, verdad y justicia, es menester emprender las siguientes acciones: I) solventación de las 33 recomendaciones contenidas en el informe de la visita efectuada a México en 2012 por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, II) reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, III) expedición de una ley general sobre desapariciones forzadas, IV) derogación de la reforma al artículo 21 constitucional por la que el Estado mexicano se reservó la potestad de reconocer caso por caso la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, V) creación de una comisión ciudadana de la verdad encargada de esclarecer las casi 30,000 desapariciones forzadas que han ocurrido en el país, incluyendo las de la guerra sucia, VI) elaboración de un registro de desaparecidos, VII) instrumentación de un programa ad hoc que garantice las reparaciones integrales a las víctimas y la no repetición de los hechos.
Las viejas prácticas de la simulación y la manipulación mediática tipo la dictadura perfecta son ya inoperantes y sólo sirven para ahondar la fosa en que yace la credibilidad del Estado. Sin duda llegó el tiempo de cambiar.