El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) no lo dijo así, en esos términos, que alguien quiere matar al INE, pero lo cierto es que el “discurso antielecciones” al que se refirió Lorenzo Córdova nació junto con Ayotzinapa, y forma parte de otras estrategias para tratar de quebrar el Estado mexicano.

Los partidos políticos que abandonaron la sesión del INE el 18 de febrero pasado —por considerar que la mayoría de los consejeros electorales favorecían al PRI y al Partido Verde— supieron aprovechar la ola antielectoral que existe en el país para, con o sin razón, imponer sus condiciones.

Esa crisis que pudo poner en riesgo no sólo los comicios de 2015 sino la democracia misma dejó ver la fragilidad estructural de un órgano que tiene apenas once meses de vida. La Cámara de Diputados aprobó la integración de su Consejo General, compuesto por 11 integrantes, el 3 de abril de 2014 con la aprobación de la mayoría calificada de 416 votos.

Es decir, los mismos partidos que hoy se quejan y descalifican el mecanismo de toma de decisiones en esa institución son los que avalaron no sólo a los actuales consejeros sino la reforma electoral que sustituyó al IFE por el INE.

Su debilidad o falla es de origen. Radica en que quien aprueba y elige a los consejeros son los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. Elección que se hace a partir de un burdo reparto de cuotas, trueques y negociaciones. Procedimiento que pervierte de raíz la imparcialidad y resta credibilidad a un ente que debe nacer sin obligación partidista.

Hasta hoy ningún órgano político se ha atrevido —o no le ha convenido— a proponer otro procedimiento para elegir a los consejeros electorales. ¿Como cuál? Quizás a través de una combinación de instituciones académicas, organizaciones ciudadanas e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información. Éstas dos últimas participan, por cierto, en la designación del comité técnico que evalúa los aspirantes, pero no tiene la última palabra. La decisión final la toman las fracciones parlamentarias.

Cuando el PAN, a través de su entonces presidente Gustavo Madero, presentó la creación del INE como la “píldora del día siguiente”, es decir, como el remedio para impedir cualquier intento de violación a la democracia, se le olvidó algo: que el INE, ahora encargado por ley de designar y remover a los consejeros electorales de los estados para integrar los llamados Órganos Públicos Locales, iba a trasladar su “falla de origen”, el reparto de cuotas, al resto del país.

La concentración de poder y de decisiones en el INE no sólo se tradujo en un serio daño al federalismo sino en la expansión y multiplicación de la dependencia partidista.

Es urgente que el Poder Legislativo deje de elegir a los consejeros electorales. Es urgente porque, mientras la “tómbola” sea la misma, seguirá latente un conato de presión y chantaje por parte de los partidos ahí representados.

Peor aún, existirán condiciones para desconocer —como hoy estuvo a punto de ocurrir— el máximo órgano electoral; de vetar toda decisión que ahí se tome, hasta dejar sin legitimidad al consejero presidente y al INE mismo.

Pero la formación del bloque opositor, justo cuando el país está a noventa días de celebrar elecciones, habla de que los mismos partidos forman parte de la desestabilización que vive México. La decisión de poner contra la pared al INE no sólo fue una estrategia de campaña sino una especie de complicidad con quienes hoy tratan de impedir que se celebren elecciones.

Hay muchos que quieren matar las instituciones, y a los partidos ya se les ve cara de enterradores.