La CIA inició este jueves su defensa para atenuar los daños a su credibilidad causados por la publicación del informe del Senado sobre su programa de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo.
En una inusual rueda de prensa en la sede de la CIA, a las afueras de Washington, el actual director de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan, admitió errores y abusos, que calificó de “aberrantes” y “lamentables” en el polémico programa, aunque evitó calificarlos de tortura -como sí hizo en agosto el presidente estadounidense, Barack Obama-, los limitó a un pequeño grupo de oficiales y rechazó buena parte de las conclusiones del informe del Senado.
Por ejemplo, dijo que prisioneros interrogados “proporcionaron información útil” para la operación que llevó a la ejecución en 2011 del entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, algo que el Senado pone en duda; entre las técnicas empleadas, estaban la privación de sueño o el ahogamiento simulado.
El documento del Comité de Inteligencia de la Cámara alta revela una agencia poco preparada y disfuncional después de los atentados del 11-S, en 2001; también sostiene que durante el programa -que se desarrolló entre 2002 y 2007- la CIA no sabía exactamente cuántos detenidos tenía en sus manos, ocultó información al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca, y las torturas consideradas como Técnicas de Interrogatorio Reforzadas no proporcionaron datos útiles de inteligencia.
“La apabullante mayoría de oficiales involucrados en el programa llevaron a cabo su responsabilidad de acuerdo con las directrices legales proporcionadas. Hicieron lo que tenían que hacer en servicio a nuestra nación”, afirmó Brennan, que en el cargo desde 2013, cuenta con más de tres décadas de experiencia en la CIA, y es un hombre de confianza de Obama.
“Se obtuvo inteligencia muy útil -mediante técnicas de interrogatorio reforzadas-, si se podría haber obtenido sin ellas es algo insondable”, agregó, y que es imposible saber si la información clave salió de dichas técnicas y reconoció que estas pueden llevar a pistas falsas.
La comparecencia llega en un momento delicado para este ex asesor de seguridad de Obama: la Casa Blanca ha reiterado su confianza en él, pero algunos legisladores han pedido su renuncia acusándolo de mentir y crecen las críticas internacionales por la guerra sucia de la CIA plasmada en el informe.
Como defensa, Brennan se esforzó en recordar el contexto posterior al 11-S, cuando era jefe de gabinete del director de la CIA: el pánico a un nuevo atentado fue lo que llevó al presidente de EU, el republicano George W. Bush, a autorizar a la agencia a detener secretamente a sospechosos de terrorismo.
En el mismo tono tranquilo que mantuvo durante su comparencia ante la prensa, Brennan afirmó que “no había respuestas fáciles” en la lucha contra el terrorismo y que la CIA “hizo muchas cosas correctamente” durante el “difícil” periodo posterior al 11-S.
Sin embargo, admitió también que en ese momento, el servicio de espionaje no estaba preparado y carecía de experiencia con detenidos, como señala el informe elaborado por legisladores demócratas, “pero nuestro trabajo era llevarlo a cabo”, dijo antes de recordar que el Departamento de Justicia había aprobado algunas de las técnicas para los interrogatorios.
Asimismo, dijo “reconocer los errores es fundamental en nuestra habilidad de prosperar en las misiones, es una fortaleza de esta organización”; sin embargo rechazó hablar de un patrón de errores y del engaño de la CIA a la Casa Blanca. “La agencia crecerá más fortalecida”, afirmó.
Descontento por violaciones a los DH
Con más llamados a que los responsables de la tortura documentada en el informe del Senado, sobre el programa secreto de interrogaciones y detenciones de la CIA, sean llevados a la justicia, el gobierno de Barack Obama está intentando manejar los daños para lograr que el autoproclamado país campeón de los derechos humanos no sea acusado de ser sólo un defensor más de la impunidad.
Estados Unidos es firmante de la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y tiene la obligación de investigar y enjuiciar a todo violador de esa ley internacional, afirma un coro creciente de penalistas, defensores de derechos humanos y expertos.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, declaró este jueves que el informe del Senado “debe ser un primer paso en la dirección de cumplir otras obligaciones bajo la Convención contra la Tortura, o sea, combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas, al investigar y fiscalizar a los responsables”.
“Como una nación que frecuentemente llama por la transparencia y rendición de cuentas en otros países, Estados Unidos debe cumplir con las normas que ha establecido tanto para sí mismo como para otros” expresó.
Casi todas las principales organizaciones de derechos humanos insisten en que no es suficiente solo difundir un informe sobre las prácticas de tortura bajo el gobierno de George W. Bush, sin asegurar que estos crímenes no queden impunes.
Este informe deja claro que se cometieron violaciones de derechos humanos a nombre del pueblo estadounidense. Su difusión es un paso importante hacia la transparencia. Ahora tenemos que trabajar por una rendición de cuentas”, afirmó Kerry Kennedy, la presidenta del Centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos (e hija de Robert).
El gobierno de Obama afirma que el Departamento de Justicia ya realizó una investigación y determinó que no existían suficientes pruebas para elaborar cargos, y que le corresponde a esa dependencia la decisión para reabrir el asunto; todo indica que esto no es algo que se esté contemplando.
Algunos insisten en que se requiere de fiscalizaciones internacionales. Michael Ratner, presidente emérito del Centro por Derechos Constitucionales (CCR), recordó que el centro tiene casos pendientes sobre este asunto ante tribunales en España, Suiza y Alemania, y que, ahora con el informe del Senado, estos podrían prosperar.
“No creo que los tribunales del mundo se hagan a un lado mientras que el país que afirma ser un protector de derechos humanos se vuelve en un ejemplo mayor de un violador de derechos humanos. Bush y su gente no deberían de pensar en visitar el Prado próximamente al menos de que quieran acabar en una cárcel española”, advirtió.
Aunque el informe del Senado concluye que la CIA engañó de manera rutinaria a la Casa Blanca y otras partes del ejecutivo, como también al Congreso, una larga lista de declaraciones públicas, memorias, entrevistas y más dejan claro que Bush, su vicepresidente Dick Cheney, su secretario de Defensa Donald Rumsfeld, y su asesora de Seguridad Nacional y después canciller Condoleezza Rice –junto con las esferas más altas del Departamento de Justicia– no solo autorizaron el programa, sino sabían específicamente de algunas de las técnicas, sobre todo el “waterboarding”.
En estos últimos días, varios de ellos continúan defendiendo el programa y disputando el informe como una investigación parcial que injustamente condena la labor patriótica de oficiales de la comunidad de inteligencia. Cheney comentó en entrevista con Fox News que el informe está “lleno de mierda”.
Hoy, tres de los ex directores de la CIA más recientes –George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden– escribieron un artículo en el Wall Street Journal denunciando que el informe estaba viciado por “errores de hecho e interpretación”.
Vale recordar que Tenet –director de la CIA al inicio de este programa– respondió enfática y repetidamente que “no torturamos a gente” en entrevista con el programa “60 Minutos” de CBS News en 2007.
Por otro lado, el argumento de que el empleo de tortura por el gobierno de Estados Unidos es algo excepcional y sólo producto de una emergencia nacional fue puesto en duda esta misma semana.
Un día después de que el Senado emitió su informe sobre el programa de la CIA, en Brasil la Comisión Nacional de la Verdad emitió su propio informe final sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar en el cual documenta que oficiales estadounidenses capacitaron durante años a sus contrapartes brasileñas en técnicas de tortura.
Según reportó O Globo (y, también, el Washington Post) el informe relata cómo más de 300 oficiales brasileños fueron capacitados en la entonces llamada Escuela de las Américas donde, “tuvieron lecciones teóricas y prácticas sobre tortura”.
(Con información de El País, España y La Jornada)