EDITORIAL
“El gobierno de México se ha visto muy lento en darse cuenta de que el sentimiento del pueblo se ha puesto en su contra”. Creyó que haciendo una reforma tras otra era suficiente para tener éxito. Hoy después de los escándalos de corrupción, de los casos de la casa blanca y de la residencia de fin de semana del secretario de Hacienda, se encuentra “destruida la confianza” pública.
Ése es, en resumen, el contenido del artículo que publicó el diario británico Financial Times la semana pasada, a partir de una entrevista que hizo al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Cabe destacar que las declaraciones del funcionario mexicano aparecieron en uno de los medios internacionales más importantes del mundo, con aproximadamente 2.5 millones de lectores y a unas cuantas semanas de que el presidente Enrique Peña Nieto viaje a Inglaterra para ser recibido por la reina Isabel II.
Sorprende, por lo tanto, la sinceridad con la que habló Videgaray. Sinceridad que puede ser leída de varias maneras. Como una “valoración atípicamente cándida”, como lo señala el medio; como muestra de inconformidad con lo que sucede en el interior del gobierno —lo que dejaría ver que ya no es Videgaray uno de los favoritos de Los Pinos—; o bien como un problema al que no encuentra solución el equipo peñista.
La última hipótesis parece ser la más próxima a la realidad. Los funcionarios de la administración actual invierten una hora tras otra tratando de encontrar la fórmula que permita recuperar la credibilidad perdida. Han experimentado una serie de soluciones. Entre ellas, perseguir el conflicto de interés y encarcelar a los familiares del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por desvío de recursos.
El desencanto sigue igual. Los índices de aceptación no se mueven. Hay un recurso, sin embargo, que no ha sido puesto a prueba: tomar la decisión de ejercer el poder para que el “imperio de la ley” —término utilizado por el Financial Times— sustituya el imperio de la impunidad.
Sin duda, el “imperio de la ley” necesita del ejemplo y éste debe comenzar por “casa”. ¿Qué vale más? ¿La blanca, la morada, la amarilla o la estabilidad de la república? ¿Venderlas? No. Entregarlas al pueblo, convertirlas en escuelas, hospitales públicos. Se requiere de una señal, de un mensaje de humildad y contrición.
Imperio de la ley que debe llegar hasta los secretarios de Estado y los gobernadores. Sin caer en cacería de brujas o en la utilización política de la Procuraduría General de la República; hacen falta hechos concretos para demostrar que habrá tolerancia cero contra la corrupción.
La corrupción en el poder público ha sido tolerada por los mexicanos durante mucho tiempo; forma —como alguien dijo— parte de la cultura nacional. Sin embargo, la inmensa desigualdad, el empobrecimiento agravado, el estancamiento económico han hecho reaccionar a la sociedad contra cualquier exceso —por mínimo que sea— del poder.
La gente es especialmente sensible para detectar la arrogancia y la prepotencia del funcionario. Ya no se le acepta, incluso, ya no se le perdona.
Los asesores o quienes ayudan a tomar decisiones deben entender algo: los mexicanos de este siglo ya no son los de hace veinte o cuarenta años. Esta ciudadanía sabe cuándo se le miente o se le habla con la verdad; cuándo se toman decisiones de fondo y cuándo se trata de una mera simulación. Esto es importante saberlo porque es la primera condición política para reconstruir la confianza.
La pregunta es si estamos frente a un gabinete y mandatarios estatales que entiendan esto. Cuando el Financial Times preguntó a Videgaray si todo el equipo del presidente de la república estaba convencido de darle prioridad al imperio de la ley, la respuesta del funcionario fue ambigua: “Creo que sí”.
Pues si no están tan seguros, es hora de que lo estén, porque de ello depende la viabilidad de un sexenio al que todavía le faltan largas horas y muchos meses por concluir.