Tras las masivas manifestaciones del domingo contra los millonarios sobornos en el mayor país de América, en las que, además, pidieron su destitución, la presidenta Dilma Rousseff anunció, en un discurso nacional, este miércoles una serie de medidas contra la corrupción, “tenemos el deber y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción”.
Entre las medias anunciadas está la despenalización de fondos mal habidos para financiar campañas electorales, la incautación de activos a personas culpables de corrupción y la exigencia de que los funcionarios del gobierno no tengan antecedentes penales.
“Este es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del gobierno para evitar y combatir la corrupción y la impunidad”, expresó Rousseff.
Las marchas de protesta en días anteriores, que lograron reunir alrededor de dos millones de personas, fueron convocadas por el descontento popular debido al caso de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal brasileña.
En medio de un escenario de débil crecimiento económico y de evidente escandalo mediático por el señalamiento a decenas de políticos en la trama Petrobras, entre ellos el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, la aprobación del gobierno se ha ido en picada a mínimos históricos en más de dos décadas.
Además, la tensión e inestabilidad política vivida se trasladó a la economía, y la moneda brasileña, el real, alcanzó este martes su mínimo respecto al dólar en 12 años, 3.28 por dólares.
Desencanto soclal
En una encuesta del Instituto Datafolha, uno de los más prestigiados de Brasil, reveló que, con apenas tres meses del segundo mandato cumplidos, el rechazo popular al gobierno de Rousseff es el mayor desde 1992, cuando el ex presidente Fernando Collor de Mello fue obligado a dimitir por el Congreso debido también a escándalos de corrupción; el 86 por ciento de los encuestados considera su gestión “mala” o “regular”.
El sondeo, que se publicó tres días después de la mayor manifestación contra el Ejecutivo, supone un aumento de 18 puntos de la reprobación del gobierno de Rousseff desde febrero.
La encuesta, con dos puntos de margen de error, fue realizada con una muestra de dos mil 842 personas y refleja el desencanto de la sociedad brasileña con el legislativo, después de que los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, están siendo investigados, asimismo, por su supuesto involucramiento en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.
Sólo el 9.0 por ciento de los encuestados consideró “bueno” el trabajo de los diputados y senadores, que asumieron el cargo hace apenas dos meses, mientras el 50 por ciento estimó que los representantes hacen una labor “mala o pésima”.