De ninguna, manera la anarquía
Alfredo Ríos Camarena
El Estado de derecho constituye la piedra de toque para que una sociedad se desarrolle en un marco de respeto a las garantías individuales y a las libertades ciudadanas que desemboca en el régimen democrático; en el caso de la Constitución mexicana habrá que agregarle la teleología histórica de la Carta Magna que implica objetivos de distribución y justicia social; con estos propósitos se fundamenta el Estado social de derecho.
La normalidad democrática implica el reconocimiento al marco jurídico, y su tácito cumplimiento por parte de gobernantes y gobernados es un pacto de respecto que nos permite la certidumbre jurídica; sin embargo, el rompimiento constante del sistema penal por parte de la delincuencia organizada ha planteado un escenario que hay que modificar tajantemente, que implica reformas no sólo en la penalidad, normatividad y tipología, sino también en adecuaciones a la organización policiaca, a la procuración de la justicia, al régimen penitenciario y a todas las estructuras del Poder Judicial.
Por otro lado, es condición sine qua non para un gobierno de corte democrático el respeto a las garantías individuales, particularmente aquéllas que implican la posibilidad de la protesta social como lo son las libertades de expresión, de reunión, de petición, de manifestación, de asociación, de tránsito, etc. Los gobernados tienen el derecho inalienable de defender sus garantías y combatir el autoritarismo, sin embargo, hemos visto en los últimos meses que el ejercicio de este derecho se ha convertido en impunidad, se han violado innumerables normas de derecho público y social, particularmente por parte de grupos sindicales; por supuesto existe una gran solidaridad social en los trágicos acontecimiento de Iguala, donde sin duda deben respetarse las organizaciones sociales, a los familiares y a quienes han sido solidarios frente a estos proditorios hechos; sin embargo, con el pretexto de esta demanda de justicia se ha propiciado una cadena de acontecimientos francamente ilícitos: ataques a las vías generales de comunicación, como el cierre de carreteas y de casetas, incendios en propiedad privada y en edificios públicos, como el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, el Congreso de Guerrero, instalaciones del Instituto Nacional Electoral en ese estado, las sedes de los partidos políticos en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, y ahora sorprendente e inusitadamente grupos de protesta intentan tomar instalaciones militares en Chilpancingo y en Oaxaca los días 12 y 13 de enero, incluso el Ministerio Publico Militar ha levantado actas.
Es increíble la disminución del poder público que, en aras de la tolerancia y el diálogo, está sacrificando la esencia del Estado de derecho al permitir que se le agreda, se le falte al respeto y se le ponga en ridículo, frente a una sociedad que no puede aceptar esta falta de acción de las fuerzas públicas; nadie está solicitando la represión, simplemente la aplicación —con sensibilidad política— de la fuerza pública; la tolerancia debe tener como límite el respeto al derecho de los demás, pues no sólo se afectan los poderes públicos, sino a la sociedad civil en la prestación de los servicios que forman parte esencial del Estado de derecho.
En el caso de la disidencia magisterial, está claro que su objetivos son evitar que la reforma educativa controle las prebendas ilegales con que se han alimentado los sindicatos en los últimos años; meter en cintura a estos grupos sociales es una exigencia de la sociedad que ve con simpatía a sus mentores y al magisterio, pero está asombrada y estupefacta desde hace ya mucho tiempo por la permisibilidad, casi cómplice, de diferentes gobiernos estatales.
En un Estado de derecho se debe aplicar la ley frente a los desmanes inadmisibles de estos grupos insurgentes.
Tolerancia, sensatez y negociación sí, pero de ninguna manera rendimiento incondicional, no a la anarquía; Estado de derecho, imperativo categórico.