Reclusorios: prisioneros de intereses privados
Los derechos del hombre deben ser escuchados
y reconocidos en el templo de las leyes.
Ponciano Arriaga
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Bajo el argumento de “permitir al gobierno federal hacerse cargo de la totalidad de los internos del fuero federal y con ello despresurizar los centros penitenciarios estatales”, el ingeniero Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración panista de Felipe Calderón, avaló la transformación del sistema penitenciario en un apetecible negocio privado con una perspectiva de inversión de, al menos, 200 mil millones de pesos y una garantía de prestación de servicios de, por lo menos, 32 años.
Invocando el principio de alta seguridad aplicable a las instalaciones penitenciarias, a través de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la administración panista adjudicó de forma directa la construcción y posterior operación de ocho centros federales de reclusión, lo cuales serían ejecutados en dos años a partir del segundo semestre de 2010.
Este proceso de asignación ha sido severamente observado en el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio presupuestal 2013 del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entidad que administra la ejecución de las obras y los servicios contratados para los reclusorios adjudicados a empresas mexicanas, entre ellas Carso, Indi e ICA.
Para el órgano encargado de auditar estos cuantiosos recursos federales, ninguna disposición jurídica ni administrativa permite la participación de particulares en el sistema penitenciario encomendado a la federación, los estados y el Distrito Federal, según se expresa en el articulado constitucional correspondiente.
Esta severa descalificación del procedimiento por el cual se entregó a particulares la construcción y operación de estos ocho centros de reclusión federal se agrava al dictaminar que los contratos celebrados carecen de mecanismos sancionadores, situación que ha facilitado el otorgamiento de innumerables prórrogas, por lo que durante 2013 sólo se operaron cuatro centros penitenciarios adjudicados, destacando el severo atraso que registra el centro penitenciario federal que se construye en terrenos del Reclusorio Norte de la ciudad de México, cuya obra debió haberse entregado en 2012.
Pese a la enjundia del exsecretario García Luna para replicar el plan de negocios carcelario que tan pingües dividendos ha otorgado en Estados Unidos a políticos como el exvicepresidente Richard Cheney, desde la presentación del proyecto ante la Cámara de Diputados varios legisladores alertamos del riesgo que implica para el Estado declinar sus funciones penitenciarias a favor de intereses particulares, situación que niega un proceso sustentado en reconocer a los procesados y sentenciados como sujetos de derecho, tal y como lo defendió don Ponciano Arriaga a lo largo de su fructífera vida pública.