México no escucha las llamadas de atención
Raúl Jiménez Vázquez
Tres son los deberes fundamentales que la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados: I) respetar los derechos y libertades ahí reconocidos, II) garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas sujetas a su jurisdicción, III) adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivas dichas prerrogativas.
El segundo de ellos destaca por su enorme importancia en el día a día de la vida humana. De acuerdo con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo dictado en el caso Velásquez Rodríguez, “el deber de garantizar implica el imperativo de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Dicho mandato conlleva la necesidad de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos fundamentales, así como efectuar la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas. La prevención comprende la instrumentación de las medidas de salvaguarda de los derechos humanos. La investigación, ha dicho el tribunal interamericano, debe ser emprendida con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, es decir, tiene que estar guiada por un genuino afán de la búsqueda de la verdad. Finalmente, los Estados deben castigar, sin excepción alguna, todas las transgresiones a los ataques a la dignidad humana.
Tales deberes han sido desacatados por el Estado mexicano. En efecto, como se expuso en las entregas precedentes, las autoridades desoyeron sistemáticamente las múltiples llamadas de atención emitidas por diversos órganos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, etc. Es por ello que las numerosas ejecuciones extrajudiciales y las casi treinta mil desapariciones forzadas que gravitan sobre los hombros de la nación permanecen sin ser investigadas ni sancionadas.
La gravedad de la omisión se acentúa debido a que tampoco se implementaron las acciones requeridas a fin de evitar la repetición de los hechos, lo que generó una atmósfera de impunidad galopante.
Esta conclusión se corrobora con las palabras vertidas hace unos días por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acto de presentación de un protocolo de actuación judicial: “Las autoridades están obligadas a investigar, enjuiciar y castigar a todos aquellos que cometan actos de tortura; no hacerlo, convierte al Estado y a sus funcionarios en autores, cómplices o responsables”.
Las atrocidades cometidas en Tlatlaya e Iguala se inscriben en ese contexto, esto es, son fruto directo e inmediato de una larga de cadena de inexcusables negligencias gubernamentales; por consiguiente, el Estado tiene una responsabilidad interna e internacional que no puede ser disimulada.