Ajuste insuficiente
Angélica de la Peña Gómez
Hace unos días, el gobierno federal, teniendo como vocería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un obligado recorte presupuestal equivalente a 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas ante la caída internacional de los precios del petróleo. Al respecto el secretario de Hacienda señaló que este recorte incluye ajustes al presupuesto de Pemex y CFE por 62 mil y 10 mil millones, respectivamente.
En relación con los gastos del gobierno, habrá un ajuste de 52 mil millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% a gasto de inversión; adicionalmente se anunciaron medidas de austeridad con una reducción únicamente del 10% de servicios personales en los gastos del gobierno, es decir sueldos y salarios.
Se trata de un ajuste a todas luces insuficiente para contrarrestar los efectos que esta medida tendrá en la economía nacional, ya las estimaciones de crecimiento económico del país han comenzado a mostrar pesimismo.
Irónicamente, la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano es descarada, carente de criterios que ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas de México. En un país en crisis económica, donde la pobreza abraza a más de la mitad de la población y un salario mínimo los constriñe a ella, la jauja de la función pública es despreciada.
Un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violan la Constitución y anulan el control que corresponde al Poder Legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley.
Deben eliminarse privilegios como los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago del seguro de separación y eliminar plazas. Eliminar el pago de pensiones a expresidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular; remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para los funcionarios, son compromisos ineludibles en un Estado democrático.
Para establecer un parámetro que defina la remuneración máxima, debe tomarse el cargo de presidente de la república como la referencia obligada; asimismo, reformar la Constitución para organizar un esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de sueldos de carácter nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y municipios.
Y para dar coherencia a ese esquema se adopta la acepción amplia de servidor público y se define el término remuneración para incluir en él, además del salario, toda percepción en dinero o en especie que perciba quien realiza una labor en cualquier entidad pública.
Urge contar con un nuevo andamiaje constitucional que combata el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal o para fines distintos del servicio público.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.