EDITORIAL

 

 

 

Cada vez se extiende más la percepción, la certeza, de que hoy ya no gobiernan las instituciones sino la delincuencia. Cada día toma más fuerza la sensación de que las autoridades han renunciado a la facultad y obligación constitucional que tienen de aplicar la ley, y —lo peor— que han decidido, ya con conciencia, doblar las manos para que otros gobiernen.

El martes 20 de enero, el Consejo Coordinador Empresarial publicó un desplegado con el título “México se los demanda”. Es un grito más, de muchos que les dicen a los representantes de los tres poderes federales, de que los ciudadanos se encuentran indefensos, impotentes, frente al creciente poderío de la delincuencia organizada.

Delincuencia organizada a la que no sólo pertenecen los cárteles sino las cúpulas sindicales magisteriales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, las organizaciones que supuestamente apoyan a los padres de los normalistas desaparecidos, agrupaciones de diversa procedencia y tinte político que han hecho de la protesta, la presión y el chantaje un fructífero modus vivendi.

Así, desde la omisión, desde el dejar hacer, con miedo a ejercer la ley, lo que mandata la Constitución, permitiendo que la impunidad cobre cada vez más arrogancia, no se ganan elecciones. Si ésa es la apuesta, se trata de un cálculo, de una premisa equivocada.

Estamos en el país del “no pasa nada”, y no porque la nación goce de paz y estabilidad. Sino porque los mexicanos y el mundo mismo ven con asombro y perplejidad, con indignación y rabia, cómo la autoridad constitucional, los tres niveles de gobierno permiten la destrucción, paso a paso, minuto a minuto de la nación.

Individuos encapuchados atacan los cuarteles militares y “no pasa nada”. Líderes magisteriales, defensores de nóminas ilegales, bloquean carreteras, toman por asalto aeropuertos, gasolineras, comercios, destruyen la economía de ciudades enteras, y “no pasa nada”.

Peor todavía: inexplicablemente a nadie parece importarle que las reformas recientemente aprobadas por el Congreso fracasen ante un clima de inseguridad donde la impunidad gobierna y hace añicos los derechos y libertades de la mayoría de la población.

En la conciencia colectiva aflora, por lo tanto, cada vez con más frecuencia la pregunta: ¿a quién defiende, real, verdaderamente, la autoridad?

Las elecciones intermedias funcionan siempre como una calificación a quienes gobiernan. Los comicios de 2015 no serán una excepción, por lo que en el centro del escenario electoral, lo quieran o no los candidatos, van a estar dos temas: seguridad y economía.

Si antes del 7 de junio, si mucho antes del día de las elecciones, si hoy mismo, el electorado no percibe un giro rotundo y absoluto en la falta de toma de decisiones, no sólo habrá derrotas fulminantes sino falta absoluta de apoyo y, por ende, de legitimidad para seguir en el poder.

Y eso —eso— es exactamente lo que buscan quienes piden la anulación de elecciones en Guerrero y en el resto del país. ¿Cómo gritarlo, cómo decirlo para que alguien entienda que el objetivo es anular las instituciones?

¿Y cómo hacer entender que el tiempo se agota y ha llegado la hora de corregir errores?