Entrevista a Roberto Duque Roquero/Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Nora Rodríguez Aceves

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un gran reto, muy grande, pero conviene no sólo a Guerrero sino a todo el país procurar que existan las condiciones para el desarrollo de los comicios del 7 de junio próximo y es obligación de todas las autoridades dar garantías a las instancias electorales para que realicen su trabajo. Sería un retroceso terrible para la entidad y un precedente funesto para todo el país que no se desarrollaran elecciones, el daño en términos de estabilidad constitucional sería mucho más grave si no se diera la renovación de los poderes del Estado con bases democráticas, afirma Roberto Duque Roquero, académico y especialista en democracia y en derecho constitucional.

Ante el contexto complicado de violencia y conflictos sociales que padece el país, en particular en Guerrero, y frente a la amenaza por parte de organizaciones sociales y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) de que no habrá elecciones constitucionales este año, “el panorama general rumbo a las elecciones concurrentes donde habrá de elegirse gobernador, 9 diputados federales, 46 diputados locales y 81 alcaldes es extremadamente complejo por varias razones; yo confío en que habrá comicios en la entidad y en que las cosas se recompongan para junio porque soy un partidario de la democracia, aunque ahorita es difícil dar un discurso en favor de la democracia porque tiene altos niveles de desprestigio en México”.

Es impresionante el desprestigio que tiene la democracia y para muestra “ahí tenemos lo que dice el Latinobarómetro, una muy seria institución de estadística a nivel latinoamericano que en su último reporte de 2013 el reactivo que pone es: ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno?; le preguntan a 18 países de la región y de todos estos países México es el último lugar, sólo el 37% dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”.

La culpa es de los malos políticos

Aunque Duque Roquero considera que “la democracia no tiene la culpa sino la culpa en gran medida es de los malos políticos, de los malos gobernantes, y la verdad es que la democracia como forma de gobierno está en peligro con estas amenazas de que no se realice el proceso electoral, todo lo que hemos visto, la toma de oficinas del INE en una serie de lugares en Tlapa, Chilpancingo, para empezar, Acapulco y demás, es un signo muy preocupante pero que está alentado en algún grado por este componente que menciono, entonces sin duda alguna es un escenario muy delicado”.

Roberto Duque es académico de la UNAM, es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho en las áreas de Derecho Constitucional y de Derecho Electoral. Como servidor público ha sido asesor en el Instituto Federal Electoral, secretario en la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y jefe de Unidad de Asuntos Nacionales en esta misma institución.

El constitucionalista explica a Siempre! los posibles escenarios jurídicos de no llevarse a cabo elecciones. “En caso de cancelación o en su defecto de aplazamiento de comicios, el primer punto que hay que tener presente es que el próximo 7 de junio están calendarizadas elecciones tanto federales como locales; entonces yendo por partes, el Congreso Federal en el supuesto de que no haya elecciones quedaría incompleto porque no se conjuntarían los 500 diputados federales. Como sabemos, 9 de los 300 distritos electorales federales están en el estado de Guerrero, sin embargo habría legisladores federales suficientes para que el Congreso siga funcionando, concretamente la Cámara de Diputados.”

Lo que no sucedería en la entidad, ya que ahí sí se quedarían “sin poderes electos, sin autoridades constitucionalmente electas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y naturalmente municipal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé mecanismo alguno para cancelar o para posponer las elecciones, esto implica que ningún órgano del Estado puede alterar el calendario electoral, por ello el Instituto Nacional Electoral está insistente en que tiene que haber elecciones porque jurídicamente no está previsto el mecanismo”.

“En Guerrero los integrantes de los ayuntamientos, los ediles, concluyen en agosto su periodo de tres años porque en México la renovación de poderes es periódica y con plazos definidos, los diputados locales concluyen en septiembre sus tres años también, el gobernador en octubre es cuando concluye el periodo de cuatro años y siete meses para el que había sido electo Ángel Aguirre, entonces quedaría sin poderes, y la Constitución no lo prevé, entre otras cosas porque la cancelación de elecciones es la negación misma del Estado democrático y, por supuesto, entraríamos en una lógica de vacíos legales de difícil resolución y quienes tendría que entrar finalmente para que no exista un vacío de autoridad en el Estado tendrían que ser necesariamente los poderes federales, de modo tal que Guerrero estaría privándose de tener gobernantes electos por los guerrerenses.”

Las elecciones y la Constitución

No obstante, Roberto Duque expone “las dos disposiciones más cercanas, insisto en que no hay previsión en la Constitución, seguramente son la del artículo 29 y la del artículo 76, fracción V constitucional. En la primera de ellas, el artículo 29 lo que dice es que, en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro problema que implique un grave peligro o conflicto en la sociedad, el presidente de la republica con la aprobación del Congreso de la Unión, que éste sí quedaría instalado por más que no haya elecciones en Guerrero, puede suspender las garantías”.

Sin embargo, “también precisa el propio artículo 29 que en esta suspensión que se pudiera hacer no se puede restringir el ejercicio de derechos y concreta y explícitamente se señalan los derechos políticos, por lo tanto no es posible la aplicación, desde mi punto de vista jurídico, de esta disposición”.

El otro precepto, “el artículo 76, fracción V, es el de la desaparición de poderes en un estado; tampoco me parece que aplica pero hay que tomar cuando menos la referencia. Este artículo 76 dice que cuando hayan desaparecido los poderes de un estado se nombrará por parte de los poderes federales, en este caso el Senado de la República, a propuesta de una terna que haga el presidente de la república, un gobernador provisional pero para que convoque a elecciones”.

Aunque, “no aplica este supuesto porque hay una ley reglamentaria de esta fracción V del artículo 76 constitucional, en donde establece con toda puntualidad los supuestos para la desaparición de poderes que se da, presuponiendo que existen esos poderes, valga la obviedad, se declara la inexistencia de algo que en este caso, en la hipótesis de que en un estado los poderes rompan con el pacto federal, rompan con los principios constitucionales, de tal forma que esto está hecho para el caso de que irrumpan, violen la Constitución, los poderes de un estado y entonces llega la federación y puede declarar la desaparición de poderes; por lo tanto tampoco es aplicable, pero si no hubiera elecciones y no hay poderes en el estado de Guerrero tendría que tomarse alguna medida, así lo visualizo yo, por parte de los podres federales para evitar el vacío de autoridad y proceder a un nombramiento más o menos de estas características sin una base constitucional precisa”.

Esto por supuesto, “podría ser impugnable ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ya sabemos: el principio por el cual las autoridades no pueden hacer más que aquello para lo que tienen atribuciones explicitas y expresas, para los ciudadanos es diferente, para ellos todo lo que no está prohibido está permitido, entonces con todo esto lo que quiero decir es que entraríamos en un escenario muy difícil de resolución, en un escenario sumamente complejo en términos jurídicos”.

Roberto Duque expresa su opinión sobre los anuncios hechos por parte de los promotores del Consejo Popular de que en 2015 no habrá comicios en muchos de los municipios, ya que los pueblos ratificarán su de determinación de nombrar autoridades municipales por la vía de los usos y costumbres. “La intención es que la instalación de los consejos derive en la anulación de las elecciones en los municipios donde se declare la disolución de los cabildos. La determinación no es unilateral… se puso en marcha después de afianzar acuerdos con comisarios y presidentes de comités de colonias populares.”

La democracia estaría en peligro

“Estaríamos en un terreno por supuesto anticonstitucional al no estar previstas estas autoridades, sería muy peligroso que caigamos en otras formas de tomar las decisiones públicas. El sistema democrático que está previsto en la Constitución es para dotar de certeza y de claridad quién tomará las decisiones por nosotros. En nuestra democracia indirecta hay mandatarios o representantes que toman las decisiones por nosotros, pero que son electos por la mayoría de la comunidad toda, y aquí lo que estaría en entredicho es quién colocará a estas personas, y si realmente responden a la voluntad de la mayoría. Este tipo de experimentos pueden conducir a escenarios anarquistas en muchas ocasiones por esta falta de legitimidad que podrían tener estas autoridades; yo creo que lo que procede, lo que conviene, es atenernos al régimen democrático que tenemos, es decir, que los guerrerenses por mayoría determinen quiénes serán los gobernantes de la manera que está prevista en la Constitución.”

Frente a este panorama, Roberto Duque afirma que “por más que nos indigne la barbarie, la bestialidad de lo sucedido en Iguala, el caso de Ayotzinapa, que es un símbolo de la descomposición que experimenta el país, me parece un grave error canalizar la ira hacia lo que parece tener irreflexivos tintes de anarquismo. Las protestas tienen que ser por la vía pacífica y la solución no es que no haya elecciones; es como, si me permite el símil o la analogía, una persona tiene una enfermedad en el cuerpo y resultó mal una medicina o el médico hizo algo mal y se da al abandono diciendo, ya no voy a tomar más medicamentos ni voy a ir con doctores; esto es exactamente lo que se estaría dando en Guerrero, abandono en términos de democracia, de un sistema democrático que tiene que estar previsto en las normas generales porque si cada quien saca sus reglas y cada quien saca su ocurrencia de cómo es que deben ser suplantados estos poderes tradicionales que hemos tenido hasta ahora, ello puede conducir a situaciones aún más caóticas y puede haber riesgos de mayor impunidad aún”.

Aunque, “hay una cuestión aparte que agrava la situación o la hace especialmente delicada: hemos visto en muchos casos, pero no nada más en Guerrero, también en Michoacán, también en Oaxaca, autoridades permisivas de violaciones legales por parte de quien protesta, y puede tener muy buena razón para protestar, está bien la protesta pacífica, pero en algunos casos no es pacífica y genera afectación a derechos de terceros, pues hemos visto casos desde toma de casetas y cobro de peaje hasta quema de oficinas públicas con autoridades completamente permisivas”.

Esta actitud permisiva de las autoridades “podría ser un germen para que no se den las condiciones de facto para que haya elecciones, la impunidad no puede combatirse con más impunidad, y si seguimos así, la probabilidad de que no haya elecciones podría ir en aumento en tanto las autoridades participen en este imperio de la impunidad, porque autoridades que son ausentes en el cumplimiento de la ley fertilizan el terrero para que el orden democrático quede roto. Recordemos que también está el tema de los trabajadores de la educación, la CETEG, personas que también tienen en su agenda echar abajo una reforma educativa que se aprobó constitucionalmente, y en este clima es en el que están llevando a extremos preocupantes sus protestas”.

Para redondear diría, “en México tenemos un Estado de derecho con muchas deficiencias que urge fortalecer, pero imaginemos un escenario de anarquismo, es decir, bien o mal los responsables de esta matanza, de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes, ya no están ejerciendo el poder, han sido procesados, las cosas podrían ser todavía peores sin al menos alguna dosis del sistema democrático y del Estado de derecho”.