La popularidad más baja de Dilma Rousseff
BERNARDO GONZALEZ SOLANO
Hace tres décadas la República Federativa del Brasil regresó a la democracia después de 21 años de dictadura militar (1964-1985), la misma que torturó a la actual presidenta brasileña –que no fue una de las 434 víctimas mortales y desaparecidas por el gobierno castrense, aunque un tribunal militar la condenó a tres años de cárcel–, Dilma Vana da Silva Rousseff (Belo Horizonte, 14 de diciembre de 1947), cuyo primer periodo empezó el 1 de enero de 2011 y reelecta en 2014 para un segundo mandato que terminaría en 2019. En 1985, José Sarney fue investido como primer jefe de Estado civil, en lugar del presidente electo Tancredo Neves que murió sin asumir el poder. Ahora, el domingo 15 de marzo, después de 12 años de gobierno de una coalición de izquierda encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT), y de un periodo de progreso que maravilló al mundo, pero que ahora se ha detenido abruptamente, más de millón y medio de personas salieron pacíficamente a la calle en 80 ciudades brasileñas a protestar, entre otras cuestiones, por la corrupción de la principal empresa del país, la petrolera Petrobras, y de otros organismos públicos, lo que pone en evidencia el creciente descontento de las clases medias y populares con el gobierno brasileño.
Estas protestas, y las sucedidas en 2013, han provocado que la ex guerrillera, ahora presidenta de su país, se vea como una mandataria aislada, impopular y presionada hasta por algunos de sus “aliados” y enfrente sus horas más bajas. Estas manifestaciones callejeras, las más grandes de la democracia del gigante sudamericano –el quinto país más extenso del mundo, con 200 millones de habitantes– evidencian, claramente, la polarización de la sociedad brasilera.
En Sao Paulo, la capital económica del país, un millón de personas se apiñaron a lo largo de la avenida Paulista, la principal arteria de la capital del estado del mismo nombre que cuenta con más de once millones de habitantes. En Brasilia, la capital nacional, 45,000 manifestantes; 80,000 en Curitiba; 100,000 en Porto Alegre; 30,000 en Belo Horizonte. La mayoría portaba pancartas en las que se podían leer: “¡Dilma fuera!”, ¡Abajo la corrupción!m o “Brasil no es una dictadura bolivariana”. En Rio de Janeiro, los manifestantes caminaban frente al mar de Copacabana entonando el himno brasileño y algunos reclamaban la “intervención militar”, coincidiendo con el día que se conmemoraba el 30 aniversario del retorno de la democracia después de la dictadura cuartelaria.
En estas manifestaciones de protesta resalta el hecho de que fueron convocadas por el “nuevo poder”, las redes sociales –como sucede ahora en todo el mundo–, y que se movilicen sin etiqueta oficial, ningún líder de la oposición tomó la bandera de las marchas aunque electrónicamente sí tomaron parte en ellas, sin importar colores. Sin duda, la explosión social del domingo 15 superó de lejos las que el viernes 13 convocaron los sindicatos y organizaciones afines al PT para defender a la presidenta Rousseff, a las que concurrieron 175,000 personas según los propios organizadores.
La convocatoria fue hecha por diferentes grupos organizados en el Facebook y por el Whatsapp. Los más representativos son Vem pra Rua (Ven a la calle), el Movimiento Brasil Libre (MBL), Revoltados Online (Enojados Online) y el Grupo Pro-Militar. Estos grupos tienen en común su insatisfacción con el gobierno de izquierda que primero presidió Lula y ahora Rousseff. Vem pra Rua es el más moderado y está en contra del Impeachment; MBL pide la salida de la ex guerrillera; el tercero se inclina por la intervención militar y el cuarto, el más pequeño de todos, pero el más escandaloso, sueña con la “vuelta de la dictadura”.
Respecto al Impeachment (figura equivalente a la que existe en Estados Unidos de América), varios jurisperitos consideran difícil la posibilidad de un Impeachment en estos momentos, por que no hay pruebas de corrupción directas contra Dilma Rousseff, como prevé la Constitución. Para que procediera es necesario que haya criterios legales que garanticen que no se trata de un golpe de Estado. Después de la base jurídica, el proceso de Impeachment debe ser aprobado por dos tercios de los diputados y luego, la misma proporción en el Senado.
Hasta el momento, la oposición –liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del ex candidato Aécio Neves, derrotado por Dilma en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del año pasado, y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso–, se ha mantenido al margen de la participación en las protestas para no verse relacionada con las voces que piden “la intervención militar”. Así, el PSDB declara abiertamente que está en contra del Impeachment aunque internamente celebra el desgaste de Rousseff y el PT.
La lista de problemas que enfrenta la presidenta Rousseff es muy larga. Su primer periodo no fue tan espectacular como la izquierda brasileña esperaba. De hecho, los analistas señalan que en su cuatrienio empezaron a reventar las fallas que arrastraba el gobierno de Lula. De tal suerte, la sucesora del carismático líder brasileño (interna y externamente) fue reelecta en octubre de 2014 con poco más del 51% y una diferencia muy pequeña sobre Neves, en los comicios más disputados desde 1990. Al asumir el nuevo mandato, el 1 de enero, se demoró más de un mes para aceptar la renuncia de su amiga Graça Foster (a la que defendió hasta el último momento), la presidenta de Petrobras, y para anunciar el paquete anticorrupción, que prometió desde las manifestaciones callejeras de junio de 2013. Ya reelecta, la antigua colaboradora de Lula ofreció a la oposición “un puente” que nunca construyó. Asimismo, no ha sido lo suficientemente hábil para articular acuerdos políticos, incluso con sus propios aliados, razones por las que ha sufrido derrotas en el Congreso, y por las que se encuentra aislada. Y, lo más pesado, pese a las promesas en contra durante la campaña, al iniciar el segundo mandato tuvo que anunciar una cura de austeridad a las finanzas públicas, ajustes económicos que motivaron el descontento popular, al tiempo que el país está al borde de la recesión, la inflación sube casi al 8%, el déficit púbico se profundiza, el real se devalúa y el precio del petróleo no remonta. Resultado: su popularidad está a nivel de la tierra, en febrero bajó 19 puntos, a solo 23%.
Aunque el ambiente antigubernamental se ha hecho evidente desde el anuncio de las medidas de austeridad, la ola de protestas del domingo 15 sorprendió a las altas autoridades de Brasilia. Una reunión de emergencia del gabinete, convocada por la presidenta, se realizó por la tarde del mismo día. Posteriormente, en una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció medidas para combatir la corrupción “en los próximos días”: “es necesario cerrar la principal puerta de entrada de la corrupción política en Brasil prohibiendo el financiamiento de las campañas electorales por la empresas, como se hace en otros países”. Al mismo tiempo, describió las protestas como “democráticas”, al tiempo que destacó que “el gobierno está atento y dispuesto a escuchar las voces de la calle…No hay democracia sin diálogo, sin tolerancia de las posiciones divergentes”.
Pero, el tiempo apremia. El lunes 16, en otro golpe contra Dilma Rousseff, el fiscal Deltan Dallagnol informó que el tesorero del Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari y otras 26 personas fueron acusadas formalmente por la fiscalía de corrupción ligada a la petrolera Petrobras. Vaccari solicitó dinero al exdirector de servicios de la estatal, Renato Duque –que ya fue arrestado por la policía en Rio de Janeiro–, y a ejecutivos de empresas de ingeniería acusados de canalizar dinero de Petrobras.
¿Y ahora qué? No hay bola de cristal que adelante la respuesta de Dilma Rousseff a los reclamos populares de un Brasil indignado y despierto. Ni la habilidad de Lula será suficiente. VALE.