A casi un año del cierre de la Línea dorada del Metro, en marzo de 2014, se iniciará una nueva etapa de análisis y debate sobre la compatibilidad de los trenes con los rieles por la Comisión de Investigación para la línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y que no se verá afectado por los tiempos político-electorales.

Asimismo, anunció que el domingo discutirán si citan a comparecer al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; el miércoles, Ebrard envió una carta al presidente de la comisión, el priista Marco Antonio Calzada, en la que solicitó comparecer para presentar la información que tiene y “dar la cara” sobre las decisiones que llevó a cabo durante su mandato en el proyecto de la Línea 12.

Sanciones por fraude y corrupción

“La magnitud del perjuicio causado y la gravedad de las desviaciones a los principios que rige el servicio público” en el colapso de la Línea 12 del Metro, la Cámara de Diputados pide a las autoridades judiciales locales y federales “imponer sanciones ejemplares en los niveles superiores de decisión entre los funcionarios que instruyeron, permitieron o toleraron acciones indebidas”.

Además, instaron al jefe de gobierno a que “gire instrucciones al contralor general del Distrito Federal para profundizar en la determinación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a quienes es atribuible el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones, con fundadas sospechas de fraude y corrupción, las cuales redundaron en las irregularidades reveladas en las auditorias e investigaciones realizadas por los órganos de control locales y federales”.

Por lo anterior, han solicitado también al procurador general de Justicia del DF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, que “con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General, proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la PGR, a efecto de que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas”.

Y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que al recibir la documentación por parte de la PGJDF “proceda a la integración de averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales, competentes, a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades de funcionarios públicos y empresas privadas”.

Sin embargo, especificaron que “en una administración pública con un esquema jerárquico de responsabilidades y normas claramente definidas, como es el Gobierno del Distrito Federal, se recomienda deslindar responsabilidades al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo; y al ex titular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.

En el amplio documento de 93 cuartillas, que presentará el presidente de la Comisión Especial, el priista Marco Antonio Calzada Arroyo, se concluye que “existen bases fundadas para recomendar sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público”.

Los diputados también, planean solicitar varios documentos al gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), como el informe completo de la opinión que presentó de la empresa alemana TÜV Rheinland sobre la compatibilidad de los trenes, así como a la empresa proveedora de estos, CAF, el dictamen que elaboró sobre este mismo tema y el informe completo y anexos de la tercera etapa del dictamen de Systra.

Asimismo, pedirán el plan integral de rehabilitación y que la Sobse informó que ya está completado en su totalidad, y la información relacionada con los contratos de obras, montos y mecanismos de adjudicación; la Contraloría General del DF informó que el tercer paquete de sanciones que se tenía previsto presentar este mes, se pospondrá hasta marzo.

En el Informe, entre las conclusiones que destacan es que “de la información recabada y expuesta, el origen de las fallas que culminaron en el cierre de las 11 estaciones de la Línea 12 se debe a deficiencias de diseño y la falta de coordinación en los trabajos”, porque los estudios realizados demostraron que el tren no se inscribe correctamente en una vía con tales características y es el elemento determinante en la causa del desgaste ondulatorio.

“Esta circunstancia provocó además el incremento de los costos de mantenimiento, así como una disminución del tiempo de vida útil, tanto de los elementos que componen la vía como del propio material rodante”.

Garantizar seguridad en el transporte

El gobierno de la ciudad tiene la obligación de trabajar para restablecer en su totalidad el servicio de la línea 12 del Metro, buscar que los trenes sean los óptimos y, sobre todo, garantizar la seguridad de las miles de personas que a diario se trasladan por ésta, expresó Miguel Ángel Mancera.

Además, reiteró que el compromiso es poner en funcionamiento, antes de finalizar 2015, las 11 estaciones que fueron cerradas en marzo pasado, porque “sería absolutamente irresponsable autorizar que se echara a andar la línea en este momento, porque no se tienen las condiciones de seguridad; ya todo mundo lo conoció en el informe de Systra”.

El mandatario capitalino evito pronunciamientos sobre el informe preliminar, que comenzó a circular el martes, de la comisión investigadora que da seguimiento a los recursos federales que se destinan o destinaron a la Línea dorada del Metro.

“De manera oficial no tengo ningún dictamen o resultado de esta comisión; no sabemos ni tenemos la certidumbre jurídica de la existencia del mismo”, aseguró y que se comprometió a que, cuando sea avalado por la comisión y se notifique al Gobierno del Distrito Federal, hará los comentarios correspondientes o designará a los funcionarios que los harán.

En relación a la carta que el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon envió a los diputados pidiéndoles que lo citen a comparecer, Mancera indicó que corresponde al Poder Legislativo federal responder, no a él.

Explicó que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se encarga de supervisar los recursos federales que se destinaron a la construcción de la línea 12, mientras que a la Contraloría General del Distrito Federal corresponde una serie de auditorias que han permitido ubicar a algunos de los responsables de las irregularidades en la obra.

“Faltan dos (auditorías) todavía; se están cerrando. Esperaría que estuvieran a mediados de marzo; son muchos datos técnicos los que hay que revisar, porque falta la parte de trenes y de todo este engranaje rueda-riel”, dijo.

Sobrecosto de la Línea dorada

Sólo durante 14 meses fue provechosa la habilitación de la más reciente alternativa, pero también defectuosa, de transporte del Metro: la Línea dorada; la reparación y la atención a las afectaciones de los usuarios han costado al menos mil 163 millones de pesos, una cifra que seguirá creciendo, han reconocido las autoridades.

Para reparar el tramo en problemas, que abarca 11 de las 20 estaciones de la Línea 12, el GDF destinó 893 millones de pesos, según funcionarios capitalinos; además, el secretario de Finanzas local, Edgar Amador, dijo que también se destinaron 62.73 millones de pesos para los diagnósticos contratados con las empresas TSO y Systra para detectar las anomalías en la obra.

Una situación que asimismo ha generado gasto público es que hasta diciembre el GDF pagó cerca de 208 millones de pesos por el contrato de 240 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), para cubrir la ruta de las estaciones sin servicio, lo que también seguirá contemplándose.

Según estimaciones e Amador, emplear estos autobuses tiene un costo diario aproximado de un millón de pesos y si la Línea 12 se reanudará en noviembre, aproximadamente, sumarían casi 600 días de inactividad, lo que, de acuerdo al cálculo del funcionario, es decir, un total de 600 millones de pesos.

Desde el cierre de la línea 12, la RTP ofrece servicio gratuito de Atlalilco a Tláhuac, de Periférico Oriente a Tasqueña y de Tláhuac a Constitución de 1917, a través de camiones que cubren el horario de 05.00 a 00.00 horas de lunes a viernes, a partir de las 06.00 en sábados y de las 07.00 en domingos.

Los gastos de estos recursos en reparaciones y atención de afectaciones es independiente al sobrecosto de inicio en la construcción de la obra.

Cuando la Línea 12 empezó a construirse en 2009 para ir de Tláhuac (oriente) a Mixcoac (poniente), se tenía previsto que costara 17 mil 583 millones de pesos, sin embargo, al final la cifra ascendió a cerca de 26 mil millones: unos 8 mil millones adicionales, es decir, 48 por ciento más de lo previsto