Carlos A. Flores

En las negociaciones que las delegaciones de EEUU y Cuba celebran para reanudar relaciones diplomáticas, la temática sobre la situación actual de los derechos humanos en la isla es el que asegura ser uno de los más importantes y definitorios del futuro de esa relación bilateral. Se trata de un asunto difícil e importante que no es posible eludir.

Cuba aspira a ser excluido de la lista de países que patrocinan el terrorismo lo cual, de antemano, podría ser un objetivo que no sea del interés político del Congreso de EEUU. Pero la diplomacia cubana tiene un escaso margen de maniobra, por desgracia, si su interés no pasa por mejorar sus calificaciones en la protección de los derechos humanos de su población civil.

A la fecha los informes que han brindado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como organizaciones no gubernamentales, encabezadas por Human Rights Watch, no son alentadores y puntualizan aspectos que La Habana debe modificar radicalmente.

No obstante, cabe subrayar, la CIDH se ha sumado al consenso internacional sobre los graves efectos que el embargo ejecutado por EEUU ha ocasionado en la población civil cubana. En cambio, la CIDH ha llamado a Cuba —en tanto sujeto de derecho internacional— a modificar su posición tradicional con relación a una multiplicidad de asuntos sobre los cuales enfatiza diversas recomendaciones.

En el más reciente de estos informes, por ejemplo, ha exhortado al gobierno de Cuba a celebrar elecciones libres y democráticas en las que se respete el sufragio universal de sus ciudadanos.

Ha pedido modificar la legislación penal cubana para abolir, en definitiva, la pena de muerte por delitos contra la seguridad del Estado. Más aún, recomienda garantizar un Poder Judicial independiente en el cual se respeten plenamente las reglas de defensa dentro del proceso penal.

El informe de la CIDH, además, pide evitar medidas que lesionen la libertad e integridad de las personas, especialmente por la aplicación de medidas post delictivas que incluyen internamiento y vigilancia.

Tocante al punto de la protección de la libertad de expresión, la CIDH también solicita que el gobierno de Cuba se encamine a una política de respeto por el trabajo de los periodistas y evite la confiscación de su material, así como amenazas e intimidaciones.

La temática de los derechos humanos en Cuba puede empantanar el rumbo de las negociaciones con EEUU para que se reanuden las relaciones diplomáticas suspendidas desde 1961. Del mismo modo, puede significar retrocesos en la reanudación plena de sus relaciones económicas; en cuyo contexto, México podría eventualmente resultar favorecido como país exportador e impulsor de inversiones en la industria turística.

@CarlosAFlores