Tope donde tope
Raúl Jiménez Vázquez
Pese a la pretensión gubernamental de “darle vuelta a la hoja y seguir adelante”, proyectada en una estrategia mediática de retorno a la “normalidad”, exaltación de la reforma energética y soslayamiento de la gravedad de los sucesos de Tlatlaya e Iguala, éstos siguen siendo el tema de tema de la agenda política nacional.
Por lo pronto, la CNDH decidió tipificar como graves las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares que llevaron a cabo las ejecuciones sumarias o extrajudiciales en la localidad mexiquense. Esta determinación reviste una enorme trascendencia en virtud de las siguientes circunstancias: I) de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida a raíz del caso Barrios Altos del Perú, transgresiones de este calibre no son susceptibles de prescripción, amnistía, perdón, indulto o cualquier otro beneficio legal, II) igualmente conlleva el reconocimiento tácito de que se trata de presuntos crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma y por ello mismo, dado el caso, pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
En adición a lo anterior, hay que destacar el hecho de que en breve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomará cartas en el doloroso caso de los jóvenes de Ayotzinapa, según lo pactado en el convenio de asistencia técnica signado con el Estado mexicano. Lo hará a través de un grupo interdisciplinario de cinco expertos de distintas nacionalidades de los cuales resalta por su trayectoria la distinguida y valiente jurista guatemalteca Claudia Paz, impulsora de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y fiscal encargada de investigar y perseguir el genocidio perpetrado por el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt en contra de miembros de la etnia de los ixiles.
El mandato conferido al grupo de expertos tiene una vigencia de seis meses, susceptible de ampliación por todo el tiempo que sea necesario, y será materializado mediante el ejercicio de las siguientes atribuciones: I) elaboración de planes de búsqueda en vida de los desaparecidos, es decir, de entrada se descartaría la hipótesis oficial de su ejecución en el basurero de Cocula; II) análisis de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, lo que podría aparejar el quiebre de la resistencia gubernamental a la indagación de las acciones u omisiones de los militares adscritos al batallón de Iguala; III) análisis del plan de atención integral a las víctimas, a fin de asegurar que se brinden la atención y las reparaciones que sean necesarias.
La inédita intervención de la Comisión Interamericana sin lugar a dudas servirá para imprimir a la investigación del horrendo caso de Iguala los grados de imparcialidad, independencia mental, transparencia, objetividad, profundidad, auditabilidad, credibilidad y estricto apego a la verdad histórica de los hechos, tope donde tope, que no han podido alcanzar las autoridades nacionales.