“Si nos abstenemos estamos expresando una actitud complaciente con las instituciones

y además le daremos el triunfo a los mismos de siempre”

 

 

Entrevista a Jaime Cárdenas/Profesor-investigador del IIJ-UNAM

 

 

Nora Rodríguez Aceves

El llamado a no votar en las elecciones del 7 de junio próximo, el “hay que ir al boicot electoral”, se incrementará conforme avancen los días, las semanas y los meses, lo que puede provocar que el resultado del proceso electoral de 2015 arroje un abstencionismo muy alto, tal vez, como nunca antes se haya visto en el país, y este abstencionismo terminará beneficiando a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, los partidos más grandes.

“No se producirá el resultado que el obispo Raúl Vera y Javier Sicilia esperan, no se transformará el país sino que se consolidará el poder del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión y hasta del PRD aquí en el Distrito Federal y eso no es positivo para México, por eso es importante que otras fuerzas políticas tengan también su oportunidad porque no todas las fuerzas políticas son iguales”, afirma Jaime Cárdenas Gracia, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

Cárdenas Gracia asegura que respeta mucho, mucho al obispo Vera “porque soy su amigo, lo conozco, a Javier Sicilia no lo conozco personalmente pero también me parece un hombre respetable, entiendo sus razones, su malestar, su enojo con el sistema político, con las instituciones del país, ese punto lo comparten millones de mexicanos pero no estoy de acuerdo en su postura de llamar a la gente a no votar porque al hacer este llamado se favorece a los partidos mayoritarios que son los que tienen las estructuras electorales en los municipios y en las delegaciones. Yo creo que esta consecuencia electoral o política no la están, quizás, estudiando o analizando debidamente Javier Sicilia y el obispo Vera. En lo demás, en sus puntos de vista de crítica al sistema yo coincido totalmente con ellos, pero en contra de su postura pienso que sí debemos votar porque es la manera de exigir la transformación del sistema, si nos abstenemos de votar estamos expresando una actitud complaciente con las instituciones y además le daremos el triunfo a los mismos de siempre”.

Cabe recordar que desde el pasado mes de enero y en diversos actos, de los cuales los medios de comunicación han informado, Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) —acompañado por los obispos de Saltillo, Raúl Vera; de Cuernavaca, Ramón Castro, así como los padres Alejandro Solalinde y Miguel Concha y la hermana María Zamarripa”—, ha llamado al boicot electoral para “decirles no a los políticos y exhibirlos en su corrupción y en sus redes de complicidad…”

A este “movimiento antielecciones” que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vear, y el poeta y activista social, Javier Sicilia, y al que se han sumado desde personalidades religiosas, dirigentes sociales, activistas de derechos humanos, artistas, grupos disidentes de maestros, sindicatos y ciudadanos en general, se añade la crisis de credibilidad y confianza que enfrenta en estos momentos el Instituto Nacional Electoral (INE).

IFE/INE, en crisis desde 2003

En cuanto a la crisis por la que atraviesa el INE, antes Instituto Federal Electoral, el exconsejero electoral explica a Siempre! que ésta tiene un origen muy antiguo, “el instituto comenzó a entrar en este proceso de crisis desde 2003; en ese año, cuando concluyó el periodo de los consejeros designados para 1996-2003, fue el Consejo General que presidió Luis Carlos Ugalde y ahí hubo un problema en la negociación política en la Cámara de Diputados porque no se tomaron en cuenta todos los partidos, el PRD quedó en esa época excluido de esa negociación y solamente el PRI y el PAN pudieron proponer consejeros electorales, ese hecho fue muy importante y tuvo un impacto en los conflictos poselectorales de 2006, por eso Luis Carlos Ugalde y otros consejeros fueron destituidos, tuvieron que dejar el IFE antes de terminar su mandato”, al modificarse el régimen de nombramientos del Consejo General del instituto.

En designaciones posteriores, “en 2008, ahora recientemente en 2014, lo que ha ocurrido es que los partidos hacen los nombramientos de consejeros o aun de magistrados electorales, aunque en el caso de éstos no intervienen directamente los partidos ya que la Suprema Corte de Justicia la Nación es quien propone y el Senado los aprueba, pero al final de cuentas los partidos tienen un peso muy importante y se reparten los nombramientos de consejeros y de magistrados electorales por cuotas en donde los partidos mayoritarios, principalmente el PRI y el PAN, pero también el PRD, proponen personas para ocupar esos cargos”.

Por lo tanto, “ese esquema del reparto de cuotas o por cuotas para la designación de consejeros y de magistrados electorales es un esquema que ya provoca mucha desconfianza en la sociedad porque muchos de esos consejeros y magistrados siguen las pautas, las indicaciones que les dan sus partidos. Es un esquema que deslegitima las instituciones, que no produce respaldo social y genera mucha desconfianza, por eso algunos pensamos que ese método debe cambiar”.

No obstante, Jaime Cárdenas considera que esta crisis del órgano electoral no sólo tiene que ver con el método de designación de consejeros y de magistrados sino también con otras cuestiones “muy importantes que las autoridades electorales de los últimos años no han querido o no han podido atender, como es el tema de la compra del voto donde el argumento de las autoridades electorales es: nosotros no podemos hacer mucho porque esas competencias corresponden a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que es una instancia de la Procuraduría General de la República (PGR), porque la compra de votos se suele realizar con desvío de recursos públicos del presupuesto municipal, estatal o federal, y esa fiscalización a los presupuestos públicos no la realiza el anterior IFE o el INE sino las Auditorias Superiores de la Federación o de los estados; con esos argumentos el instituto le ha sacado la vuelta al tema de la compra del voto”.

A estos dos problemas el investigador del IIJ-UNAM le suma otro, el relacionado con los medios electrónicos: “mientras tengamos este sistema de gran dominancia de dos televisoras sobre la información en el país, es muy difícil, en esas condiciones, pensar que puede haber un voto informado, razonado, que se puede garantizar el derecho a la información; y sin derecho a la información completo, plural, es difícil hablar de un voto libre, de un proceso electoral equitativo. El INE o el anterior IFE no tenían competencia respecto a los medios electrónicos o no muchas competencias salvo por los tiempos que tiene que transmitir de spots, pero no respecto al gran control que ejercen, al gran reparto del espectro radioeléctrico que ejercen Televisa y TV Azteca. Estos tres temas dan por resultado lo que hoy tenemos: una autoridad electoral que no produce mucha credibilidad”.

Hay muchas propuestas

En este contexto, Jaime Cárdenas, abogado, político, académico, diputado federal de 2009-2012, consejero electoral del entonces IFE de 1996 a 2003 y hoy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha realizado estudios y ensayos e incluso ha dado propuestas para estos problemas que aquejan a este organismo público autónomo, señala que “hay mucho material, muchas propuestas y no sólo de esta universidad sino también de otras universidades que se han dejado de lado, sin embargo, “después de este proceso electoral de nuevo será inevitable que se realice otra reforma, pero ojala que esa reforma futura se centre en los temas fundamentales y no se pierda en cuestiones de detalle como la última reforma; es decir, lo importante es escoger un nuevo método de elección, de enfrentar el problema de la compra del voto y reducir el impacto negativo del duopolio televisivo en las campañas, a esas tres cuestiones tiene que responder la nueva reforma electoral”.

Sobre el primer tema, la elección de consejeros, “aquí en el instituto hay un compañero, John Ackerman, que ha propuesto que haya una primera etapa en donde los que deseen ser consejeros o magistrados hagan exámenes y los mejores de esos exámenes vayan a un sorteo y que por sorteo sea determinado quién ocupa cada vacante en el INE o en el tribunal electoral, el método meritocrático acompañado de un sorteo. Yo propongo un método en donde también haya exámenes para que los mejores aspirantes puedan participar, y que posteriormente sean electos por los ciudadanos, esas personas no podrían hacer campaña, no podrían ser postuladas por un partido, no podrían recibir ni financiamiento público ni privado en caso de que hicieran campaña, o si recibieran financiamiento o los postulara un partido quedarían inhabilitados para seguir participando”.

“Para que los conozca la gente —agrega— deberían tener derecho a tiempos en radio y televisión para que los mejores lugares de este concurso expusieran sus proyectos, sus ideas, en torno al funcionamiento electoral del país y que la gente al ir a votar también votará por ellos, no solamente por los diputados, por los senadores o por el presidente de la república. Ése es un mecanismo, habría que pensar en otros, además del sorteo o del método de elección que yo propongo.”

Aquí, “lo importante es que ni los partidos políticos ni ningún poder fáctico tengan algo que ver en la designación, porque si los partidos y los poderes fácticos tienen influencia en esta designación, nunca se resolverá el problema. Siempre los partidos escogerán a personas afines, a personas muy pasivas; una de las críticas ahora con la crisis del INE es precisamente que los consejeros son pasivos, esto es, que los consejeros actuales, con excepciones, pero en general, buscan la interpretación de la ley más literal, más gramatical para defender el statu quo no para transformar la realidad. Ahí hay una suerte de perfil de consejero y magistrado que favorece a personas moderadas a personas que no quieren enfrentarse al poder, ya sea poder fáctico o al poder formal, y eso a veces no ayuda en la función electoral”.

Buscar una postura abierta

Por supuesto, “puede haber perfiles así en los órganos electorales, de personas moderadas, pero también debiera haber otro tipo de perfiles, porque esos perfiles que son más proactivos pueden ayudar a jalar al resto de sus compañeros hacia posturas mucho más abiertas que busquen la transformación del statu quo, entonces la única manera de tener esa seguridad de que puedan llegar otro tipo de personas, de personas más abiertas, más proactivas, solamente puede darse modificando el método de designación. Repito, si en el método siguen participando los partidos, nunca tendremos órganos electorales creíbles en el país”.

Aunque Cárdenas Gracia coincide en que este punto de la no participación de los partidos políticos es todo un reto, “será muy difícil que ellos quieran alejarse o perder el poder, no sé si tú te has dado cuenta, me imagino que sí, como ahora para todo en México creamos órganos autónomos y uno se pregunta: ¿para qué tantos órganos autónomos? Al inicio del sexenio de Enrique Peña había cuatro, ahora hay como 10 y puede que al final del sexenio terminemos con 15, porque todo eso es para reparto de posiciones entre los tres partidos; como los órganos autónomos generalmente son colegiados, los comisionados o los consejeros del IFAI —Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos—, del Ifetel —Instituto Federal de Telecomunicaciones—, de la Comisión de Competencia Económica, se los reparten”.

Siendo así, “es muy difícil que los partidos quieran abandonar su influencia en las designaciones, pero por lo menos si no quieren abandonar o si es muy difícil porque no existe la presión social suficiente para que los partidos abandonaran la determinación de quién es consejero y de quién es magistrado, lo que tendríamos que hacer es lograr una gran una reforma para transparentar todas las actividades de los órganos electorales como la Junta General del INE y la Comisión de Quejas y Denuncias, que sus sesiones no son públicas, son privadas.

Lograr también que el procedimiento para la elección de consejeros o de magistrados sea un procedimiento de liberación mucho más amplio, que haya quince días, tres semanas, en donde los nombres de los que serán propuestos por los partidos a consejeros o que serán votados en el Senado estén sujetos a un cuestionamiento social importante, que las ONG, las universidades, los distintos sectores sociales, los propios medios, puedan dar su opinión, que haya más debate público y social sobre los perfiles, sobre quién será consejero o magistrado, y que eso esté regulado en la ley, por lo tanto si no quieren dejar ese poder inmenso que tienen los partidos, al menos tienen que compartir esa decisión con la sociedad. Eso puede ayudar, no sé si un mecanismo así logre reducir la incredulidad social sobre quién es consejero y quién es magistrado, pero ayudará; es decir, el tema de transparencia y de deliberar públicamente los perfiles puede ayudar muchísimo, al igual que la transparencia que no existe del todo en el INE ni en el tribunal electoral”.