Cuestionado sobre quién mandó a los normalistas a Iguala el 26 de septiembre, en la conferencia de prensa realizada este martes sobre los resultados de la averiguación en el caso Ayotzinapa, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que “mientras no sea un asunto delictivo, no le compete a la Procuraduría”.
Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, aseguró en su declaración ministerial que un operador de la banda de Los Rojos “pagó” a José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por enviar a los estudiantes a realizar “desmadres” a Iguala el 26 de septiembre.
Ante lo que Murillo Karam calificó de dichos de terceros, pero “en el caso de que surgiera una duda que es un asunto que amerite la intervención de la procuraduría, se haría”.
Para distintos medios de comunicación, resulta inexplicable que el director de la escuela rural de Ayotzinapa, el filósofo, historiador y politólogo, de 62 años, José Luis Hernández Rivera, haya permanecido ausente desde un inicio de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas.
El periodista Ciro Gómez Leyva comentó en su columna del lunes 26 de enero en El Universal señala que “desde hace tiempo, la PGR cuenta con elementos para llamar a declarar por los hechos del 26 de septiembre a José Luis Hernández Rivera (…) Sólo el temor político explicaría que la Procuraduría no haya requerido a quien, al menos, sabría que sus estudiantes de primer ingreso iban al matadero en Iguala, y que mezclados entre ellos viajaban dos, si no es que tres jóvenes del grupo criminal Los Rojos”.
Asimismo, dice que las declaraciones de algunos de los presuntos asesinos –El Chereje, El Pato, El Seco, El Jona, El Cochiloco– y, que la más reciente, la de El Cepillo “refiere algún grado de conocimiento del director Hernández Rivera sobre lo que podría ocurrir cuando los rapados de Ayotzinapa arribaran a Iguala, capital de los Guerreros Unidos (…) Hoy se cumplen cuatro meses de la masacre. Cuatro meses también de protección de la PGR a Hernández Rivera. Por mínimo prurito procesal tendría que citarlo ya. Y para terminar de armar la narrativa”.
El Cepillo, sicario clave en la investigación
La masacre comenzó la tarde del 26 de septiembre, de acuerdo a informes de la PGR, cuando los normalistas llegarían a Iguala en busca de echar abajo el evento del presidente municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y recaudar fondos para sus actividades, así como tomar a la fuerza cuatro autobuses para asistir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México.
Su llegada a una localidad en manos del cartel de Guerreros Unidos no pasó inadvertida, los halcones alertaron a sus jefes, entre ellos, al propio alcalde y su esposa, dos importantes integrantes de la organización criminal.
La Policía Municipal de Iguala, corrompida por el narco, inició una persecución que dejó sobre el asfalto seis muertos y permitió la captura de 43 estudiantes, para acabar con los rastros, se les puso en manos de los agentes del municipio de Cocula, igualmente corruptos.
Los sicarios estaban convencidos de que entre los estudiantes había miembros del cartel rival, Los Rojos, de la captura se pasó al asesinato; los normalistas fueron entregados a los sicarios en el paraje de Lomas del Coyote, subidos en dos camionetas, fueron trasladados hasta el basurero de Cocula.
Apilados como animales, uno encima del otro, la mayoría llegó muerta por asfixia; a los sobrevivientes los mataron de un tiro en la nuca. Sus cadáveres fueron incinerados y los restos arrojados en bolsas de basura al río San Juan.
La detención de El Cepillo ha sido clave en las investigaciones del Caso Ayotzinapa; éste sicario de Guerreros Unidos, líder de una célula de diez criminales, fue el hombre que, según su confesión, recibió la orden de su jefe de liquidar a los estudiantes.
“El Chucky (su jefe) me llamó por teléfono y me dijo que me iban a entregar dos paquetes con detenidos y que eran de Los Rojos (…) algunos venían amarrados con mecate o esposados, y otros golpeados y ensangrentados (…). Al llegar al basurero de Cocula, bajamos a los estudiantes de las camionetas, me percaté de que algunos, los que estaban abajo, ya habían muerto, creo que por asfixia. Quedaban vivos unos 15 a 18 estudiantes (…) le encargué a El Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistarles y darles piso y que destruyera todo. El Pato ya había acostado a cuatro detenidos y les disparó en la nuca”.
El jefe de sicarios de Guerreros Unidos señaló que al interrogar a uno de los normalistas, éste reveló que su presencia en Iguala fue porque los envió El Carrete, de Los Rojos que operan en Cuernavaca, quien a su vez había pagado dinero al director de la escuela rural.
El estudiante, dijo El Cepillo, le manifestó que “los desmadres” que pretendían llevar a cabo en Iguala, iban hacerlos en coordinación con integrantes de Los Rojos; el normalista, que después sería ejecutado e incinerado junto con sus compañeros, fue marcado con una “X” en la espalda, cuando se encontraba sometido en el basurero de Cocula.
Antes de llegar al tiradero, El Cepillo pateó al estudiante, indicó el “sicario”, y comenzó a interrogarlo, fue como se enteró que Los Rojos estaban detrás de los acontecimientos que se suscitaron la noche del 26 de septiembre; luego de escuchar al estudiante, Rodríguez Salgado pidió a Patricio Reyes Landa, El Pato, que interrogara a los 15 o 18 jóvenes que le fueron entregados.
Ordenó a El Pato “dar piso” a los estudiantes y destruir todo lo que pudiera relacionarlos con ellos, ya que esa fue la instrucción que le dio El Fercho, “secretario particular” de Gildardo López Astudillo, El Gil, ya que tenían conocimiento de que los detenidos eran de Los Rojos.
El Cepillo contó que Reyes Landa acostó a cuatro de los detenidos y, con un arma corta les disparó en la nuca, después se trasladó a Iguala, a la casa de El Gil, porque se lo ordenó en un mensaje por celular El Fercho. El Cepillo abordó su camioneta, y en el trayecto se encontró a un sujeto apodado El Pelón, quien lo condujo a la “casa de gallos” de El Gil.
En ese lugar, narró El Cepillo, se encontraba el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y el policía Ignacio Aceves Rosales, además de siete uniformados más.
El Cepillo le comentó a César Nava que uno de los estudiantes o “sicarios” que “entrevistó” le dijo que habían llegado a Iguala por instrucciones de El Carrete, y que él había pagado dinero al director de la Escuela Normal Rural para mandar a los estudiantes y a Los Rojos “hacer desmadres” en Iguala.
En su declaración, Felipe Rodríguez detalló que César Nava recordó que dos días antes El Carrete “se presentó” para pedir “tregua”, también escuchó que uno de los estudiantes andaba haciendo “desmadres” en Iguala en una camioneta tipo Suburban blanca, que era de Los Rojos y el hermano de este normalista fue uno de cuatro que habían asesinado en Carrizalillo, Guerrero.
Aseguró que permaneció en la casa de Gildardo hasta las nueve de la mañana del 27 de septiembre haciendo guardia, y que después se fue a dormir a su casa y se levantó a las cinco de la tarde, fue a comprar refrescos y cervezas para sus “muchachos” en el basurero de Cocula; el Pato relató que a los normalistas los habían puesto en una “plancha de llantas” y los rociaron con diésel para terminar de calcinarlos.
Más tarde, una vez que llegó vio que todavía no se apagaba el fuego y que había mucha ceniza. El Gil llamó por teléfono a El Cepillo y le ordenó que recogieran todos los restos carbonizados y los tiraran al río San Juan.
Felipe dio instrucciones a El Pato de comprar bolsas de plástico y regresar al basurero a recogerlas con una pala que estaba en una camioneta tipo “estaquitas”; juntaron los fragmentos y con El Chequel, El Wereke, El Wasa, El Pato y El Primo lanzaron las bolsas en el río.
Inmediatamente después se dirigieron a Iguala, porque recibieron la orden de acudir a una “manifestación”, en esa localidad, El Gil le dijo a El Cepillo que se fuera y que regresara a Cocula a beber alcohol.
El 28 de septiembre, El Cepillo acudió a una reunión con César Nava, quien lo citó en una pizzería de Cocula; a continuación, se trasladaron al basurero, donde revisaron el lugar, con la intención de desaparecer cualquier pista de que ahí asesinaron a los estudiantes.
Dos días después, Felipe perdió comunicación con su grupo y viajó a Cuernavaca con El Wereke, con quien rentó un departamento, donde llegó El Wasa.
El Cepillo, El Wereke y El Piquetes decidieron irse a Caborca, Sonora, donde cada uno pagó 3 mil 500 dólares a un pollero para que los pasara a Estados Unidos; sin embargo, a él lo detuvieron en una estación migratoria durante tres días y lo deportaron a Ciudad Acuña, Coahuila.
Sin dinero, llamó por teléfono a uno de sus hermanos, quien le envió 2 mil 900 pesos; con ese dinero pudo llegar en autobús al Distrito Federal; en seguida se fue a Jiutepec, Morelos, donde su amigo Antonio lo alojó en su departamento; ahí fue capturado el 15 de enero.
No fueron lo únicos calcinados
Los normalistas de Ayotzinapa no fueron los únicos calcinados en el basurero de Cocula por Guerreros Unidos, admitió Rodríguez Salgado.
El Cepillo aseguró que dos meses antes, en julio, El Chuky, a quien identificó como otros de los jefes de su organización criminal, lo llamó para entregarle “dos paquetes” y que eran integrantes de Los Rojos.
Esas personas, explicó, fueron levantadas porque uno vendía droga y el otro era sicario; los detenidos le fueron entregados y, junto con El Wereke, los trasladó en un Tsuru a la brecha que conduce al basurero de Cocula.
Los esperaban ahí Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, y El Primo, estos últimos llegaron en motocicleta; Felipe entregó los “paquetes” con todo y vehículo y dio la orden de que les “dieran piso”. Los ejecutaron y fueron los primeros quemados en el basurero.
También pasaba lo mismo en Tianquizolco, Guerrero, donde El Pelón estaba encargado de la plaza y donde mantenía una disputa con La Familia Michoacana; lo mismo ocurría en el municipio guerrerense de Carrizalillo, donde El Nueve, operador de Guerreros, mantenía enfrentamientos con Los Rojos, liderados en la zona por un sujeto apodado El Puma y otro conocido como Narciso.
En sus confesiones, Felipe narró que El Gil visitaba cada semana al presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, así como al subdirector de la policía de esa localidad, César Nava, quien le reportaba dónde iba a colocar sus “filtros”, y a efectuar operativos.
Detenidos, asesinados e incinerados
Oficialmente para las autoridades mexicanas, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa están muertos; este martes, el procurador de la República sostuvo con toda seguridad que fueron detenidos, asesinados e incinerados.
¿Cuál fue el realmente el motivo de la masacre?¿por qué el director de la Normal de Ayotzinapa aceptó el pago a cambio de la vida de los estudiantes? ¿Fue una confusión? Al parecer, los sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos les tomaron por integrantes del cartel rival Los Rojos, conclusión rechazada por las familias.
Lo anterior también abre el camino al cierre de un caso que ha conmovido al país como pocos en la historia actual, por las dudas sobre la investigación oficial que ha puesto en serios problemas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cuyo nivel de aceptación popular toca mínimos históricos.
El gobierno decidió poner punto final a las especulaciones sobre la tragedia de Iguala, por lo que puso al frente al procurador general, Jesús Murillo Karam, y al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón. Dieron un intenso repaso a las investigaciones efectuadas: 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados, 14 registros.
De esas pruebas destacaron los restos óseos (uno de ellos identificado por el ADN como perteneciente al normalista Alexander Mora Venancio), las confesiones de los sicarios y los agentes municipales, los reconocimientos de los supervivientes, así como las conexiones y ubicaciones de los teléfonos celulares esa noche, lo que les permitió ofrecer “una verdad histórica” de lo ocurrido, que corresponde con la reconstrucción oficial conocida desde noviembre pasado.
Pese a la exhausta investigación, la intención gubernamental de cerrar el caso va a ser complicada, el mismo procurador general reconoció que mientras no se detenga a todos los implicados la investigación seguirá abierta; entre los prófugos se encuentran los jefes policiales de Iguala y Cocula y también los miembros de Guerreros Unidos que dieron la orden de matar a los estudiantes, Sus testimonios son claves para despejar las dudas.
Familias normalistas, rechazan la versión gubernamental
Las familias de los normalistas desaparecidos rechazan la versión dada a conocer por la Procuraduría General de la República; para ellos, el Ejecutivo carece de credibilidad y quiere evitar llegar al esclarecimiento de los hechos.
“Repudiamos la forma de actuar del Gobierno, pretenden cerrar de forma descarada el caso y no les importa el daño que causen a las familias. No bastan las declaraciones de los asesinos, queremos una demostración científica. Los padres seguimos en la lucha”, expresó el portavoz de las familias, Felipe de la Cruz.
“La postura de los padres es que no vamos a permitir que concluyan o cierren las investigaciones. Seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que se nos demuestre de manera científica que los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar”, insistió.
El estudiante normalista David Flores y varios padres y madres de los jóvenes desaparecidos –entre ellos Epifanio Álvarez, Cristina Bautista y Carmen Cruz– reiteraron su desconfianza en las autoridades, porque “han pisoteado nuestra dignidad”, y manifestaron su confianza en que sus hijos están con vida, además adelantaron que llevarán el caso ante la justicia internacional.
En respuesta a la conferencia de prensa, de la PGR, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, subrayó que hay una “prisa e intencionalidad política” del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria “no es concluyente” y, por tanto, no se ha alcanzado el grado de verdad histórica que los padres de familia necesitan tener.
El abogado explicó que la investigación no puede cerrarse porque hay al menos 10 puntos que aún no han sido esclarecidos, entre ellos que no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados y que el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admitió no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los jóvenes.
Eslabones sin resolver
Rosales señaló también que hay denuncias de tortura de algunos detenidos que no se han investigado; que no se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón Fontes y que siguen prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que ocurrió a los estudiantes de Ayotzinapa.
Agregó que tampoco hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada; existen dos versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han sido resueltas, y no hay certeza legal sobre el lugar donde fue asesinado Alexander Mora Venancio, el único de los 43 jóvenes cuyos restos ya fueron identificados por exámenes de ADN.
Además expuso que no se ha agotado la línea de investigación que desde 2003 involucra al Ejército en complicidad con el cártel Guerreros Unidos ni se ha esclarecido qué otros funcionarios estaban coludidos con los delincuentes, no sólo a escala municipal, sino también federal y estatal, incluyendo al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Por lo que, aseguró, que no avalarán el informe que dio a conocer este martes el procurador Jesús Murillo Karam e impedirán que el gobierno cierre el caso, así como que llevarán el caso ante diversos organismos internacionales, para que se siga investigando lo ocurrido hasta llegar a la verdad, entre ellos el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas –el próximo 2 y 3 de febrero, cuando dicho órgano evalúe la actuación de México en esta materia– y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, el rector de la UNAM, José Narro Robles, dijo que nadie “en su sano juicio” puede permanecer indiferente ante los horrores que, afirmó afectaron hace cuatro meses a estudiantes de Ayotzinapa y a la población de Iguala, Guerrero. Advirtió que lo ocurrido en Iguala ha impactado la conciencia nacional “y que nos siguen afligiendo”, “pero tampoco podemos mantener el estado de cosas que subyace a la tragedia. Es indispensable que México cambie y debe hacerlo en los grandes ámbitos de la vida nacional.
“Al mismo tiempo, soy uno de los muchos que entienden el duelo, el coraje y el dolor que embarga a muchos, en particular a los familiares de las víctimas, sin embargo, también soy uno de los que piensan que la violencia no es solución y que la venganza no es sino otra forma grave de injusticia”.
El caso Ayotzinapa envuelve opiniones encontradas. El hecho es inaceptable e inhumano, y nada justifica la desaparición y asesinato, sí es el caso. Vivimos en una sociedad polarizada, y gobernada por autoridades ingobernables; los estudiantes normalistas fueron rechazados cuando estos pedían ayuda para salvar a sus compañeros desaparecidos y para recibir atención médica.
Fueron ignorados porque para la sociedad mexicana, todos los normalistas son “unos revoltosos” y ese prejuicio trasciende en las condiciones de vida en las que puedan vivir los jóvenes y sus familias, así lo ha dejado ver la tragedia en Iguala.
Por su parte, el crimen organizado coludido con las autoridades locales a lo largo del país, se han confiado de la impunidad que inunda a México quebrantando su compromiso de servir a la sociedad a cambio de servir al crimen.
Información de El Universal, La Jornada, Milenio y El País, España,