¿Secretario sin secretaría?

 

Marco Antonio Aguilar Cortés

Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto generó dos actos de autoridad: primero, designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade Martínez; y, segundo, le encargó pública y específicamente investigar “si hubo o no conflicto de intereses” en las adquisiciones que de conocidos inmuebles hicieran, por separado, él mismo, su esposa Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Para ambas determinaciones presidenciales la mayoría de los comentarios, con razones o sinrazones, son en contra del presidente Peña Nieto.

Siendo eso un hecho notorio, no repetiré las formas, algunas lamentablemente soeces, ni las elucidaciones que se han pronunciado en torno a esos actos de autoridad.

Partiré, para analizar esos mandatos del ejecutivo federal, de una suposición. Imaginémonos que en lugar de haber nombrado a Andrade Martínez como secretario de la Función Pública hubiese dado el cargo a Andrés Manuel López Obrador y que, desde luego, éste hubiese aceptado.

Dentro de ese escenario imaginado, ¿cómo hubiese respondido la opinión pública?

¡Qué sorpresa hubiésemos llevado!; empero, también, con el nombramiento de Virgilio y la encomienda ordenada tuvimos un gran asombro. Sin duda, ¡hay de sorpresas a sorpresas!

La sorpresa con Andrade es que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal parece que no existe la Secretaría de la Función Pública; incluso, en las plataformas electrónico cibernéticas de las dos cámaras de Congreso de la Unión y de Gobernación, que dan cuenta de dicha ley orgánica, hasta el 8 de febrero del 2015 no aparece esa secretaría. Sólo se observan 16, más la Consejería Jurídica.

Se inicia con Gobernación; se concluye con Turismo. En el artículo 26 de tal ley, no se encuentra la Secretaría de la Función Pública. Esperemos que sólo sea un problema de actualización informativa, y no el caso de un secretario sin Secretaría.

Otra sorpresa con la designación de Andrade es que, siendo conocida su relación amistosa con los supuestos implicados en conflicto de intereses, a la par de su nombramiento se le impuesiera la comisión especial por una de las partes conflictuadas.

Es obvio, y de explorado derecho, que nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo, ni directa ni indirectamente.

Tomo algo del artículo de la semana pasada del escritor José Fonseca; la frase final referida al presidente: “sus críticos dirían: lo ven, Peña Nieto no sabe nadar”.

Partamos de esa expresión: quien no sabe nadar, y se encuentra en aguas profundas, por más que se abrace a su propio cuerpo no podrá salvarse.

Claro que también hubiese sorprendido el nombramiento a López Obrador como secretario de la Función Pública, y mayor pasmo hubiese sido si aceptase, siendo un crítico a perpetuidad que parece vivir para ser oposición eternamente, a pesar de las cualidades que deben reconocérsele.