El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, anunció este lunes su decisión de sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina por su intervención en dos delitos fiscales.
El instructor del “caso Nóos” considera que el papel de Cristina de Borbón fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarín, defraudara hasta 337 mil 138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente “fantasma” de la que ambos son propietarios.
Así lo decidió en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, en el que finalmente resolvió no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la Infanta.
Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, señalan la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.
En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarín facturara a través de esta sociedad, bajo el argumento de rendimientos de actividades económicas, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel, cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante: haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarín y su ex socio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas; ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
El juez instructor José Castro, subraya en el auto que ha sido “aún más garante” con la presunción de inocencia de la Duquesa que con los demás imputados, a pesar de que “a los cuatro vientos se ha aireado que esa presunción no existe en España” y cuya “conculcación” también ha proclamado la Fiscalía Anticorrupción.
En su resolución judicial, el juez ha remarcado que la presunción de inocencia “no estriba en cerrar los ojos ante las sospechas que puedan darse sobre la comisión de un delito, sino en continuar la investigación hasta que aquéllas se desvanezcan o se tornen en indicios racionales”.
Ante lo que ha señalado que los indicios han adquirido ”la condición de pruebas” después de que a la Infanta se le ha dado la oportunidad de que, “con instrucción y observancia de sus derechos”, facilitara las explicaciones que se le han pedido, que han sido valoradas y que también se ha permitido a las partes acusadoras que ejercieran frente a ellas su acción penal.
El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey.
El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta “partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos” perpetrados por su marido “de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos”.
Cristina de Borbón ha protagonizado desde 2013, y desde su declaración ante el juez como imputada de febrero de 2014, gran parte de las informaciones sobre el caso Urdangarín también llamado caso Nóos.
El asunto judicial se abrió en 2010 para investigar la supuesta malversación de seis millones de fondos públicos de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos; desde entonces, Cristina de Borbón fue señalada como supuesta cómplice en la junta de Nóos y, especialmente, en su papel de copropietaria con su marido de la compañía Aizoon en la que se drenaron cantidad supuestamente defraudadas.
El último escrito determinante en la causa del juez Castro, el auto de apertura del juicio oral, contiene el relato de hechos bajo sospecha, el sin fin de supuestos delitos y el listado de acusados que han de estar en el banquillo para ser juzgados: el socio Diego Torres, su esposa Ana Maria Tejeiro y sus dos hermanos colaboradores de Nóos; el ex presidente Jaume Matas y cuatro de sus colaboradores, cargos de Madrid 2016 y de la Comunidad Valenciana.
El fiscal quiere una petición de pena máxima de 19.5 años de prisión contra Iñaki Urdangarin y una multa de 3.5 millones mientras que para el ex presidente balear Jaume Matas la pena reclamada es de 11 años; para Diego Torres son más de 16 años.
La Fiscalía Anticorrupción no ve culpable a la Infanta pero le exige el pago de casi 600 mil euros por su responsabilidad civil a título lucrativo de los fondos fraudulentos operados en Aizoon aun sin saber su procedencia ilegal y no ser administradora de la compañía.
La Infanta depositó esa partida en el juzgado. Al abonar esta cantidad (de no ir a juicio) evitaba ser parte, civil, en la causa y ser citada como solicita el fiscal.
Iñaki Urdangarin se enfrenta a acusaciones por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y uno delito de blanqueo de capitales.
(Con información de ABC España y de EL País España)