Ayotzinapa
Raúl Jiménez Vázquez
En el mensaje de fin de año difundido por la Presidencia, se consignó el siguiente pensamiento: “Extrañamos a los que ya no están aquí, pero tenemos la obligación de salir adelante”. El señalamiento está referido a la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa y es coincidente con el pronunciamiento hecho por el Ejecutivo en el sentido de que es menester “darle vuelta a la hoja” a esta barbarie.
Los familiares de los afectados no sólo se oponen categóricamente a la pretensión presidencial, sino que están exigiendo que la investigación se extienda a los miembros del batallón de infantería destacamentado en Iguala, quienes supuestamente habrían intervenido en los hechos; tal postura es enteramente fundada y no puede ser objeto de crítica o reproche alguno.
Se trata sin lugar a dudas del ejercicio del derecho humano imprescriptible a saber la verdad que es inherente tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto, el cual ha sido reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, formulados por el relator Louis Joinet y aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Dos acontecimientos recientes justifican más aún el ejercicio de esta prerrogativa fundamental, pues a través suyo se ha puesto en un severo entredicho la versión oficial propalada por la Procuraduría General de la República: I) la publicación de un impactante reportaje periodístico en el que se afirma que los milicianos estuvieron al tanto de la brutal agresión desplegada en contra de los estudiantes, II) la viralización del estudio elaborado por el doctor Jorge Montemayor, investigador del Instituto de Física de la UNAM, donde se sostiene que la quemazón de los cuerpos en el basurero de Cocula es un hecho de imposible realización, ya que para ello habría sido necesario conjuntar un alucinante número de vehículos, troncos de madera, llantas, alambres…
El reclamo de los padres de los muchachos no ha caído en el vacío. Afortunadamente, luego de un fructífero encuentro en la normal de Ayotzinapa, el presidente de la CNDH se comprometió a abrir una investigación para esclarecer si el Ejército incurrió en violación a los derechos humanos.
En el mismo tenor, dentro del reporte correspondiente al 153 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la conexión que existe entre los crímenes de la guerra sucia y el brutal ataque a los jóvenes estudiantes, lo que viene a subrayar la necesidad de llevar la indagatoria hasta las últimas consecuencias.
Resulta imperioso saber la verdad plena, íntegra y tope donde tope. De una investigación rigurosa, ejemplar e imparcial dependen la recuperación de la credibilidad del gobierno y la posibilidad de que se instaure una genuina cultura de respeto a la dignidad humana.