Carlos A. Flores
El reciente asesinato del michoacano Antonio Zambrano Montes, quien trabajaba como jornalero agrícola, a manos de agentes policiacos en Pasco, Washington, ha reavivado las demandas de justicia a favor de miles de mexicanos indefensos ante la actuación abusiva de fuerzas de seguridad estadounidenses.
Debe considerarse que desde 2006 a la fecha, al menos 74 connacionales han sido objeto de agresiones absolutamente arbitrarias e injustificadas. Estas agresiones han recibido escasa atención por parte de las autoridades norteamericanas y, es preciso referir, sólo en algunos casos se les ha concedido alguna compensación económica a los familiares de los demandantes pero se ha omitido sancionar a los agentes involucrados.
Estos lamentables incidentes traen a la memoria un hecho más grave, el cual retrata la indiferencia del sistema judicial de aquel país por la protección de los derechos humanos de los mexicanos residentes en la Unión Americana.
El próximo 31 de marzo se cumplen once años de una histórica sentencia pronunciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el denominado caso Avena. En aquella ocasión, México derrotó a Estados Unidos ante dicho tribunal internacional por 51 casos de mexicanos condenados a muerte a quienes no se les concedió asistencia consular oportuna.
La Corte de La Haya condenó a Estados Unidos por haber infringido la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y le ordenó establecer medidas específicas a efecto que las sentencias de dichos mexicanos fueran revisadas y, en su caso, repusiera sus procedimientos para que pudieran obtener el auxilio de las autoridades consulares mexicanas.
Desafortunadamente, once años después del fallo de dicho tribunal internacional, 4 mexicanos han sido ejecutados en la Unión Americana y la suerte de los restantes 47 es aún incierta.
El argumento medular que la Corte Suprema de Justicia aquel país ha esgrimido, para evitar el cumplimiento de dicho fallo, consiste en que los tribunales estatales estadounidenses no resultan estar obligados por un tratado firmado por su gobierno federal al no existir legislación interna sobre este tema.
Este escenario refleja la débil protección a los derechos humanos de nuestros connacionales ante las actuaciones de las autoridades policiacas o jurisdiccionales norteamericanos.
Se trata de un desafío que debe encarar la diplomacia mexicana para salvaguardar los derechos de nuestros compatriotas así como el cumplimiento absoluto de una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia.
El uso desproporcionado de la fuerza y la brutalidad que denota un severo racismo contra nuestros paisanos, debe motivar una acción más efectiva en su defensa. México debe elevar la voz al más alto nivel para exigir a Washington respeto pleno al derecho internacional.
@CarlosAFlores