Ejercicio del poder, un negocio lucrativo
Mireille Roccatti
La corrupción de los gobernantes, ese mal endémico de todas las sociedades, ha regresado con mayor virulencia a la agenda nacional y ocupa un lugar preeminente en la lista de agravios que colma la ira social que busca espacios de expresión y en ocasiones se desborda.
La corrupción en nuestro país suele atribuírsele en sus orígenes a la Colonia, pero es en realidad una semilla maligna incubada desde el principio de los tiempos. El ejercicio del poder en México se percibe como un negocio lucrativo y se olvida que la política es un ejercicio superior del espíritu y tiene como objetivo servir a la comunidad con honradez y transparencia.
Es cierto que alcanzar y retener el poder es un asunto democrático, pero quien lo alcanza se expone a sufrir sus perversos efectos, y sólo quienes aprenden a ejercerlo controladamente deben estar en una responsabilidad pública.
Para regular estos procesos sociales es indispensable que las normas jurídicas contengan los instintos de acumulación del poder y de enriquecimiento. Es por ello indispensable la prevalencia del Estado de derecho, en el cual la Constitución y las leyes regulen las conductas de quienes tienen el poder público. La inexistencia de controles efectivos prohíja el abuso y la corrupción.
En ese contexto es como deben analizarse los resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. Existen 50 mil 721 mdp que aún no se comprueba el destino que tuvieron y están sujetos a aclaraciones por parte de las entidades que ejercieron estos recursos. Una regular noticia es que hubo recuperaciones del orden de los 5 mil 804 millones de pesos y que se tienen expectativas de recuperar en total unos 12 mil 435 mdp más.
La revisión de la Auditoria Superior de la Federación al ejercicio del gasto de ese año detectó que las entidades federativas acumularon irregularidades por más de 67 mil mp en 2013. Lo que evidencia que si la supervisión del ejercicio del gasto y la rendición de cuentas en la esfera del gobierno federal son verdaderamente deficientes y es alarmante la opacidad, la situación es por mucho peor en los estados y en los municipios.
En tal razón, de los resultados de las auditorias se detectaron 22 mil 993.3 mdp en recursos no ejercidos, no devengados o no integrados a la Tesorería de la Federación. Así mismo, sin documentación comprobatoria de las erogaciones 18 mil 189.9 mdp. Y la lista de irregularidades continúa: se realizaron transferencias a cuentas bancarias no autorizadas por 10 mil 945.5; se gastaron recursos en obras, acciones y conceptos que no corresponden a los fines de los fondos y programas, 8 mil 031.9; pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas en servicios personales, 4 mil 330.9; recursos no entregados por las Secretarías de Finanzas a los entes ejecutores, 2 mil 667.3.
Las laxas disposiciones legales estatales en materia de responsabilidad ocasionan que en un 18.8% las responsabilidades administrativas que la ASF promueve se encuentren prescritas en el momento mismo de la auditoría y al cabo de un año ya prescribieron el 43.8%, lo cual incide en el elevado nivel de corrupción.
Otro ejemplo paradigmático es el gasto ejercido por el Legislativo, el que entre 2008 y 2013 relativo a la partida presupuestal 39903, denominada “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”, creció en promedio cada año 27.7%. La Cámara de Senadores ejerció en 2013 una partida sin debida comprobación del gasto, por mil 209; y la Cámara de Diputados, 4 mil 815, sin que los contribuyentes puedan saber en qué se gastó, esto es que ese dinero fiscal se ejerce con una discrecionalidad digna de mejor causa.
Otro grave problema nacional es la impunidad, y en el ejercicio del gasto público, la impunidad prevalece. Entre 1998 y 2012, la ASF presentó 458 denuncias penales, y únicamente siete se han consignado, habrá que ver, de éstas, cuántas resultaron en sentencias condenatorias.
Así, cómo queremos terminar con la desconfianza.