El dinero se depositó en una cuenta equivocada y de ahí se generó una escena de confusión, una vez que la infanta Cristina, a través de sus abogados defensores, en su objetivo por cubrir lo antes posible los cerca de 600 mil euros (casi 12 millones de pesos) que fijó el fiscal como responsabilidad civil de los delitos de su marido, Iñaki Urdangarin, confundieron el número de cuenta e ingresaron la millonaria cantidad en otra cuenta bancaria.

Al descubrir el error, el juez instructor del caso, José Castro, informó a la defensa de la hermana del Rey Felipe VI que el dinero que habían depositado no había llegado a la cuenta bancaria que controla su juzgado, sino que lo habían depositado a la que está adscrita a un juzgado de Barcelona, donde residen los abogados de la infanta y donde ella misma vivía hasta hace unos meses.

Según explicó el propio abogado de la infanta, Miquel Roca, un prestigioso penalista y “padre” de la Constitución española de 1978, el error es de sólo un número. Es decir que en lugar de poner el número “0458”, lo depositaron en la cuenta “0548”, por lo que el dinero de la “responsabilidad civil” no se da por entregada y esto provocará que se retrase un poco más las decisiones que se adoptarán en las próximas semanas.

Sobre todo la apertura del juicio oral y si el magistrado decide finalmente ordenar el sobreseimiento de la causa abierta contra la infanta Cristina, tal y como reclaman sus abogados bajo el efecto de la doctrina del Tribunal Supremo.

La infanta Cristina fue considerada en el escrito final del fiscal como “beneficiaria a título lucrativo” de la trama de corrupción político-empresarial diseñada por su marido, Urdangarin, quien podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel y una multa de más de 12 millones de euros (230 millones de pesos).

Sin embargo, el juzgado de Palma, en la isla Balear de Mallorca, informó “la infanta Cristina presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un escrito comunicando el ingreso en la cuenta judicial de este juzgado la cantidad de 587, 413.58 euros”.

En su escrito de calificación, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach aseguró hace unos días que Cristina desconocía el origen irregular del dinero, pero sostuvo que se aprovechó de él porque fue destinado a gastos personales.

La cantidad reclamada corresponde a la mitad de los fondos que, según el fiscal, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la infanta y su marido, Iñaki Urdangarin.

Horrach solicitó al juez instructor del caso, José Castro, que exculpe a la hermana del rey de España porque considera que no hay indicios de delito para acusarla; se espera que el magistrado dicte el auto de apertura de juicio oral en los próximos días y decida a quién sienta en el banquillo de los acusados.

El principal imputado en el llamado Caso Nóos, que significó un gran golpe para la casa real española, es Iñaki Urdangarin, para quien el fiscal pide para él casi 20 años de cárcel.

El caso toma su nombre del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro ligada al deporte a través de la que Urdangarin y su entonces socio, Diego Torres, habrían malversado más de seis millones de euros de origen público.

Cristina, de 49 años, es la hija mediana del rey Juan Carlos, quien abdicó en junio pasado cediendo el trono a su hijo Felipe VI; en febrero, la infanta se convirtió en el primer miembro de la familia real española en ser interrogado por un juez como imputado y su imagen entrando en los juzgados de Palma de Mallorca dio la vuelta al mundo.

En 2013 se trasladó a Ginebra, Suiza, junto a Urdangarin y sus cuatro hijos para huir de la presión mediática y social.

Para reclamar la fianza, el fiscal se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Varias apelaciones habían retrasado el cierre definitivo de una instrucción que ha provocado la degradación de la imagen del rey Juan Carlos I, de 76 años, considerado durante décadas como artífice de la democracia tras la dictadura franquista (1939-1975).