Uso legítimo de la fuerza
El reto no es tomar decisiones;
cualquiera las toma; el reto es aceptar
vivir las consecuencias de tus decisiones.
Anónimo
José Fonseca
Nadie debe sorprenderse porque en este año electoral, durante el cual se renuevan la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, y se disputarán a nivel local miles de alcaldías y diputaciones locales, además de la Asamblea Legislativa del DF y las dieciséis delegaciones, los discursos políticos sean más estridentes, más exagerados y pomposos que los de los pasados dos años.
La sola renovación de la Cámara de Diputados implica la primera redistribución del poder federal desde las elecciones presidenciales, la cual abre la oportunidad para que las fuerzas políticas, las viejas y las nuevas, construyan bases electorales más sólidas, al menos lo suficiente como para compensar la sistemática campaña de desprestigio a que están sujetos los políticos y la política.
Tampoco debe sorprendernos la táctica de los principales partidos de oposición cuyo único propósito es subrayar los errores cometidos por el gobierno peñista, magnificar las dificultades y convencer a los electores de que el sexenio ya fracasó, aunque todavía falten casi cuatro años para que termine.
Es innegable que, como dice el lugar tan común, después de las reformas, se enfrentan circunstancias que son muy distintas a las que enfrentaba el gobierno peñista al inicio de su administración.
El entorno económico muestra nubarrones que, pese a que los análisis más realistas muestran que no se avizora una catástrofe en el horizonte, la situación no deja de provocar nerviosismo en una población que aún no olvida la crisis que arruinó a tantos hace ya casi una generación.
Ese nerviosismo, por supuesto, lo explotan los intereses políticos y económicos que buscan sacar ventaja y, de ser posible, acotar el poder que las reformas dieron al Estado.
Políticamente la situación es compleja, porque la inacción frente a desafíos al poder del Estado ha ensoberbecido a grupos políticos radicales y a organizaciones con vinculaciones criminales que medran en la violencia, la propician y la provocan.
Ha llegado, sin embargo, la hora de que el gobierno peñista tome decisiones, decisiones que implican en ciertos casos el uso legítimo de la fuerza del Estado para asegurarle a la población que sólo el Estado le garantiza la seguridad de sus vidas y sus bienes.
No puede retrasarse la toma de decisiones, porque las provocaciones aumentan y consiguen que ciertos sectores perciban debilidad del Estado y vean la posibilidad de escalar las acciones de violencia y las provocaciones.
Ojalá y el gobierno peñista asuma su responsabilidad. Privilegie la paz y la seguridad ciudadana, indispensable para un desarrollo económico sano, y se decida a tomar decisiones duras ahora, porque si se retrasan el costo puede ser muy alto, altísimo.
jfonseca@cafepolitico.com