POR LOS CAMINOS DEL SUR
Enésimo bloqueo magisterial
Manuel Nava
Acapulco, Gro.- Después de que los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) mantuvieron un bloqueo de varias horas en el Boulevard de las Naciones en Acapulco e intentaron tomar las instalaciones del aeropuerto internacional Juan N. Álvarez, elementos de la Policía Federal desalojaron y se enfrentaron a profesores con un saldo inicial de doce heridos, cinco de ellos maestros, y un muerto.
Los hechos se precipitaron luego de que, al filo de las 19:30 horas luego de que se inició un operativo de desalojo por parte de la Policía Federal y la gendarmería; en respuesta, unos manifestantes a bordo de un camión Futura intentaron romper el cerco que mantenían los elementos policiacos y embistieron con el vehículo al lanzarlo prácticamente por el costado donde maestras mantenían una valla, lo que provocó que los policías respondieran y contratacaran, llevándose consigo a maestros, mujeres, turistas, niños y periodistas.
Como resultado del operativo de desalojo, Claudio Castillo Peña, profesor de 65 años, perdió la vida, a consecuencia de un trauma craneoencefálico según denunció el movimiento magisterial.
Los uniformados despejaron la zona que se mantenía bloqueada en unos mil 500 metros de longitud, en un lapso de aproximadamente 20 minutos. No obstante la confrontación se prolongó hasta las 21 horas aproximadamente. Toletazos, patadas, dosis de gases lacrimógeno por un lado, piedras y palazos por el otro. Los federales mantuvieron encapsulado a un número no determinado de manifestantes en las inmediaciones del foro Mundo Imperial, según trascendió fueron sometidos y detenidos.
Los locales comerciales del complejo La Isla cerraron temprano sus puertas, lo cual no impidió que fuera escenario de escaramuzas.
En la madrugada, se dio a conocer la muerte del profesor Claudio Castillo Peña, profesor de 65 años, en principio por Manuel Salvador Rosas Zúñiga, representante de la Comisión Política de la CETEG en la región de la Costa Grande, y después lo confirmó Raúl Miliani Sabido, secretario de Protección Civil de Guerrero.
Minervino Mora, miembro de la CETEG, dijo que el profesor Claudio pertenecía a la región Acapulco y siempre viajaba en una camioneta porque “tenía una discapacidad”. Él, siguió diciendo el dirigente, tenía la tarea de ir voceando. Estaba afiliado al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
De acuerdo con las versiones de otros manifestantes, estaba frente a los agentes federales cuando se produjo el desalojo.
A la mañana siguiente, Rogelio Ortega Martínez, gobernador interino del estado declaró que: “Tenemos un límite de tolerancia y ayer lo rebasaron. La autoridad debe intervenir y lo hicimos. Lo que ellos buscan es provocar una muerte para que se victimicen y se oigan voces en el mundo de que somos represores; y no somos represores, sólo aplicamos la ley”.
El mandatario precisó momentos después que no es toda la CETEG los que realizan los hechos de violencia en el estado, sino “un grupo radical de la CETEG”.
En respuesta, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, sostuvo que “van a ser castigados los malditos asesinos, encubiertos en uniforme, y no vamos a descansar hasta lograrlo. Sabemos lo que piensa hacer este gobierno, a nosotros ya no nos da miedo, porque muy pronto este país tiene que ser libre, y no estará gobernado por la delincuencia”.
E insistió: “le decimos a (Enrique) Peña Nieto, que se va a cumplir la advertencia que le dijimos en Los Pinos. No cumplió, y va a tener que irse de donde está él sentado”.
En Chilpancingo, integrantes del magisterio, egresados de las nueve normales públicas de la entidad y de la CETEG, iniciaron una marcha para exigir justicia por el asesinato del maestro y bloquearon entre las 11 y las 15 horas la Autopista del Sol.
Fisuras en la CETEG
Los hechos más recientes de violencia y dramatismo en la CETEG se dan en un contexto que parece evidenciar una fisura de largos alcances.
Por un lado Ramos Reyes Guerrero, dirigente estatal, anunció el fin de la llamada “Avanzada”. Se trata del grupo de encapuchados que siempre iba al frente de las marchas irradiando violencia, la liberación de las delegaciones de la Secretaría de Educación Guerrero y la entrega de los vehículos oficiales robados a funcionarios. Sin embargo, grupos en el interior de la CETEG desconocieron los acuerdos de su dirigencia y continuaron con sus acciones vandálicas en Chilpancingo y ahora en Acapulco.
Integrantes de la CETEG responsabilizaron a la dirigente de la Comisión Política de la Región Centro, Antonia Morales Vélez, de exponer a los maestros al desalojo de la víspera en Acapulco.
La política salarial, otro conflicto
El nuevo conflicto magisterial que vive Guerrero está derivado de la reforma educativa en donde se establece que el gobierno federal puede concentrar la nómina de los maestros, con lo cual se revive el rechazo a la reforma educativa que este sector mantiene desde 2013, y esta vez está sumando al SNTE, que constituye la fracción institucional del gremio, la cual apoyó la reforma estructural.
En el caso de Guerrero, se estima en 28 mil trabajadores —12 mil 600 afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, otros de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y unos más de la CETEG— quienes no cobraron de manera puntual sus salarios de enero y febrero, pero tampoco la segunda parte del aguinaldo.
Las modalidades de pago que han provocado el conflicto incluyen que los recibos no describen sus percepciones y descuentos; tampoco registro de sus años de servicios. Quienes cobran por tarjeta de nómina dicen que sólo reciben un estado de cuenta mensual y no firman, como antes, un recibo de percepciones. En todos los casos ya no se incluye los años que llevaban laborando.
A raíz de ello las manifestaciones se han multiplicado a lo largo del primer bimestre de 2015 y comienzan a ser de mayor violencia.
La incertidumbre en el cobro de salarios provocó suspensión de labores en 269 centros de trabajo desde el 4 de febrero, afectando prescolar, primaria y secundaria.
Las marchas de Acapulco y Chilpancingo efectuadas el 24 de febrero fueron en demanda de la resolución a estos problemas salariales.
En Iguala, en cambio, fueron padres de familia y normalistas quienes arriaron la bandera monumental, e izaron la que ellos llevaban, concluida la ceremonia que año con año se efectúa en homenaje al lábaro patrio.
En sus declaraciones, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, justificó la acción diciendo que “el lábaro patrio ha sido pisoteado y manchado con la sangre de tres estudiantes normalistas, de tres ciudadanos y de 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde se encuentran, porque el gobierno federal no ha dado respuesta. La única respuesta que nos da es la represión policiaca, y la militarización de nuestro país”.
Esos soldados, agregó, “le han dado la espalda al pueblo; están al servicio del gran capital trasnacional y de la clase rica. Ellos no defienden al pueblo; nos queda claro que la misión de estas instituciones es darle la espalda al pueblo. Les decimos (a los soldados) que incertidumbre en el cobro de salarios, ni la policía. No nos amedrenta nada, porque tenemos 43 vidas que estamos buscando”.
Horas más tarde la fiscalía especial de Guerrero inició la averiguación previa TAB/CAZ/01/0135/2015, el cual precisa que es en “agravio de la sociedad, y quien resulte agraviado, por los delitos de daños, lesiones y lo que resulte por los hechos suscitados en el Boulevard de las Naciones a la altura del fórum de Mundo Imperial”.