Las consecuencias del exceso
Pos muchas gracias por el permiso… desde ayer
el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto.
Edmundo Valadés
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Con nueve años de letal retraso y más como reacción a señalamientos empresariales, el jueves 12 de febrero los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron el imprescindible lineamiento jurídico que representa la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional para una nación convulsionada por la violencia sistemática que se adueñó de una parte importante de su territorio tras la irresponsable declaratoria de guerra emitida por el panista Felipe Calderón Hinojosa al inicio de su mandato.
A pesar de la angustiosa llamada de atención emitida por el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván el 9 de febrero de 2008, unos cuantos legisladores reparamos en la urgencia de construir un marco jurídico que brindara la certeza constitucional requerida por las Fuerzas Armadas para cumplir dentro del marco constitucional la orden de Calderón.
La ausencia de la referida Ley Reglamentaria constituyó un riesgo de confrontación entre militares y civiles, a quienes las Fuerzas Armadas deben defender ante las graves perturbaciones a la paz pública y, consecuentemente, ante el grave peligro y conflicto que el crimen organizado representa para la sociedad mexicana, condiciones de excepción previstas explícitamente por nuestro pacto social.
Pese al cumplimiento de estas dos premisas integradas por los debates de 1856 al texto del artículo 29 de nuestro pacto social, Calderón se negó a invocar el procedimiento previsto por los Constituyentes, eludiendo con ello su responsabilidad bajo el baladí argumento de la inexistencia de la Ley Reglamentaria.
A pesar de las iniciativas presentadas por algunos diputados conscientes del enorme riesgo inherente a la inconstitucional decisión presidencial, Calderón prefirió aplicar un estado de excepción factual, a sabiendas de que ello prefiguraba la consagración de una sistemática simulación en materia de derechos humanos, estratagema que insertó en el discurso de la clase política, menoscabando con ello la seguridad como derecho omnigarante de los derechos humanos, y transformándola —por la vía de los hechos— en herramienta de terrorismo de Estado.
Esta inmoral hipocresía discursiva profundizó la crisis de credibilidad que enfrentan los actores políticos y los poderes de la república ante los condenables casos registrados en Guerrero —y en otras latitudes del país—, en donde algunos mal llamados gobernantes han protagonizado las formas más perversas de la degradación de la vida pública, latrocinios señalados con toda puntualidad desde 1955 por el extraordinario escritor don Edmundo Valadés —quien nació justo hace cien años en Guaymas, Sonora—, y en cuyo cuento La muerte tiene permiso describió los excesos del poder y profetizó las “justificables” consecuencias que esos excesos podrían desencadenar.