Regular crímenes de lesa humanidad ¡ya!
Carlos A. Flores
La Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, en su reciente informe, formula a sus Estados integrantes —entre ellos México— una importante solicitud que debe cumplirse a más tardar el 31de enero de 2015.
El Estado mexicano debe informar sobre si su derecho interno tipifica los crímenes de lesa humanidad y, en su caso, debe aportar datos sobre cómo sus tribunales internos ejercen jurisdicción para procesar a los probables infractores. Además, la Comisión pide información sobre las resoluciones judiciales que se hayan pronunciado al respecto.
Desde 1949 la justicia internacional ha evolucionado en la persecución de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el genocidio.
En cambio, la legislación mexicana ha permanecido rezagada inexplicablemente. El Código Penal Federal vigente contiene disposiciones insuficientes para la investigación, enjuiciamiento y castigo de estos delitos.
Por otra parte, en perjuicio de la tutela judicial efectiva de las víctimas, la ley mexicana no regula temas como la jurisdicción universal, el carácter imprescriptible del genocidio y los crímenes de lesa humanidad, así como la obligación del Estado de juzgar o extraditar a los probables responsables de tales ilícitos.
Si México no cuenta con disposiciones suficientes que castiguen a los responsables de estos delitos con efectividad, también las víctimas nacionales carecen de herramientas que países como España, Francia, Italia o Alemania han adoptado para hacer justicia.
En este tenor, es signo de debilidad que México se mantenga ajeno frente al avance del derecho penal internacional plasmado en múltiples tratados internacionales.
Esta debilidad cobra mayor relevancia, desde otra perspectiva, por las crecientes amenazas de la delincuencia organizada internacional, la cual puede operar —en absoluta libertad— ante la fragilidad del sistema de justicia mexicano.
Las fisuras, omisiones o lagunas en la legislación penal son perversas falencias que imposibilitan la defensa de las víctimas. Y son factores que abonan a la inconformidad y a la protesta.
Un país que promete modernidad y crecimiento no puede eludir fortalecer su estado de derecho. El derecho penal internacional ofrece soluciones que México debe adoptar ya. Sin miedo, contra la impunidad.
@CarlosAFlores