El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitará este martes a la Asamblea Nacional poderes especiales, con los que busca legislar por un periodo de tiempo aún no determinado, para defender “la integridad” del país; se trata de una ley habilitante, la segunda en casi dos años de gobierno, para legislar por la vía de decreto en medio de la profunda crisis económica y el recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Caracas.
La solicitud de poderes especiales surge en medio de un brutal escenario de crisis económica por una fuerte inflación, que cerró el año pasado en 68.5 por ciento; graves problemas de abastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos; y una recesión que analistas prevén que se agrave este 2015 por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país sudamericano.
El mandatario logró en noviembre de 2013, siete meses después de asumir el gobierno, una primera ley habilitante de un año de duración. Durante ese tiempo promulgó 50 decretos-ley que incrementaron el control del Estado en la economía, crearon el marco de funcionamiento de algunos programas sociales y fortalecieron la normativa de combate a la corrupción.
Endurece EU sanciones
Luego de declarar en “emergencia nacional” a Venezuela por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” que, supone la situación de derechos humanos y la corrupción en esa nación para Estados Unidos, el presidente Barack Obama, endureció este lunes la posición de Washington ante el país sudamericano.
El paso más fuerte de Washington contra Caracas desde la llegada de Nicolás Maduro a cargo del Gobierno, contempla sanciones para siete funcionarios venezolanos a los que señala “responsables de la erosión de los derechos humanos” en el país desde las protestas sociales del año pasado.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”, declaró la Casa Blanca durante el anuncio de las medidas y reclamó nuevamente la liberación de “todos los presos políticos” en Venezuela, incluidos “decenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
A los que se les aplicarán las sanciones son el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo Enrique González López, y su predecesor Manuel Gregorio Bernal Martínez; así como al director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta.
Además, al ex director de las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas de 2014, Antonio José Benavides Torres; al también ex comandante general de la GNB Justo José Noguera Pietri, actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG); a la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, responsable, entre otros, de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y al inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Miguel Alcides Vivas Landino.
La congelación de cualquier activo que los acusados puedan tener en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones comerciales con ellos, son las sanciones a las que deberán atenerse. Washington también ha bloqueado su entrada en el país.
“Acciones corruptas por funcionarios venezolanos privan a Venezuela de necesarios recursos económicos que podrían ser invertidos en los venezolanos y usados para impulsar el crecimiento económico”, expresó el secretario del Tesoro, Jacob Lew, encargado de implementar las sanciones.
Las medidas se ejecutarán, aunque según la Casa Blanca van más lejos, de acuerdo a la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014; Obama la rubricó el 18 de diciembre pasado, justo un día después de anunciar la normalización de relaciones con Cuba, el principal aliado de Caracas.
Medida insolente: Maduro
En su momento, el Gobierno de Maduro calificó la ley de “medida insolente” y anunció una respuesta, algo que ha vuelto a hacer su canciller, Delcy Rodríguez, después de conocer las nuevas sanciones, “pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela sobre el alcance de estas declaraciones”; poco después, Rodríguez anunció por Twitter que ha llamado a consulta “de inmediato” al encargado de negocios en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz, el más alto representante venezolano en Washington.
El mandatario venezolano ya había contemplado desde días anteriores la reducción del centenar de funcionarios diplomáticos de la Embajada de EU en Caracas a unos 17, los que mantiene su Gobierno en Washington; también dispuso que se solicite visado a los estadounidenses que visiten el país.
Washington no ha revelado el grado de afectación con la congelación de bienes en EU a los funcionarios venezolanos, que ese no es el propósito principal de las sanciones, sino “acabar una práctica, la de los abusos de los derechos humanos y la corrupción en Venezuela, y persuadir al gobierno venezolano de que cambie su forma de actuar y proteja los derechos humanos”, explicaron fuentes oficiales que pidieron anonimato.
Las sanciones contra Venezuela suponen un paso más en las medidas decretadas por Washington contra el gobierno de Maduro desde las protestas sociales de febrero de 2014; comenzaron con la revocación de visados de varios funcionarios venezolanos en julio y continuaron con la aprobación de la ley de diciembre, que con estas nuevas sanciones empieza a ser aplicada.
La nueva batalla se da a un mes de que Obama y Maduro estuvieran frente a frente en la Cumbre de las Américas de Panamá, el 10 y 11 de abril, a la que por primera vez también acude invitado el presidente de Cuba, Raúl Castro, “es lamentable que en momentos en que nos hemos abierto a interactuar con todas las naciones en las Américas, Venezuela haya adoptado por ir en la dirección opuesta”, subrayó la Casa Blanca.
Apoyo incondicional de Cuba
Tras calificar de arbitraria y agresiva la orden de Estados Unidos, Cuba dio su apoyo incondicional a Venezuela, “el gobierno cubano reitera nuevamente su incondicional apoyo y el de nuestro pueblo a la Revolución boliviana, al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y al heroico pueblo hermano de Venezuela”, se expresó en una publicación en el diario Granma.
“Nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de una Estado soberano ni a declararlo, sin fundamento alguno, como amenaza a su seguridad nacional”, se agregó en el documento.
Además, Raúl Castro considera una “represalia por las medidas adoptadas en defensa de su soberanía frente a los actos injerencistas de autoridades gubernamentales y del Congreso estadounidense”.
La orden de Obama en un año en que se realizarán elecciones legislativas en Venezuela reafirma, una vez más, el carácter injerencista de la política exterior estadunidense, indicó el Gobierno cubano, y recuerda que la gravedad de esta acción ejecutiva ha puesto en alerta a los gobiernos de América Latina y el Caribe, que en enero de 2014, en la Segunda Cumbre de la CELAC en La Habana, declararon a la región como Zona de Paz y repudiaron cualquier acto que atente contra ello, al considerar que se acumula un intervencionismo imperial en su historia.
Por su parte, el ex presidente de Cuba, Fidel Castro, felicitó al mandatario venezolano por su “brillante y valiente” discurso ante los “brutales planes del Gobierno de Estados Unidos” contra su país; Castro tiene de 88 años de edad y fue retirado del poder desde 2006.