Tlatlaya e Iguala

Raúl Jiménez Vázquez

Una indiscutible sorpresa significó para el mundo entero el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La trascendental determinación fue adoptada por la Casa Blanca en virtud de que, en palabras del propio presidente Barack Obama, ya era necesario poner fin a un enfoque obsoleto cuyo fracaso se puso manifiesto a lo largo de varias décadas.

Tal decisión amerita sin duda la realización de un análisis de carácter multidimensional; por lo pronto es oportuno subrayar el hecho de que a través suyo se ha magnificado la necesidad de que los gobernantes revisen críticamente sus enfoques, esto es, los modelos mentales, supuestos, generalizaciones e imágenes que influyen en lo que se piensa y en lo que se hace.

En La marcha de la locura, obra de la intelectual estadounidense Bárbara W. Tuchman, se relata cómo grandes acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad, desde Troya hasta Vietnam, han tenido como causa eficiente la inercia, la rigidez, el estancamiento mental, el no sacar inferencias de las señales negativas y la incapacidad para aprender de la experiencia.

El abandono de los enfoques caducos ha sido la clave del avance democrático en otras latitudes. En países como Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, El Salvador y Guatemala, los líderes políticos entendieron que la adhesión a las viejas fórmulas del disimulo, el olvido, las complicidades, la impunidad y la injusticia sólo conduce a la perpetuación de la inestabilidad social. La asunción de nuevos paradigmas produjo un giro estratégico y, entre otras medidas relevantes, se pusieron en marcha sendas comisiones de la verdad.

Brasil es el ejemplo más reciente de esa formidable metanoia política. A instancias de la presidenta Dilma Rousseff se formó la Comisión Nacional de la Verdad, a la que se encomendó la indagación de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura militar que asoló a esa nación durante los años de 1964 a 1985. En el informe final rendido hace unos días se consignó que las torturas, asesinatos y desapariciones formaron parte de una política de Estado ideada e implementada con base en decisiones emanadas de la Presidencia de la República y de los ministerios militares.

El presidente Peña Nieto debe sacar el máximo provecho de la histórica lección brindada por el Ejecutivo norteamericano y sus pares latinoamericanos. Es hora de poner en el cesto de la basura los enfoques obsoletos y permitir que fluyan nuevas visiones, afines a los nuevos tiempos, a los enérgicos reclamos sociales, a los reales sentimientos de la nación.

La creación de una comisión ciudadana de la verdad encargada de la investigación de las casi treinta mil desapariciones forzadas y de las horrendas tragedias de Tlatlaya e Iguala sería la señal luminosa del inicio del anhelado cambio humanitario que deseamos muchos mexicanos.