Un juez federal decidió suspender temporalmente las medidas ejecutivas migratorias ordenadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados, ante lo que la Casa Blanca apelará porque considera que Obama ha actuado “dentro de su autoridad legal”.
“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se implemente esta política legal y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará dicha decisión”, agregó en un comunicado el portavoz de Obama, Josh Earnest.
Se estima que el caso concluya en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleáns, aunque el fiscal general, Eric Holder, que ha calificado la decisión del juez texano como un “paso provisional”, ha indicado que todavía se están analizando todas las opciones legales a su disposición.
La decisión del juez Andrew Scout Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas –el Estado que ha impulsado la demanda- impide por el momento las medidas migratorias que estaban a punto de ejecutarse.
Este miércoles se abría el plazo para extender la Acción Diferida para jóvenes llegados en la infancia (DACA), el programa que desde 2012 le ha permitido a más de medio millón de jóvenes indocumentados evitarse deportación y obtener un permiso temporal de trabajo.
Después se tenía previsto que en los próximos meses, en mayo, iniciara un nuevo programa para dar permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, conocido como DAPA.
Al respecto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, manifestó su desacuerdo con el fallo, aunque reconoció que el Gobierno debe cumplirlo hasta que se pronuncie otra corte superior e incluso indicó que “el Departamento de Seguridad Nacional no comenzará a aceptar peticiones para la expiación de DACA el próximo 18 de febrero, como estaba planeado originalmente. Hasta nuevo aviso, también suspenderemos el plan para aceptar peticiones DAPA”.
Jonson ha especificado que la decisión del juez no afecta a los individuos que aún califican para DACA según los criterios de 2012 o aquellas que necesiten renovar su estatus, y que la orden de la corte no afecta la capacidad de este departamento para implementar prioridades en el control de las leyes de inmigración.
En noviembre de 2014, junto con el anuncio de DAPA el gobierno marcó nuevas prioridades para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados -24 republicanos y dos demócratas- contra las acciones ejecutivas, argumenta que de no frenarlas se produciría un “daño irreparable”, por lo que ha concedido “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta “una orden ulterior de este tribunal”.
El magistrado, conocido por otras resoluciones críticas con la política migratoria, considera que la Administración no ha llevado a cabo los procedimientos básicos exigibles para aplicar el plan migratorio, además de que reprocha al Gobierno que no haya sido capaz de un mayor control de las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigración legal, de manera que apoya la queja de los Estados en relación con el coste que ya les supone la lucha contra la inmigración irregular.
La vía legal es una más de las vías de la oposición contra las acciones migratorias dictadas por Obama en noviembre, ante la negativa del Congreso de aprobar una reforma migratoria que propusiera una solución para los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.
La oposición republicana, que domina las dos cámaras del Congreso desde enero, también ha buscado revertir las medidas al presionar mediante la retirada de fondos del Departamento de Seguridad Nacional.
Este ministerio es el único que no ha conseguido financiamiento hasta finales del año fiscal, sino que se quedará sin recursos a partir del 27 de febrero, a menos que los congresistas aprueben una nueva partida de dinero.
Algo que hasta ahora no ha funcionado por los intentos republicanos de incluir en ella medidas para revertir las acciones ejecutivas migratorias, hecho rechazado por los legisladores demócratas.
El fallo judicial de Texas le ha servido al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, para reclamarle a los demócratas que se alejen de la batalla legislativa, “ojalá que los demócratas del Senado que afirman que se oponen a esta extralimitación ejecutiva permitan ahora que el Senado empiece a debatir una propuesta de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional”.