Denigra la república por su inutilidad
Félix Fuentes
Creada por Miguel de la Madrid para ser eje de la “renovación moral de la sociedad”, la hoy Secretaría de la Función Pública ha sido vilipendio, vergüenza del Estado mexicano.
Con sus nombres cambiantes a partir de 1982, ese aparato denigra la república por su inutilidad y los cuantiosos costos que significa a la nación.
Bajo el rubro de Secretaría de la Contraloría General de la Federación, entró en funciones esa dependencia bajo el mando de Francisco Rojas Gutiérrez, quien años después fue director general de Pemex y de la CFE.
En un desayuno, al día siguiente de tomar posesión en dicha controlaría, pregunté a Paco Rojas —así lo llamamos desde la campaña presidencial de De la Madrid— que si renovaría el sistema burocrático.
Luego de narrar sus buenas intenciones, le comenté que, como era tradicional en el gobierno, le ordenarían proceder contra corruptos sin influencia y quedarían a salvo amigos e incondicionales. No lo aceptó.
Por supuesto, nada se investigó sobre la denuncia del periódico The Washington Post en 1984 de presuntos depósitos por 162 millones de dólares, hechos en Suiza a nombre de Miguel de la Madrid. Se dijo que ese dinero procedió de fondos públicos.
La cuestionada secretaría se llamó De Contraloría y Desarrollo Administrativo en el régimen de Salinas de Gortari, a quien entregó un expediente la titular de esa dependencia, María Elena Vázquez Nava, sobre manejos de Raúl Salinas en asuntos de gobierno.
Vázquez Nava relató a periodistas de su confianza que dicho expediente fue sorrajado en su escritorio por un funcionario y ella lo consideró como una advertencia.
Después declaró en el juicio SF/021/95-12 que no supo de sobrenombres de Raúl Salinas como el de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, ni tampoco de cuentas bancarias en el extranjero del mismo personaje.
Con Ernesto Zedillo en el gobierno, ni Norma Samaniego ni Arsenio Farell movieron las aguas negras de la controvertida contraloría.
Tampoco hicieron nada contra la corrupción los panistas Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos, nombrados por Felipe Calderón, quien ordenó desaparecer la dichosa contraloría por una “necesaria medida de austeridad”.
Sin embargo, la Cámara de Diputados arrumbó esa iniciativa presidencial en el cajón del olvido y así siguió, en vilo, hasta que el día 3 de este mes le restauró sus funciones el presidente Peña Nieto.
Ese día nombró el primer mandatario a Virgilio Andrade secretario de la Función Pública, ordenándole que investigue a él, a su esposa y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por los presuntos conflictos de interés en las compras de bienes raíces, entre otros la famosa casa blanca de la señora Angélica Rivera.
Un día después de la asombrosa decisión, Andrade afirmó que no está entre sus funciones investigar contratos particulares, incluido los del presidente Peña, y sólo indagará los federales.
Para entonces ya había caído una tromba de comentarios sobre el nuevo titular de la Función Pública, desde su peinado, su estilo de reír y esa tirada al piso en actitud servicial.
Horas antes, había dicho el excanciller Jorge Castañeda que Andrade carece de estatura política, de empaque para investigar a Peña Nieto.
A la pregunta de si Andrade cumplirá con la encomienda presidencial, Castañeda contestó con un rotundo ¡no!
¿Y entonces…?