“Un vacío legislativo mantenía el DIF sin facultades para vigilar los albergues privados”
La ley lo prohíbe
Angélica de la Peña Gómez
Han transcurrido casi cinco meses desde que conocimos a Mamá Rosa, o Rosa del Carmen Verduzco, y las diversas irregularidades que habían ocurrido por más de 40 años en el albergue La Gran Familia, que ella dirigía.
Tras un operativo realizado por la Procuraduría General de la República en ese albergue, dado de alta como una asociación civil sin fines de lucro, supimos que en él vivían seis bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 hombres, en condiciones insalubres, con denuncias de maltratos, abuso sexual y privación de la libertad.
Posterior al operativo, el albergue fue clausurado, y niñas y niños fueron remitidos al DIF estatal y a las instalaciones del Centro Michoacano de Salud Mental, reconvertido en albergue infantil, además de buscar la reunificación con sus familias en los supuestos jurídicos procedentes y en pro de su interés superior.
Seis colaboradores de Mamá Rosa fueron detenidos y enfrentan cargos por los delitos de secuestro y trata de personas; ella fue considerada como inimputable con base en un estudio médico, patológico y psicológico que determinó que por su avanzada edad y estado de salud no se le podía fincar responsabilidad penal.
La sociedad se dividió entre quienes conocían a la benefactora y quienes con imágenes y videos del albergue en mano exigían castigo para la administradora de una sucursal del infierno. Un verdadero anticlímax: Mamá Rosa desenmascarada, detenida y liberada.
Con azoro observamos que Rosa del Carmen Verduzco vuelve a ser noticia, pues diversos medios han dado a conocer que alberga en su domicilio particular a cinco personas y que a diario llegan jóvenes de la calle o de escasos recursos por el almuerzo, situación que podría dar pie nuevamente a otro albergue al margen de la ley.
Durante más de 30 años el Estado mexicano había sido omiso al incumplir con su obligación de regular y supervisar la operación de estos centros en donde ha dejado a miles de niños bajo su cuidado, ante su incapacidad de hacer frente a una problemática en aumento, que es la niñez víctima de orfandad, maltrato y abusos.
Hasta hace cinco meses, un vacío legislativo mantenía el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sin facultades para vigilar los albergues privados y los cuidados y servicios que proporcionan.
Hasta hace cinco meses México no contaba con un sistema nacional de registro de albergues y casas de cuidado, que entre otras cosas proporcione información actualizada sobre cuántos niños y niñas están institucionalizados y cuál es su situación.
Hasta hace cinco meses el DIF no contaba con una Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niñez, especializada y con potestad sancionadora.
Hoy la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Senado, es vigente. Hoy hay muchas tareas que es necesario que los Ejecutivos federal y estatales pongan en marcha para que esta legislación se articule en las políticas públicas. Ya tienen las herramientas legales.
Entre las acciones urgentes por implementar está el Registro Nacional de todos los Centros de Atención para conocer exactamente cuántos son, dónde están, qué características tienen, cómo están funcionando.
O el diseño y aplicación de un único protocolo que estandarice el funcionamiento de todos estos centros de atención, para evitar que nunca más se repitan casos como la Guardería ABC en Sonora, Casitas del Sur en el Distrito Federal, o la Gran Familia en Michoacán.
No habrá regreso de Mamá Rosa ni de su albergue, hoy la ley no se lo permite… siempre y cuando las autoridades de los tres órdenes de gobierno la apliquen.
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.