POR LOS CAMINOS DEL SUR
Sin solución a la vista
Manuel Nava
Acapulco, Gro.- En la cercanía con el proceso electoral, la posibilidad de lograr un acuerdo con la alianza Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG)-padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, y permitir la realización de los comicios en la entidad viene modificando algunas actitudes del grupo disidente sin que a la fecha se vislumbre una solución de fondo.
Los acuerdos que logró la sección 22 de Oaxaca serían el parámetro de condición para que la Ceteg desista por completo del boicot a las elecciones y la continuidad de las movilizaciones violentas.
El 22 de marzo, el gobierno difundió una convocatoria firmada por Rogelio Ortega Martínez, gobernador del estado, en la cual se hace un llamamiento a un diálogo público a las organizaciones sociales disidentes.
En el primero de los dos párrafos de que consta el comunicado se dice que “el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero convoca a la Comisión Política de la Ceteg, al Movimiento Popular Guerrerense, y a todas y todos los líderes sociales a un diálogo público, en mesas temáticas, para trabajar de manera conjunta en la construcción de las rutas que nos conduzcan a la reconstrucción del tejido social, la búsqueda de la armonía, la paz democrática y la solución de las exigencias sociales”.
En el segundo se indica que “el gobierno de Guerrero coadyuvará para que las demandas que competen al gobierno federal sean atendidas por las instancias gubernamentales correspondientes”.
El 20 de marzo durante la Asamblea Regional, unos 400 miembros de la región Centro de la CETEG acordaron una campaña contra el proceso electoral, que consistiría en boicotear los actos de los candidatos e informar por distintos medios a la sociedad, de los motivos por los cuales están en contra de que se lleven a cabo las elecciones del próximo 7 de junio. Ante el llamado del gobernador, se cancelaron las acciones anunciadas para iniciar el 23 de marzo.
Desde finales de 2014, se perciben discrepancias en el interior de la CETEG, las cuales se han hecho más evidentes día a día.
Es por ello que un grupo de la CETEG marcó su distancia cuando se supo que Beatriz Mojica Morga, Héctor Astudillo Flores, Luis Walton Aburto, Alberto López Rosas, candidatos a la gubernatura del PRD y PT PRI y PVEM; Movimiento Ciudadano y el Partido Humanista, aseguraron que están dispuestos a acceder al llamado que hizo el mandatario Rogelio Ortega Martínez para dialogar públicamente con las organizaciones sociales que han advertido con boicotear los actos de campaña para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Incluso Walton Aburto llamó a los otros candidatos a gobernador a que se sienten con los maestros de la CETEG. “No es posible sentarnos a dialogar con candidatos y políticos, cuando el señor gobernador conoce perfectamente nuestra postura de no permitir el proceso electoral”, fue la respuesta de este sector disidente de la coordinadora.
Por su parte, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, responsable de la Comisión Política en Acapulco de la CETEG dijo que primero “vamos a ver qué quieren, que sea un diálogo sincero y que tenga poder de resolución, eso nos interesa, que se solucionen los problemas de las organizaciones”.
De acuerdo con un comunicado previo de la agrupación magisterial, Añorve Rodríguez y otros líderes fueron desconocidos por una asamblea, a lo que éste argumentó los acuerdos de la asamblea representativa del 16 de marzo en Tlapa, decidieron no avalar esos resolutivos y “reconocer la Comisión Política de la región Acapulco
Luego calificó como inédito el desplegado que hizo la dirigencia estatal que encabeza Ramos Reyes Guerrero, contra las bases y acusó que quien “financia la campaña es con la intención de desestabilizar y destruir la propia organización”.
La division, fantasma omnipresente
Desde su formación en 1989, la organización del magisterio disidente se caracteriza por diferencias entre la cúpula, y luego de los momentos más elevados de las enconadas movilizaciones, terminan acusando a sus dirigentes de negociar sus pliegos petitorios con las autoridades en turno. Tales fueron los casos de Félix Moreno, René Lobato, Bulmaro Muñiz, Julio César Aguirre, Víctor Echeverría Valenzuela, Gonzalo Juárez, entre otros.
En esta ocasión la discrepancia se manifiesta asi: en Costa Chica, Motaña Alta y Montaña Baja aún apoyan a Ramos Reyes Guerrero como su secretario general, mientras que en las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y Norte lo desconocen. Los líderes más notorios de estas regiones son Walter Añorve, Salvador Rosas y Antonia Morales, los cuales acusan a Ramos Reyes de negociar con el gobierno federal su movimiento a cambio de prebendas.
La CETEG es la organización más activa que tomó la causa de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y es la que más insiste en mantener la demanda de que “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. De los cinco meses que lleva la lucha por la aparición de los normalistas, dos meses y medio fueron dedicados de manera íntegra por parte de la CETEG a esa causa. En el periodo reciente, dos meses y medio, sumó sus demandas como magisterio: abrogación de la reforma educativa porque de ésta devienen varios recortes presupuestales e inestabilidad laboral de los docentes. Hay al menos 19 mil maestros en Guerrero con problemas por las adecuaciones en materia educativa.
El punto de quiebre se da el 17 de febrero cuando Ramos Reyes, junto a comisionados de tres de las ocho secciones educativas, decidió que un día después, el 18 de febrero, entregarían los vehículos retenidos durante el movimiento y se retirarían de los edificios públicos tomados.
Dirigentes como Salvador Rosas, de la región Costa Grande, señalaron que Ramos Reyes pactó con el subsecretario de Gobernación todo de lo que se le acusa, a cambio de canonjías, y las regiones opositoras se negaron y lo acusaron de haber negociado el retiro del plantón, la entrega de los ayuntamientos tomados, además de los autos oficiales y los edificios públicos.
Entregaron oficinas y vehículos
El cuestionado dirigente admitió que ese acuerdo se realizó sin la presencia de los dirigentes de las secciones opositoras a él, pero considera que estaban presentes representaciones de las ocho regiones educativas del estado, que la mayoría de los profesores decidió la entrega de las oficinas y vehículos porque el movimiento se tornaba “agresivo, se usaban (los vehículos) para otras cosas”.
El 24 de febrero se generó otro motivo del fuerte desacuerdo luego del desalojo en Acapulco, cuando en el interior de la CETEG comenzaron a surgir versiones encontradas sobre la reunión pactada con Gobernación para ese día y que, de último momento se canceló, lo que habría provocado el enojo de los maestros y el posterior bloqueo del Bulevar de las Naciones, donde murió el profesor jubilado Claudio Castillo Peña.
La muerte del profesor se derivó de que un camión de línea se enfiló hasta donde estaban los uniformados e inició el desalojo. Hasta el momento se desconoce la identidad de quien manejaba el vehículo, pero los manifestantes aseguran era un “chofer cualquiera, que algún federal le dio la orden de que se lanzara contra ellos”.
Al día siguiente de acuerdo con el parte de la CETEG cuatro maestras fueron violadas, 500 profesores lesionados —15 aún se encontraban en el hospital hasta el sábado 7 de marzo— fueron la punta del iceberg de la división en el interior de la agrupación, que desde esa fecha se apartó de las actividades de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que exigen su regreso. También en el seno de los padres de los 43 normalistas se gestan discrepancias, algunos afirman que han sido movilizados sin ser partícipes de lo que se recauda y sin una clara guía del rumbo de las negociaciones.
Otros han puesto más énfasis en la anulación de los comicios en Guerrero y un ejemplo es que al anunciar el documento de que habrían hecho entrega al INE el 26 de marzo, Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, insistió en que los padres de los normalistas impedirán a toda costa que haya elecciones en Guerrero “porque votar por la clase política significa sufragar por narcopolíticos y la muerte”.
En dicho documento se propone que las autoridades del estado deban elegirse a través de una asamblea. Esto constituye uno de los fines de las movilizaciones del magisterio y otros grupos como en su momento fue la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero hoy Movimiento Popular de Guerrero, y es construir el poder popular.