Pretexto de insurgencia social
Alfredo Ríos Camarena
El paradigmático caso del asesinato horrendo de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha provocado diversas reacciones en la sociedad mexicana que reflejan la crisis estructural del sistema social, pues revelan la grave contradicción de clases, la polarización de nuestra sociedad y su división ideológica; evidentemente el denominador común ha sido la condena a estos infaustos hechos por todas las expresiones de la opinión pública nacional: el gobierno de la república, el Congreso de la Unión y los Congresos locales, los estudiantes y académicos, el magisterio y las organizaciones sindicales y sociales. El repudio general nos da un panorama de aparente unidad colectiva, sin embargo, en el análisis particular de la expresión de cada grupo encontramos choques y diferencias insalvables, cuya manifestación más clara es la posición oficial del gobierno a través de la Procuraduría General de la República, y por otro lado, la organización de los padres de los normalistas desaparecidos, que han construido un frente popular con diversas variables, pero donde la bandera irrealizable y utópica es el grito “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
La Procuraduría finalmente estableció su posición —que estaba muy clara desde ya hace mucho tiempo—, que consiste en afirmar que los desaparecidos fueron privados de la libertad y de la vida, incinerados y tirados al Río San Juan: “ésta es la verdad histórica de los hechos basadas en las pruebas aportadas por la ciencia”, en otras palabras, es el punto final de la investigación, pero las puertas que se abrieron por esta herida lacerante siguen en plena efervescencia, a tal grado que con este pretexto se ha montado toda una estrategia de violencia ciudadana que observamos en diversas partes del país, particularmente en el estado de Guerrero.
Más allá del dolor por la desaparición de los normalistas, hay un pretexto de insurgencia social que ha retado abiertamente a las instituciones del Estado; a este respecto, una buena parte de la opinión nacional condena los hechos delictivos y de violencia con que se ha actuado, como las tomas de carretera y a diversas instalaciones oficiales, quemas de vehículos y edificios públicos, etcétera, criticando cada día, con mayor intensidad, la falta de acción del gobierno para imponer el Estado de derecho; por otro lado, grupos organizados pretenden que el gobierno se convierta en un franco represor, para con ello lanzarse a esta lucha por encima de las contiendas electorales.
El tema a nivel internacional ha tenido repercusiones como nunca se habían dado en la historia contemporánea; han opinado al respecto: organismos internacionales, gobiernos y congresos de diversas naciones, la Santa Sede y, por supuesto, el presidente Barack Obama, quien hizo un reclamo —velado, pero reclamo— al gobierno de Peña Nieto en su reciente entrevista. La difusión de estos acontecimientos y el planteamiento para desacreditar al gobierno mexicano se ha dado en muchos países y la prensa internacional ha cambiado —en unas semanas—: del aspecto triunfal del gobierno que construyó el mexican moment, hoy se ha embestido contra las instituciones gubernamentales de nuestra nación, y seguramente, debe haber oscuros intereses que tienen que ver con la explotación de nuestros recursos naturales.
Jurídicamente el caso Ayotzinapa está por cerrarse, pero su trascendencia en el ámbito político y social nos deja una lacerante herida cuya sanación está lejos de darse.
Al respecto, el rector de la UNAM, José Narro, expresó una frase que resume este tema tan espinoso: “no debemos quedar atrapados en este triste instante de nuestra historia. Lo peor que nos puede suceder es que seamos una sociedad que extrañe su pasado, lamente su presente y llore su futuro”.