Combate a la corrupción
Si no peleas para acabar con
la corrupción y la podredumbre,
acabarás formando parte de ella.
Joan Báez
Carlos Alberto Pérez Cuevas
Hace dos años y dos meses el presidente de la república mandó al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contemplaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sexenios atrás llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Indistintamente del nombre, esta instancia gubernamental fue diseñada para ser la encargada del seguimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, la que controlaría el desempeño de los funcionarios en apego a la responsabilidad ética y legal por el desempeño de un cargo, empleo o comisión en la función pública federal; también fue pensada para combatir los actos de corrupción y el mal desempeño de los funcionarios.
Debería de ser un órgano garante ante los ciudadanos que no confían en las funciones públicas y que muchas veces han sido víctimas de los abusos del poder, desde el maltrato de los funcionarios hasta la corrupción abierta de pedir dinero o favores a cambio de los servicios públicos; aquella reforma fue rechazada por el Congreso dejando en un vacío legal las facultades de esta importante función, tan no importó al gobierno de la república el desdén legislativo que durante estos más de dos años tuvieron al frente a un encargado de despacho y es hasta esta semana cuando el presidente nombra como titular a Virgilio Andrade, un académico exconsejero del desaparecido IFE y con militancia en el PRI, a quien al tomarle protesta el presidente de México le ordena que lo investigue a él, a su esposa y al secretario de Hacienda sobre el presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses por la compra de sus respectivas casas en las Lomas de Chapultepec y en el club de golf de Malinalco en el Estado de México.
Hasta aquí todo parecería maravilloso, por fin en el gobierno se dan cuenta del daño que está causando en la opinión pública haber adquirido bienes inmuebles a tasas preferenciales a un contratista beneficiario de muchas obras en el tiempo en que el hoy presidente fue gobernador y durante los años en que ha encabezado el gobierno federal; el daño a la imagen gubernamental no sólo ha sido en México sino en todo el mundo, donde se habla abiertamente de contaminación por la corrupción y el conflicto de intereses del presidente y algunos de sus colaboradores.
El nombramiento del titular de la SFP no es suficiente para combatir la corrupción. En el Congreso esta atorada la reforma que propone la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, tampoco vendría a solucionar este flagelo, pero sin duda ayudaría más. Ordenarle a un subordinado que investigue al jefe que lo acaba de nombrar es pedir peras al olmo; sin independencia y autonomía, de nada servirá haber revivido el cadáver de la SFP.
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