BERNARDO GONZALEZ SOLANO

Si millones de venezolanos creían que el fallecido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, Barinas, 28 de julio de 1954-Caracas (?), 5 de marzo de 2013), había sido el mandatario que condujo al país a la peor debacle económica de su historia, pese a que contaba con una de las mayores riquezas petroleras del mundo (y que durante casi tres lustros gozó de increíbles precios del energético: dos millones y medio de barriles de crudo diarios x 100 dólares x 30 días x 12 meses x 15 años, simple operación aritmética cuyo resultado asusta), y que se había comportado como un enajenado manirroto “tirando” a la basura esa fabulosa riqueza aduciendo una “hermandad bolivariana” (solo a Cuba le ha aportado más de 10,000 millones de dólares, el doble que la URSS le entregó a La Habana en tiempos de la Guerra Fría), con algunos gobiernos afines de la región, es que no conocían las demasías que todavía podía cometer el sucesor del comandante: Nicolás Maduro Moro (Caracas, 23 de noviembre de 1962), cuya profesión antes de dedicarse a la política y convertirse en la “sombra” del paladín del “socialismo del siglo XXI”, era la de un respetable conductor de autobuses, sin mayor preparación. Proclamas bolivarianas aparte. Esa no es su culpa. Son otras.

En quince años de gobierno chavista (incluyendo los casi dos años que lleva en el poder Maduro), la República Bolivariana de Venezuela está al borde del caos financiero y político-social.  El “grandote” (mide 1.90 metros de estatura), como le llaman popularmente en su patria, no ha entendido que para gobernar Venezuela o cualquier otro país democrático, se requiere mucho más que platicar con el “pajarito” –el espíritu fantasmal de Chávez–, para que le aconseje lo que debe hacer. El antiguo chofer no colige que la democracia es mucho mas que alcanzar el poder y una vez con ella en las manos saltarse las mínimas regla y justificar cualquier atropello con las endulzadas palabras del populismo refiriéndose a sospechosos complots –de la derecha local e internacional–, dirigidos indubitablemente aunque sea cierto (solo porque él lo dice, sin mayores pruebas), por la capital del imperialismo yanqui, amén de Madrid, Bogotá y Miami. De ahí que Nicolás Maduro no diferencie la división de poderes y la libertad de las personas a diferir de los gobernantes.   

Así, todas las manifestaciones en contra del régimen venezolano forman parte  de un golpe de Estado. De tal forma, de los 77 gobernantes locales opuestos al chavismo y que fueron electos en los comicios de 2013, se enfrentan 33 de ellos a procesos legales, el 42.8% del total. El último en ser aprehendido, el jueves 19 de febrero, en una aparatosa operación sin que se exhibiera la orden judicial correspondiente, con disparos de por medio, fue el alcalde (reelecto) de Caracas, Antonio José Ledezma Díaz (San Juan de los Morros, Guárico, 1 de mayo de 1955), alcalde mayor del Distrito Metropolitano de la capital venezolana, cuyo antichavismo siempre ha sido evidente. De paso, los embozados agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), golpearon al detenido aunque éste no había opuesto resistencia. Simplemente se lo llevaron sin mayor explicación.

Desde el 23 de enero de 2013 al 12 de febrero de 2015, Maduro ha denunciado, per se o por interpósita persona, 16 intentos de magnicidio, lo curioso del caso es que no presenta  pruebas tangibles, como sucedió el 30 de mayo de 2013, cuando aseguró que el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, “planeaba inocularle” un veneno para matarlo poco a poco. La detención del munícipe Ledezma, originó muchas protestas de los opositores del régimen –causa sorpresa el mutismo de las capitales de Hispanoamérica, incluyendo México–,  máxime que posteriormente se supo que se había procedido en su contra por la confesión de un militar preso que lo incriminó a él y a otras figuras de oposición, “bajo tortura”, en una “conjura golpista” contra el presidente Nicolás Maduro. Según declaró Omar Estacio, abogado defensor de Ledezma, al periódico La Verdad de Maracaibo, la confesión era del teniente coronel José Arocha, que había sido detenido por agentes del temido Sebin.

Al día siguiente de la aprehensión de Ledezma, Nicolás Maduro aseguró en una conferencia de prensa: “En Venezuela no hay intocables, ¿oyeron? Los intocables se acabaron. Va a haber justicia y va a haber justicia y punto. Se acabó pues el golpismo, se acabó y el que quiera buscar el camino del atajo encontrará aquí el puño del pueblo, el puño de hierro”…”No habrá imperialismo que pueda…seguiremos venciendo a oligarcas, a imperios y a quien se nos imponga”.

Una semana antes de que fuera detenido el alcalde mayor de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y Jorge Rodriguez, alcalde del municipio caraqueño de Libertador, ambos figuras principales del chavismo bolivariano, informaron que se había desactivado otro plan de golpe de Estado llamado “plan Jericó”, en el que estaban complicados una serie de oficiales de aviación –cuyos nombres no se dieron a conocer–, algunos ya detenidos, y miembros de la oposición. Como autores intelectuales del plan, mencionaron al diputado de la oposición Julio Borges y a Antonio Ledezma. Agregaron que los conjurados estaban dirigidos por Estados Unidos de América y Colombia.

Desde el 19 de abril de 2013, cuando inició el gobierno de Maduro, tras competidas elecciones en las que derrotó al candidato de la oposición, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, por una diferencia de 1.5% de los votos, el sucesor de Chávez repetidamente acusa a la oposición de planear golpes en su contra. En marzo del año pasado, en medio de manifestaciones estudiantiles a las que se sumaron miembros de la oposición, se detuvo a varios generales acusados de “intento de golpes de estado”. Por primera vez desde que Chávez subió al poder hace quince años, parte de la alta jerarquía militar se enfrentaba al régimen. Las protestas de los jóvenes aunadas al descontento social por el grave desabasto que impera en todo el país, en alimentos básicos y productos de primera necesidad, provocaron la detención de muchos centenares de personas y de 43 muertos.

Hace un año, un importante dirigente de la oposición, Leopoldo López, decidió, motu proprio,  entregarse a las autoridades, aunque muchos de sus allegados no se lo aconsejaban, acusado de convocar a la protesta violenta para desestabilizar al gobierno. Sus condiciones carcelarias han ido de mal en peor y sus familiares, especialmente, su esposa, temen por su vida. También se detuvo a dos alcaldes opositores –Gustavo Marcano, de Urbaneja, Estado de Anzoátegui, y David Smolansky, de El Hatillo–, por no haber impedido la violencia en sus ciudades. Otros alcaldes han sufrido el embate gubernamental, como Virginia Vivas, alcaldesa de Córdoba, Táchira; Carlos Ocariz, de Sucre, estado de Miranda; y Warner Jiménez, de Maturín, Monagas.

Lo cierto es que tras el encarcelamiento de Leopoldo López y de Antonio Ledezma, el ala de la oposición venezolana que propone desde hace un año el fin de la presidencia de Nicolás Maduro, por vía de la renuncia y no por medios violentos, poco a poco ha sido descabezada. Del grupo de personajes que encabezó las manifestaciones populares en muchas ciudades del país, solo queda en libertad la ex diputada –a la que se le despojó del cargo en una anómala sesión de la Asamblea Nacional acordada por Maduro y Cabello–, María Corina Machado, cuyo equipo teme que, de un momento a otro, pueda ser detenida, así como el diputado Julio Borges. “La salida”, como se llamó al plan que pretendía de manera anticipada poner fin al mandato de Maduro, “está cerrada”. El sucesor de Hugo Chávez tiene todo el propósito de mantenerse en el gobierno aunque el país se enfile a la bancarrota. Por eso, en Venezuela puede suceder cualquier imprevisto que desembocaría en un baño de sangre. Pobre pueblo. VALE.