Leyes anticorrupción
El hombre que pretende verlo todo con
claridad antes de decidir nunca decide.
Henry F. Amiel
José Fonseca
Está a consideración del Senado la minuta de las leyes anticorrupción aprobadas por la Cámara de Diputados, cuya aplicación tardará, pues el proceso legislativo no ha terminado.
Al incluir reformas constitucionales necesita la aprobación de una mayoría de las legislaturas estatales. Después habrá que negociar leyes reglamentarias.
De cualquier forma ese conjunto de leyes aprobadas contribuirán, sin duda, a dificultar los actos de corrupción. Y quienes los cometan, funcionarios o particulares, podrán ser sancionados.
Ese podría ser el primer paso para eliminar un cáncer que, pese al escándalo de las almas puras y sensibles, de alguna manera para muchos mexicanos constituye algo normal.
Ahora bien, para conseguir que las leyes anticorrupción consigan el propósito para el cual fueron aprobadas por el Congreso, será establecido un conjunto de reglas para los servidores públicos.
Dicho esto, viene a la memoria una conversación con el panista Francisco Barrio Terrazas cuando faltaban dos meses para la toma de posesión del presidente Vicente Fox.
Explicaba Barrio Terrazas su asombro ante el cúmulo de normas que tenía que cumplir un funcionario para poner en marcha cualquier programa, cualquier obra. “¡Son tantas que muchos no firman hasta que firma el otro! Eso tiene como resultado que obras o programas que deberían ponerse en marcha en dos o tres meses con frecuencia tardan hasta más de uno año, y en ocasiones más”, lamentó.
Es posible que las nuevas leyes anticorrupción, al crear nuevas y más rigurosas normas, consigan reducir las ocasiones para que los servidores públicos desvíen fondos o caigan en actos de corrupción; pero su efecto colateral bien puede ser que se replique el panorama descrito hace quince años por Barrio Terrazas.
Eso, al final entorpecerá el proceso de decisiones y no será precisamente el mejor detonador del ejercicio del gasto público, menos cuando se dificulte por las reglas de austeridad financiera impuestas a todo el gobierno.
En ese contexto se corre el riesgo de que ningún servidor público quiera arriesgarse a que cualquier decisión suya sea objetada, sea por las ONG que se han multiplicado como hongos después de la lluvia en el bosque, sea por cualquier censura de las instituciones creadas por las leyes anticorrupción. Mal asunto.
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